¿Inflación o extracción de rentas?

La publicación del IPC adelantado de agosto, un 3,3% anual, ha disparado las alarmas en aquellos que siguen viendo a la inflación como una amenaza real en este mundo deflacionista. Como sabrán los que hayan estudiado este fenómeno, la inflación es un aumento sostenido y continuado de precios en el tiempo, motivado, según los puristas, por un incremento de la cantidad de dinero en circulación. Sin embargo, algo debería estar fallando porque después de ingentes inyecciones de liquidez por parte de los distintos bancos centrales, la inflación se mantenía en registros negativos, soliviantando a los teocráticos y filósofos del neoclasicismo económico.

La cuestión capital era que toda esa liquidez no salía del canal de la banca comercial y no fluía hacia los agentes económicos finales, ya que la demanda efectiva se mantenía en coma desde la implantación de las recetas ortodoxas en 2008, tras el estallido de la burbuja de deuda privada y sector inmobiliario. Este desacople entre crecimiento de la liquidez e inflación parece que da la razón a los que argumentan que la velocidad de circulación del dinero, clave para entender la inflación, es una variable endógena, es decir, responde a la presión de la demanda efectiva. Con ello, parece desarmarse buena parte de la literatura económica que sigue confiando y rezando para que no se rompa la correlación entre liquidez e inflación, y por ende el papel de los tipos de interés como variable de ajuste entre liquidez, inflación e inversión.

Por tanto, desde 2008 y con el agravante de la pandemia, se han desmontado algunas correlaciones y causalidades, aunque sus efectos sobre el ideario común no han desaparecido, ya que, a la mínima, como ha ocurrido en agosto, vuelven los fantasmas de subidas de tipos de interés para controlar una variable, la inflación, que sigue en tasas mínimas, si descontamos el fenómeno de extracción de rentas de las eléctricas e inmobiliarias sobre los consumidores, especialmente, los más vulnerables. Así, la inflación subyacente se mantiene en el 0,7% anual, lo que da idea de la magnitud de la atonía de la actividad, a pesar del impulso compensado que se está produciendo en el PIB tras la apertura económica postpandemia. 

En este sentido conviene aclarar qué está ocurriendo en España, pero también a nivel internacional, con algunos productos y servicios que están generando repuntes transitorios en los índices de precios nacionales e internacionales.  En concreto, y a falta del dato definitivo de agosto que se conocerá el 17 de septiembre, se sabe que en España el repunte del 3,3% en el IPC general tiene su origen básicamente en la subida de la luz, el oligopolio sin empatía, los carburantes, que también afectan a la luz, y los servicios turísticos, cuyos responsables han decidido dar un hachazo notable a sus clientes, en pago por los cierres y ERTES que hemos pagado entre todos. Si a esto añadimos la inflación permanente en el alquiler de vivienda, tenemos ya juntos a todos los rentistas que están aprovechando la actitud meliflua del Gobierno para aprovechar de su posición dominante, generando una espiral de beneficios histórica, mientras en el ámbito gubernamental se aboga por la empatía y el laissez faire, tan propio de los gobernantes sumisos para con este tipo de oligopolios.

En suma, lo que estamos sufriendo es una apropiación de rentas, más nítida en términos relativos entre los bolsillos de las rentas más vulnerables, por parte de sectores protegidos y que operan en régimen de competencia imperfecta, cuando no en oligopolios, con un poder de negociación muy superior al de los otros jugadores y que son protegidos por Gobiernos y la propia UE. Los discursos sobre la imposibilidad de intervención en los mercados inmobiliarios o eléctricos son tan falsos, como interesados. Hay mercados intervenidos de facto, como el nuclear francés, o el inmobiliario en algunas partes de Alemania o Francia, gracias a la voluntad de sus gestores. Ello favorece una menor inflación de activos inmobiliarios en Alemania o en el mercado de la luz en Francia. 

La cuestión que surge ahora es si estos repuntes son fenómenos transitorios o permanentes, ya que ello podría derivar en que los índices generales se instalaran en registros peligrosos para los que sigan creyendo en la inflación como un fenómeno monetario, y que podrían presionar a las autoridades monetarias a modificar la política de tipos de interés. Cuesta creer que el BCE, tras su modificación en sus objetivos de inflación que tratan de converger hacia los postulados de la FED, se dejen obnubilar por cantos de sirena en relación al recalentamiento de una economía como la europea, donde las tasas de paro todavía son anormalmente altas. No hay que olvidar que, por ejemplo, España tiene una tasa de paro del 15%, lo que indica que hay margen para expansión fiscal, sin tocar los tipos. 

Por tanto, estos episodios transitorios sólo se pueden explicar como fenómenos extractivos de renta que tratan de apropiarse de gran parte de las rentas de trabajadores y pensionistas que están sufriendo un serio recorte de poder adquisitivo, empobreciendo aún más a un sector muy vulnerable que carece de protección efectiva, dado el fracaso del mal llamado bono social y la lentitud de la tramitación del ingreso mínimo vital. 

Lo más relevante es que estos picos transitorios puedan ser compensados con incremento de rentas en una cuantía suficiente para aliviar las cargas de los oligopolios y los rentistas, verdaderos artífices del sufrimiento consentido por parte de los ejecutivos español y comunitario.

En resumen, no hay ninguna razón para modificar la política monetaria comunitaria en razón a los impulsos de los precios de la luz y los carburantes, cuyos componentes tienen más que ver con mecanismos perversos de formación de precios en el caso de la luz, la colusión en precios de los carburantes y la avaricia de los tenedores de viviendas en alquiler.

En consecuencia, vienen tiempos de incremento de gasto público en pensiones y cierto alivio ficticio en las ratios de deuda pública, y también reivindicaciones salariales por parte de trabajadores, especialmente los que viven del magro salario mínimo interprofesional. Solo cabe esperar que los agentes sociales sepan valorar esta coyuntura y actuar de forma responsable elevando el SMI en cuantía suficiente para que, poco a poco, podamos equipararnos a nuestros homólogos europeos más solventes. Por supuesto hay que evitar ser abducidos por los enemigos de las subidas salariales, entre ellos al Banco de España, que siguen naufragando intelectualmente tratando de convencernos de lo negativo de la subida del SMI.

Por último, queda pendiente una reforma crucial. La labor del Mercado de la Competencia en su faceta sancionador debe dejar de ser obstaculizada y puenteada por las autoridades del Supremo que, sistemáticamente, anulan las elevadas multas impuestas a las prácticas de cárteles, oligopolios y extracción de rentas abusivas. Sin ello, las risas de las grandes constructoras, eléctricas e inmobiliarias seguirán sonando en los Consejos de Administración y en los despachos de los ministros y ministras del gobierno más progresista de la historia.