Qué han hecho Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel tras las denuncias de abusos en fábricas de Asia

Los gigantes españoles de la distribución Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel tuvieron el dudoso honor de formar parte del grupo de empresas acusadas de emplear a niñas y adolescentes en sus plantas textiles de India y Bangladesh en condiciones cercanas a la esclavitud. Así lo reflejó hace más de un año el informe 'Flawed fabrics', con datos y análisis de varias compañías que vendían sus productos a los grandes dominadores de la moda mundial.

El Confidencial se hizo eco por primera vez de este informe, construido por la organización sin ánimo de lucro Centre for Research on Multinational Corporations (Somo) y que en sus páginas analiza algunos estándares de las grandes compañías. Esas tres grandes marcas aparecen junto a la filial española de Carrefour y otras grandes firmas como la sueca H&M, la holandesa C&A o la estadounidense Walmart. Todas ellas tienen proveedores en la India y, según las investigaciones del Somo, cuentan en sus plantillas con menores de edad y personal en condiciones cercanas a la esclavitud.

El estudio pone el ojo en los fenómenos de explotación que hay a su alrededor, especialmente la infantil, pero también denuncia abusos en horarios y sueldos o inseguridad derivada de la ausencia de contratos laborales. 

Una de las acusaciones más potentes del informe tiene que ver con el trabajo infantil. El caso de India es significativo, ya que según la OIT de los 168 millones de niños de entre 5 y 17 años que trabajan en el mundo, más de 5 millones y medio lo hacen en el país asiático. Entre las prácticas que permiten eso están el 'sumangali', método por el que se contrata a niñas para trabajar por periodos de entre tres y cinco años a cambio de un pequeño sueldo y el pago de la dote para costear su boda. Es en Tamil Nadu, lugar que concentra las fábricas textiles con peores condiciones, donde la OIT advierte que el 60% de los trabajadores no supera los 15 años. 

Aparte de contar con plantillas integradas por muchos menores, las condiciones laborales se basan en la inseguridad y rozan la esclavitud. Los salarios son nimios, ya que tras analizar la situación de varias fábricas, los sueldos oscilaban entre los 20 y los 66 euros de media mensual. Somo denunciaba además que de los 151 trabajadores a los que entrevistaron, solo 20 había firmado un contrato laboral. Con acuerdos firmados o no, las condiciones generales son las mismas. Por cada 8 horas de trabajo corresponden 10 minutos de descanso y los parones para comer no son obligación sino una opción que facilita -o no- la empresa. 

Las empresas españolas, un año después

Más de un año después de la publicación del informe, preguntamos a las compañías españolas señaladas por su situación actual en la zona si continúan teniendo relaciones laborales con esos proveedores, los controles que realizan y cómo intentan actuar para evitar estas prácticas en el futuro. 

El Corte Inglés, compañía presidida por Dimas Gimeno, fue señalado en ese informe y también fue una de las multinacionales que contrataban con empresas que operaban en la macrofactoría de Rana Plaza (Bangladesh) cuyo derrumbe el 23 de abril de 2013 causó 1.132 muertes. Dos años después de la tragedia, la cadena española todavía no ha hecho pública la indemnización a los afectados, con el argumento de que no hacer públicas las donaciones fue un criterio acordado entre todas las empresas para no competir por ver quién aporta más. 

Al margen de las indemnizaciones, El Corte Inglés afirma que trabaja activamente “en la cadena de suministro para fomentar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y laborales en las empresas proveedoras. Para ello contamos con un código de conducta basado en las convenciones fundamentales de la OIT y que es de obligado cumplimiento por parte de nuestros proveedores”.

La compañía dice luchar contra la práctica del 'sumangali' a través de un proyecto desarrollado por ETI (Ethical Trading Iniciative), una alianza de empresas, sindicatos y ONG que promueve el respeto a los derechos de los trabajadores, respaldado por BSCI (Business Social Compliance Initiative), impulsada por las empresas con el compromiso de mejorar las condiciones laborales en la cadena de suministro global. Esa iniciativa, según el grupo, “cuenta con la participación de sindicatos, ONG, empresas e instituciones internacionales y locales”.

