“Los programas públicos deberían ayudar al alquiler, no ponerle trabas”

Somos una pareja que hasta ahora vivía en un piso de 650 euros en la zona de Moncloa. Pequeñito, nuestra primera casa. Llevábamos ya tres años, por lo que decidimos mudarnos a un piso más grande y mejor situado por tema de trabajo.

Actualmente, yo tengo contrato indefinido con un sueldo que ronda los 1.600 euros y mi pareja es maestra interina de la Comunidad de Madrid desde hace un año y gana en torno a 1.700. Dos sueldos con los que, a la edad de 29 años, pensábamos que no tendríamos tantas dificultades en encontrar un piso como habíamos tenido tiempo atrás. Sumar, igualmente, que tenemos un perrito pequeño el cual también supone un “problema” a la hora de encontrar piso por la negativa de caseros a permitir tenerlo en casa.

En la búsqueda de piso, vimos uno que, de primeras, nos encantó y que se sitúa en la zona de Atocha por el precio de 950 euros con dos habitaciones. Este precio es barato en comparación con pisos con características similares que hay por la misma zona y que, dentro de lo que cabe, no entra en esta burbuja del alquiler extrema que estamos viviendo.

Cuando llamamos nos comentó, la que ahora ya es nuestra actual casera, que lo gestionaba a través del Plan Alquila. Ambos contamos con certificado digital, por lo que la subida de documentos que se piden (contrato y tres nóminas y un impreso relleno) lo conseguimos hacer el mismo día. A los 10 días de esta gestión online, recibimos una llamada de un número oculto en la que se nos notifica que no somos viables. La razón que esgrimen es que mi pareja es interina y que si no se trata de un contrato indefinido no podemos garantizar el pago del alquiler.

La llamada pretendía ser informativa. Ante nuestras preguntas, deciden decirnos que la única vía para poder alquilarlo es presentar los documentos de un avalista que cobre 2.700 euros. Sin más información que esa, nos cuelgan. Conseguimos avalistas que reúnan esa cantidad gracias a nuestras familias aunque lo veamos un sinsentido porque tenemos capacidad para pagar el alquiler, pero como estamos muy interesados en el piso lo hacemos.

Subimos los documentos y nos vuelven a llamar a los cuatro días para decirnos que necesitamos un documento firmado por el avalista original. Llevábamos ya 15 días desde que comenzó la gestión. Ese día 15 llevamos el papel impreso firmado y nos comunican que tardan otros 15 días en estudiar la viabilidad del avalista y que el pago de la fianza debe hacerlo él mismo. Ante tal situación y con la espera prevista de más de un mes, le ofrezco a la casera hacerlo a través de un seguro de alquiler privado.

En un día aceptan nuestra viabilidad económica, sin avalista. A los pocos días ya estamos viviendo en esta nueva casa. Los programas de alquiler públicos deberían ayudar al alquiler, no ponerle trabas. No nos importaba hacerlo a través de este programa pero el servicio es nefasto, con una burocracia ingente y sin soluciones sencillas para el inquilino y decidimos, en acuerdo con el propietario, hacerlo por otro vía ante tal cantidad de problemas.

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