El Govern prevé invertir 120 millones para “pacificar” la N-II en el Maresme

Barcelona, 28 ago (EFE).- El Govern prevé invertir 120 millones en cuatro años para “pacificar” la N-II en el Maresme, una carretera que se reinventará en los próximos meses dado que parte de los vehículos que circulan por ella lo harán por la C-32 Norte una vez que, el 1 de septiembre, deje de haber peajes en esta vía.

Así lo ha explicado el secretario general del departamento de Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio, Ricard Font, en declaraciones a los periodistas, a pocos días de que, el 31 de agosto, finalicen las concesiones de dos vías titularidad de la Generalitat (la citada C-32 Norte pero también la C-33), además de la AP-2 y la AP-7, cuyas competencias gestiona el Estado.

Font ha indicado que la Generalitat llevará a cabo “dos grandes actuaciones” en el Maresme: la primera, construir seis nuevos enlaces y completar dos que ya están en marcha entre la N-II y la C-32 Norte para facilitar que los vehículos circulen por esta segunda vía; la segunda, “pacificar” la N-II de forma que sea “más urbana” y de mayor disfrute para los vecinos de los pueblos de los alrededores.

Según datos de la consellería, actualmente la C-32 canaliza dos terceras partes del tráfico, excepto en el Alt Maresme, donde circulan más vehículos por la N-II.

En concreto, entre Masnou y Premià circulan diariamente por la C-32 93.900 vehículos (el 76 %) y otros 29.000 lo hacen por la N-II (24 %); a la altura de Mataró, 78.000 por la C-32 (84 %) y 15.100 por la N-II (16 %); entre Caldes y Arenys, 45.500 por la C-32 (66 %) y 24.000 por la N-II (34 %); y a la altura de Santa Susanna, 20.500 por la C-32 (39 %) y 32.100 por la N-II (61 %).

Las previsiones del Govern son que, una vez se levanten las barreras de los peajes en la C-32, se desvíe desde la N-II un 11 % del tráfico en esta vía entre Masnou y Premià; un 2 % en Mataró; un 21 % entre Caldes y Arenys; y un 31 % en Santa Susanna.

Ricard Font ha avisado de que los ciudadanos “notarán una movilidad diferente” a partir del 1 de septiembre y ha garantizado que las actuaciones que se efectuarán contarán con el consenso de las administraciones locales.