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Un informe encargado por la banca limita la exclusión financiera a 650.000 personas

Imagen de archivo de un hombre de avanzada edad sacando dinero de un cajero automático de una entidad bancaria en Oviedo. EFE/Eloy Alonso

Diego Larrouy

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Las tres patronales bancarias AEB, Ceca y Unacc, han presentado este martes un informe que han encargado al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) para cuantificar la exclusión financiera en la España vaciada. Las conclusiones de este documento limitan a poco más de 650.000 personas las que viven sin acceso en su municipio a un punto de acceso a servicios financieros. “La accesibilidad de los servicios bancarias en España es buena”, ha concluido Joaquín Maudos, director del informe del IVIE.

Para llegar a esa cifra, la investigación encargada por la banca ha ido más allá de los datos de oficinas bancarias. El documento señala que en España hay 4.422 municipios sin una sucursal bancaria, donde viven 1,6 millones de personas. Sin embargo, para cuantificar el acceso a servicios financieros han sumado las oficinas móviles que tienen algunas entidades, las oficinas de Correos que reciben algunos servicios bancarios en alianzas con entidades o los cajeros que están separados de oficinas. Con todo ello, señalan, son 657.757 personas las que no tienen acceso a servicios bancarios en 3.330 municipios.

Estos servicios, con los que la banca ha intentado mantener presencia en los territorios más despoblados cuenta, en realidad, con servicios mucho más limitados. La operativa en Correos, por ejemplo, está limitada a retiradas e ingresos de dinero, pero no accede a otro tipo de operativas financieras. Maudos reconoce la limitación de este estudio ya que “no se puede cuantificar cuántas horas o días tienen acceso a estos servicios”. Sin embargo, defiende que sirve para tener una idea del acceso al efectivo. “Es imposible llegar a todo el mundo, serían medidas ineficaces e ineficientes”, ha subrayado.

Con todos estos datos, defiende el IVIE que las medidas que han ido implementando los bancos se ha reducido en casi 900.000 las personas que se situarían en un contexto de exclusión financiera. “Se han rescatado de una potencial situación de exclusión financiera”, ha defendido Maudos durante la presentación.

Las patronales han eludido hacer valoraciones sobre los datos que muestra este estudio. Se trata de un informe de análisis de situación sobre el cual debe plantear las medidas que considera adecuadas para reducir la brecha que existe de acceso a los servicios financieros en España. Estas medidas son las que debe trasladar en las próximas semanas al Gobierno. “Estamos hablando con el Gobierno, trabajando en un plan que no está cerrado, no está finalizado y no podemos dar detalles”, ha asegurado María Abascal, directora general de la AEB, patronal que engloba a Santander, BBVA y Sabadell, entre otras entidades.

Este mismo martes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en el que ha realizado una serie de recomendaciones para mejorar la atención a los ciudadanos en zonas rurales, especialmente de acceso a la retirada de efectivo. Entre otras medidas, ha planteado que se debe adoptar un marco que impulse la retirada de efectivo en el comercio. “Facilitaría que se extendieran los puntos de acceso al efectivo y la inclusión financiera de quienes no disponen de un cajero automático cercano”, ha explicado la CNMC.

En el caso del sistema 'cashback', cuando el cliente compra un producto en un comercio y lo paga con su tarjeta bancaria o a través de una aplicación puede solicitar al vendedor que le cobre el precio de compra más una cantidad. Esa cantidad adicional se le devolverá en efectivo. En el caso del 'cash-in-shop', no es necesario vincular la retira de efectivo a una compra.

Además, la CNMC ha recordado que el apoyo público a sistemas de acceso a efectivo en zonas rurales puede hacerse a través de licitaciones públicas y la concesión de ayudas, que no deben distorsionar la competencia. En este sentido, la CNMC ha explicado que las medidas públicas para fomentar la instalación de cajeros automáticos y otros sistemas alternativos de acceso al efectivo deben regirse por los principios de regulación económica eficiente y promover la competencia para alcanzar los mejores resultados.

La CNMC ha incluído en su estudio una serie de conclusiones en relación a los problemas a los que se enfrentan las personas más vulnerables en términos de exclusión financiera. Entre otros, la Comisión ha destacado la reducción de cajeros, que ha caída un 23% en los últimos 15 años, o la baja implantación de sistemas alternativos, más desarrollados en otros países europeos. Además, respecto al acceso que tienen las personas que viven en entornos rurales a la retirada de efectivo, desde la CNMC han mencionado que un 55% de los municipios carece de cajeros automáticos.

Finalmente, apunta a la digitalización como uno de los motivos por los que cada vez menos personas optan por utilizar el efectivo, reduciéndose el porcentaje de personas que usan este medio del 80% en 2014 al 36% en 2021.

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