Con todo, Eva Kreisler, coordinadora de la campaña Ropa Limpia, una red internacional de ONGs, sindicatos y organizaciones de consumidores, cree que “está demostrado que antes de lo ocurrido en Rana Plaza se hicieron auditorías y aun así pasó lo que pasó. Los sistemas que están ahora en marcha para controlar no funcionan. Lo que se debe hacer es dar voz a los trabajadores sin que sean reprimidos”.

Kreisler critica que las auditorías que se realizan “son privadas, por lo que cuando hay alguna anomalía la información se la queda la empresa y no la conocen ni los trabajadores”. Por ello, propone que se acompañe de “auditorías públicas e inspecciones independientes, con sindicatos locales y trabajadores implicados sin temor a represalias”. La coordinadora de Ropa Limpia concluye con que “es difícil hacer un seguimiento de sus acciones porque es una industria opaca”.

Bershka, filial de Inditex, es otra de las marcas que aparece relacionada con las fábricas señaladas por su relación con Cotton Club Ltd, dirigida por el Grupo Mondol. La compañía controlada por Amancio Ortega niega cualquier tipo de vínculo y asegura que “la referencia a Bershka puede inducir a error, ya que cita la relación comercial que esta cadena del grupo tuvo con otra sociedad del Grupo Mondol, la cual era totalmente ajena a la actividad de Cotton Club Ltd”. 

Actualmente, y según la web de Inditex, el primer grupo textil del mundo sigue operando con fuerza en India. El número de trabajadores de plantillas que dependen de Inditex (incluyendo a subcontratas) asciende a 6.473 en España, frente a los 79.102 de India. Es precisamente el sistema de subcontratas el que permite a las grandes marcas eludir su responsabilidad cuando se cometen abusos, al contratar a empresas que a su vez hacen lo propio con otras pero con un menor control, dando espacio a las malas condiciones laborales. De este modo evitan cualquier implicación directa con las empresas que se saltan la legislación internacional y la cadena de responsabilidad se diluye.

El papel de los sindicatos occidentales

Isidor Boix, coordinador de IndustriALL Global Union para la aplicación del Acuerdo Marco Global con Inditex, asegura trabajar en esa zona y acredita que “ahora mismo no hay empresas españolas que compren directamente a proveedores con malas condiciones laborales. No hay ninguna prueba de que esto ocurra”. Boix considera que, tras la tragedia de Rana Plaza, donde hubo varias empresas españolas implicadas, estas han tenido una actitud correcta, y que la lentitud en el pago de las indemnizaciones “no es solo culpa de las compañías, sino que las leyes del propio país complican todo”.

Cortefiel, que en el informe de Somo es relacionada también con el proveedor Cotton Club Ltd, niega sin embargo cualquier tipo de contacto con este fábrica. “Realizamos auditorías y tenemos un sistema de supervisión con los más altos estándares a nivel global, haciendo evaluación directa de nuestros proveedores”, señalan.

El grupo, en manos de fondos de capital riesgo desde 2005, tiene gran presencia en Asia y numerosos proveedores en India. Según datos de la propia empresa publicados en su última Memoria de Sostenibilidad, el 40% de los pagos a proveedores son en Asia, por un 43% en el territorio nacional. 

Carrefour España era otra de las empresas mencionadas en el informe de Somo. eldiario.es se puso en contacto con la empresa el 8 de febrero para conocer si ha habido avances en esta materia. “Carrefour cumple con la legislación vigente”, fue la respuesta de una portavoz, nueve días después. El grupo anunció en julio de 2014 que abandonaba India tras la llegada al poder de Narendra Modi, con planteamientos opuestos al comercio minorista multimarca de inversores extranjeros.

La situación de las empresas textiles españolas no es el único punto aún pendiente de mejora. En un reciente artículo en the Guardian (traducido al español por este medio) se asegura que las condiciones de seguridad en las fábricas de Bangladesh siguen sin aplicarse. Según el rotativo británico, la mayoría de las empresas europeas firmaron el Acuerdo sobre fuego y seguridad de edificios de Bangladesh, que afecta a más de 1.600 fábricas utilizadas por marcas como H&M, Marks & Spencer y Primark.

Los inspectores del acuerdo establecieron planes de reforma estructural, eléctrica y en relación a incendios para la mayoría de las fábricas. Sin embargo, dos años y medio después, todos menos un 10% de ellos no están aún aplicados o van con retraso, y solo dos estaban concluidos en diciembre, la fecha del último informe actualizado.