El Gobierno prorroga las rebajas fiscales en gasolina y diésel y limita la tarifa del gas para evitar que se dispare en invierno

El Gobierno prorrogará este martes las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo hasta finales de diciembre, a través de un recorte en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que supondrá un alivio de 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre, pero con una cláusula de salvaguarda que permitirá elevar su cuantía en caso de que los precios del petróleo sigan disparados.

El borrador del Real Decreto-Ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, al que ha tenido acceso elDiario.es y que el Consejo de Ministros aprobará este martes, también apuesta por limitar la tarifa del gas y del butano coincidiendo con la llegada del invierno, a la vista de que los precios del gas de referencia en Europa se han disparado en las últimas semanas y ya más que duplican el coste previo a la guerra en Irán.

La norma vuelve a intervenir la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, a la que están acogidos más de 3 millones de consumidores. Para evitar “un aumento de la TUR superior al 45 por ciento respecto de la tarifa vigente desde el 1 de julio”, se introduce un mecanismo similar al que estuvo vigente entre finales de 2021 y junio de 2024 para limitar las subidas de la tarifa regulada del gas, limitando la componente relacionada con el coste de la materia prima a un 35% para el último trimestre de este año y a un 15% para los siguientes.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha confirmado en declaraciones a los medios, a su llegada al Consejo Europeo de Energía de Dublín, ese tope a la TUR, que supondrá que “en vez de subir ese 49% se quede en un 15%”. Aagesen ha confirmado también que se vuelve a limitar temporalmente el precio del butano como ocurrió tras la invasión de Ucrania: hasta el 30 de junio de 2027, no podrá superar el precio máximo establecido en la resolución de mayo de 2022. Para la bombona de 12,5 kg, el límite será de 19,55 € por envase en Península.

También se establece un mecanismo para recuperar temporalmente el IVA del 10% sobre electricidad y determinados combustibles, y vuelve a rebajarse el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5% si el IPC energético supera el umbral del 15%.

El decreto introduce nuevas obligaciones relativas al control de la tensión eléctrica, clave en el apagón de 2025. Se modifica el real decreto 413/2014 para que las instalaciones renovables tengan una participación más activa en el control de tensión, de forma que se incorpore como una capacidad operativa más exigible a energías limpias, en lugar de descansar principalmente en generación convencional.

Ante “la imperiosa necesidad de reforzar los mecanismos de control y disuasión en un contexto de extraordinaria volatilidad de los mercados energéticos”, se endurece el régimen sancionador de la Ley de Hidrocarburos al duplicarse la cuantía máxima de las multas, hasta 60 millones para las infracciones “muy graves”, 30 millones para las “graves” y 1,2 millones para las “leves”. Además, el borrador introduce un nuevo régimen sancionador para los combustibles sostenibles de aviación.

Asimismo, se establece una obligación extraordinaria de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. Y se da más capacidad a la Corporación de Reservas Estratégicas (CORES) para decidir dónde se liberan las reservas estratégicas de petróleo en una situación de escasez.

Además, se endurece y concreta el régimen de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) y se abre “excepcionalmente” el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) a inversiones de los propios ministerios para ahorro y eficiencia energética.

El borrador también encarga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la elaboración de dos estudios sobre la evolución de los precios de la energía y los alimentos, prestando especial atención a la formación de precios, la competencia y la traslación de las ayudas a los consumidores, en el caso de luz o carburantes, y analizando la cadena de valor alimentaria, especialmente la repercusión de los costes de energía y fertilizantes sobre los precios finales.