Jornada de 13 horas, sin contrato, y por 15 euros al día: la explotación laboral en una empresa agrícola

Detención de un empresario murciano por explotación laboral.

Un nuevo caso de explotación laboral en el campo español ha llevado a un empresario, propietario de una empresa hortofrutícola en Murcia, a ser detenido y a enfrentarse a seis actas de la Inspección de Trabajo con sanciones que alcanzan los 600.000 euros, según informan fuentes conocedoras del proceso, por las condiciones extremas en las que tenía a sus trabajadores para la recogida de hortalizas. Entre estas infracciones se encuentran las excesivas jornadas, los bajos salarios, la falta de contratos o contar con empleados en situación irregular.

El empresario de 53 años y de origen egipcio fue detenido en una operación del Cuerpo Nacional de Policía hace un mes tras seguir "la pista de la actividad criminal de esta persona, concretando las largas jornadas abusivas a las que eran sometidos sus trabajadores por un salario ínfimo y en unas condiciones laborales de insalubridad", como anunció en un comunicado tras la detención. La Policía detuvo al empleador mientras transportaba en una furgoneta de su propiedad, desprovista de asientos, a siete de los empleados, en condiciones que incumplían las normas de circulación.

El dueño de la empresa fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento a la inmigración irregular y tráfico ilegal de mano de obra. Además, por orden judicial, se clausuraron las dos naves industriales donde operaba en El Síscar, una pedanía cercana a la capital de la Región.

La Policía estaba tras el caso desde un mes antes de la detención, cuando recibió la denuncia de una de las víctimas. Esta denuncia motivó que el 15 de diciembre se presentaran la Inspección de Trabajo, funcionarios de la Seguridad Social y agentes del Cuerpo Nacional de Policía en la nave industrial donde se realizaban las labores de corte de las hortalizas que, posteriormente, se enviaban a empresas de envasado de congelados. De aquella vez, ya se constató que en la empresa trabajaban varios empleados en situación irregular en España. Un mes después se da el alto a una furgoneta del empresario que transportaba a varios trabajadores. En las pesquisas se constató que llegaron a ir en ocasiones hasta trece personas sin las medidas de seguridad debidas.

A la causa se ha incorporado tras la detención el informe que ha hecho la Inspección de Trabajo sobre las condiciones en las que este empresario hacía trabajar a sus empleados. En total son seis las infracciones que ha encontrado en el funcionamiento de esta compañía. La primera de las sanciones que ha fijado la Inspección, según apuntan fuentes conocedoras del caso a este medio, se refiere a que ninguno de los trabajadores con los que contactó estaban dados de alta. Con ello, se le impone una multa de 37.512 euros al empresario.

La segunda de las sanciones se refiere a la situación de explotación laboral que tenían estos trabajadores, en los que la Inspección llega a ver un "desprecio a la dignidad de los empleados", según corroboran las citadas fuentes. El estudio sobre el funcionamiento de la empresa deja claras irregularidades en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. En primer lugar, las entrevistas que se hicieron a algunos de ellos mostraban jornadas que llegaban a las 13 horas diarias, de seis de la mañana a siete de la tarde, de lunes a viernes. Se estima que al día cobraban entre 15 y 20 euros y dependiendo de los objetivos alcanzados. Por ejemplo, se pagaba 4,5 céntimos por kilo de pimientos recogidos o 3 céntimos por cada kilo de cebollas.

Además de las largas jornadas laborales y la nimia remuneración por hora de los empleados, la Inspección constató que estos tenían que hacerse cargo de su propio material, tanto ropa como herramientas, ya que la empresa no lo ponía a su disposición. A ello se suma un férreo control sobre el trabajo que se realizaba, hasta el nivel de que, como se ha evidenciado durante la investigación, los trabajadores de la empresa necesitaban del permiso del jefe para poder ir al baño. Por todas estas condiciones laborales, y al apreciar circunstancias agravantes, el empresario ha sido sancionado con 150.000 euros.

La investigación, que se había realizado durante el mes de diciembre, pone de relieve que el empresario se servía de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban buena parte de sus empleados, al estar en España de manera irregular, para imponer esas condiciones de explotación laboral. En concreto, la Inspección tiene constancia de 25 trabajadores que no contaban con la autorización para trabajar en España. Es lo que lleva a la Policía a acusarle de "favorecimiento a la inmigración irregular y tráfico ilegal de mano de obra". Este hecho es el que provoca la sanción de mayor cantidad de las emitidas contra él por la Inspección al situarse ligeramente por encima de los 250.500 euros.

La cuarta de las sanciones que impone la Inspecciones se debe a que durante la investigación se constató que tenía empleada, al menos, a una trabajadora que cobraba prestación por desempleo. Por ello, le impone una sanción de 15.000 euros.

Sin salario tras un accidente laboral

Las dos últimas sanciones que ha incluido la Inspección en su informe para esta causa se refiere a la materia de protección de los empleados. La de mayor entidad, 102.450 euros, se produce por diversas infracciones referidas a la seguridad y la salud laboral de los empleados. En este apartado se constató la falta de evaluación de los riesgos, ausencia de formación en protección y seguridad laboral, falta de reconocimientos médicos, inexistencia de dispositivos para la lucha contra incendios o la ausencia de taquillas y vestuarios para los empleados. Por último, la Inspección añade otros 40.980 euros por la ausencia de iniciativas para la lucha contra la COVID-19 o la protección de los empleados frente a este virus, lo que se constata al comprobarse que no se llevan mascarillas, no se cumplen las normas de distancia entre trabajadores, ni hay a su disposición gel hidroalcohólico ni otras alternativas desinfectantes.

Además de todas estas sanciones impuestas por Inspección, la Policía ha informado de la falta de atención que se realizaba por parte del empleador hacia sus trabajadores en caso de accidente laboral. Los empleados denunciaron que eran obligados a trabajar incluso después de haber sufrido lesiones. Debido a las condiciones en las que se trabajaba era habitual, según estos testimonios, sufrir cortes cuando se troceaban las hortalizas. Dependiendo de la gravedad de las heridas, eran vendas o bien el trabajador era enviado a casa sin recibir su salario.

A ello se suma otro caso que ha notificado la Policía en el que un trabajador sufrió un accidente con una carretilla y, en el momento de ser asistida por el médico, "el presunto explotador contó que había sido atropellada por un vehículo cuando iba en bicicleta".

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