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Gobierno, sindicatos y eléctricas firman el acuerdo para la transición justa de las centrales de carbón

Central eléctrica de carbón.

Antonio M. Vélez

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El Gobierno ha firmado este miércoles con representantes sindicales y ejecutivos de las principales eléctricas en España el Acuerdo para la Transición Justa. El acuerdo “ampara desde hoy a todas las centrales de carbón de España” y “recoge el compromiso de las partes para acompañar la transición laboral y la reactivación económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas”, destaca el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El acuerdo se ha rubricado con la adhesión a este acuerdo del grupo portugués EDP, el único que hasta ahora no lo había hecho, en un acto simbólico en la sede el ministerio al que han acudido la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el secretario general de CCOO Industria, Agustín Martín; el secretario General de UGT FICA, Pedro L. Hojas; el consejero delegado de la empresa lusa en España, Rui Teixeira; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, y el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés.

Con la suma de EDP al acuerdo inicialmente firmado en abril de 2020, en pleno confinamiento, quedan incorporas ya todas las centrales de carbón en España, “lo que le convierte en un pacto único en el mundo por el grado de consenso alcanzado”, destaca Transición Ecológica. La alianza recoge el compromiso de las partes para garantizar el empleo y la reactivación económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas localizadas en Aragón, Andalucía, Principado de Asturias, Castilla y León y Galicia. Sus focos de actuación prioritaria son el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial.

La vicepresidenta Ribera ha agradecido la “complicidad” de las empresas y ha señalado que el acuerdo es “una propuesta sólida y coherente en el que todos tenemos un papel que desempeñar, sin dejar a nadie atrás”, que “demuestra el compromiso del Gobierno no solo con la descarbonización, sino con la protección de los más vulnerables y con el diálogo social”. También ha instado a permanecer “vigilantes en el sentido atractivo, positivo, constructivo de la palabra”, para hacer realidad los acuerdos.

Por su parte, la ministra de Trabajo ha destacado la “envergadura” del reto que hay por delante y ha señalado que “en épocas precedentes” la transición ecológica “no ha contado con suficiente acompañamiento”. “En un tiempo de gran dificultad para gran parte de nuestra ciudadanía” por la pandemia, “este acuerdo recoge compromisos claros para apoyar a las personas trabajadoras y a los territorios” que “no comprometen a todas y a todos”.

Planes de recolocación

Con este acuerdo, la Administración central se compromete a elaborar un plan específico de apoyo a la formación profesional e inserción laboral de las personas afectadas por los cierres (tanto de las centrales térmicas como de sus empresas auxiliares). El proyecto será financiado por el Plan de Recuperación y se orquestará a través de un convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto de Transición Justa (ITJ), cuyo estatuto aprobó el martes el Consejo de Ministros.

En las zonas afectadas por cierres, los Convenios de Transición Justa se centrarán en “captar las oportunidades que surjan en el ámbito de la transición ecológica teniendo en cuenta las características de cada territorio y favoreciendo la implantación de iniciativas empresariales vinculadas a la producción”, recuerda el ministerio.

Por su parte, las eléctricas se comprometen a elaborar un plan de acompañamiento para los trabajadores y los territorios que incluya una propuesta de nuevas inversiones en las zonas relacionada con la generación de energías renovables y con otras oportunidades de negocio surgidas en el ámbito de su actividad; el acuerdo también contempla el diseño de planes de recolocación para el personal propio y la prioridad de la contratación de la plantilla de empresas auxiliares en las labores relacionadas con el desmantelamiento de las instalaciones, la restauración ambiental y las futuras actividades productivas. Además, las empresas colaborarán a través de acciones específicas en la formación profesional de las personas trabajadoras para mejorar su empleabilidad en las nuevas actividades.

Por su parte, los sindicatos se comprometen a facilitar el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos alcanzados en materia de formación, prevención de riesgos laborales, reindustrialización y divulgación, así como de aquellos pactos que se puedan ir sumando en la consecución de los objetivos de este acuerdo.

José Bogas, de Endesa, ha recordado que para “compensar” el cierre de unos 5.000 MW de carbón la empresa ha ofrecido una inversión de unos 4.500 millones para la puesta en marcha de 5.700 MW de energías renovables, más otros 2.000 millones ligados al hidrógeno o la economía circular. Ángeles Santamaría, de Iberdrola, ha recordado que el nuevo Plan Estratégico de la eléctrica contempla 14.300 millones de inversiones en España hasta 2025. Y Reynés, de Naturgy, ya subrayado que la transición energética supone “un nuevo modelo de gestión de la energía enfocado en dejar un legado a las siguientes generaciones que sea mucho menos pernicioso”.

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