Los migrantes explotados en una nave del Campo de Cartagena y rescatados de un zulo: “Creíamos que íbamos a morir allí dentro”

Es otra imagen más de la vulnerabilidad llegada al límite. De la miseria y de quiénes se aprovechan de la miseria. El inspector jefe de la brigada de Extranjería de Cartagena, Álvaro Osset, no recuerda haberse encontrado en su dilatada experiencia como policía ningún otro caso de explotación laboral tan extremo en la Región. Junto con sus hombres, llevaba meses cercando la nave donde M. y sus dos hijos (todos de nacionalidad marroquí) habían reclutado a casi una treintena de compatriotas sin papeles para seleccionar, limpiar, ordenar y empacar la ropa usada que procedente de distintos países europeos enviaba al Norte de África, principalmente a Marruecos, para ser revendida en los mercados locales. Una paradoja: marroquíes engañando y utilizando fraudulentamente a sus compatriotas para enriquecerse.

Hace una semana el dispositivo –que arrancó el pasado mes de febrero pero se vio truncado por el parón del confinamiento– se saldó en la fábrica en la que operaban con la detención y puesta a disposición judicial de los tres hombres. Sucedía en la población murciana de Fuente Álamo, en el Campo de Cartagena. “Ese día había 25 personas trabajando en la nave, cinco de ellas eran mujeres”. Esa fue la clave para dar con el zulo que M. construyó aprovechando el estado de alarma y donde mandó esconder a tres de los hombres y a las cinco mujeres. “Si no hubiera sido porque no las encontrábamos por ninguna parte, a las chicas, quizás no lo habríamos descubierto”, elucubra el inspector jefe Osset.

Al zulo, de poco menos de dos metros cuadrados, se accedía por un agujero tipo gatera, a ras del suelo, con el espacio justo para dejar pasar a una persona. Lo habían taponado con fardos de ropa a toda prisa al percatarse del cerco policial. “Estaban muy asustados cuando les encontramos; llevaban allí encerrados entre dos y tres horas y algunos de ellos pensaban que no saldrían con vida”, relata Álvaro Osset a este periódico. Así lo dejaron negro sobre blanco en sus declaraciones. No es para menos. Los carros rellenos de ropa usada que tapaban la entrada eran muy pesados, “y difícilmente habrían podido empujarlos desde el otro lado sin ayuda”.

Las otras 17 personas se escondieron precisamente entre los fardos de ropa usada, bajo los plásticos que usaban para empaquetarla. Entre ellos se encontraban Aziz y Mustafa, de 23 y 28 años respectivamente, y ambos originarios de Oujda, una ciudad al noreste de Marruecos frontera con Argelia. Son los únicos que se han atrevido a dar su testimonio a los periodistas que han peregrinado hasta Fuente Álamo estos días y su osadía no ha pasado desapercibida. No quieren mostrar sus rostros y se niegan a que se les fotografíe de frente: “Nos han visitado ya algunos familiares del patrón de la nave para asustarnos, amenazarnos y recriminarnos que hayamos contactado con la prensa”. De pie junto al quicio de la puerta de una humilde y desangelada habitación, no dejan de sonreír con los ojos mientras relatan que fue la precariedad la que les obligó a aceptar las duras condiciones de trabajo a las que estaban sometidos: “¿Qué íbamos a hacer sin papeles y sin nada que comer?”.

La que asegura no tener “ningún miedo” es Aicha, la sexagenaria que les da cobijo. Una robusta mujer bereber de Taourirt -al norte de Marruecos- que lleva en España casi 30 años y se ha dejado el espinazo en el campo recogiendo lechugas y brócoli unas cuantas décadas. Convertida en toda una institución en el barrio, cuenta que un día supo que Aziz estaba durmiendo a la intemperie, en un parque, y apenada le prestó un catre donde pasar las noches. “A cambio lo único que le dije es que tenía que preocuparse por llenar su estómago y traer comida a casa; yo ya no trabajo, aquí sobrevivimos con lo justo y lo único que tengo es de la ayuda de la gente de la calle”. En la casa no sobran los muebles, que lucen ya algo desvencijados.

Fuente Álamo es -como todas las poblaciones del Campo de Cartagena- un punto de recepción de inmigración atraída desde finales del siglo pasado por la fuerte demanda de mano de obra que experimentó el sector agrícola y ganadero. De sus 16.583 habitantes empadronados en 2020 según datos de la Comunidad, 4.476 son extranjeros, y 2.324 procedentes de África (la mayoría marroquíes).

Cifras oficiales a parte, el número de personas sin permiso de residencia -como Aziz, Mustafa y sus demás compañeros- es “considerable”, explica a elDiario.es Región de Murcia Lucía Trujillo, trabajadora social del programa de vivienda de la Asociación Columbares en Fuente Álamo. “El no disponer de documentación es una barrera muy importante para su desarrollo dentro de la sociedad ya que les limita en el acceso a los servicios”, continúa Trujillo, quien destaca que a nivel laboral es “muy complicado” poder optar a un empleo en esta circunstancia: “Es por este motivo que en muchas ocasiones se ven obligados a aceptar empleos con peores condiciones laborales y que ni siquiera pueden considerarse legales”. A lo que hay que sumar la barrera idiomática y el bajo nivel de formación con el que llegan a España muchas de estas personas.

En ese grupo de desafortunados estaban Aziz, Mustafa y sus demás compañeros. Ahora en paro y sin derecho a ninguna prestación, toda la cuadrilla se dejaba la piel 56 horas a la semana de lunes a sábado en la nave sin cotizar ni una sola hora. El día de la operación se escondieron bajo los fardos de ropa que taponaban la entrada del zulo: “En ese momento sentimos mucho miedo porque pensábamos que nos iban a mandar de vuelta a Marruecos”. M. les pagaba a dos euros la hora. Les obligaba a cumplir extenuantes jornadas laborales, sin ninguna medida de seguridad, en “durísimas” condiciones de trabajo y sin ninguna higiene laboral a pesar de la situación de la pandemia. Ni mascarillas, ni guantes, ni gel desinfectante. Nada. Tampoco contaban con asistencia sanitaria. Y siempre que podía, les arrancaba algún euro del sueldo. “Ganábamos entre 400 y 600 al mes”, cuenta Aziz, que pagó 1.500 euros por la patera que le llevó de Nador a Almería hace cuatro años. La misma cantidad que abonó a las mafias Mustafa hace tan solo un año, animado por su amigo, después de ahorrar hasta el último dirham pluriempleado en su país como peluquero y en el sector del aluminio.

“El patrón me prometió papeles”

De Almería, Aziz recabó algo de dinero para desplazarse hasta Fuente Álamo. Sabía que allí contaba con muchos compatriotas procedentes de su misma ciudad y pensó que era una buena manera de empezar a labrarse un porvenir. Su primer y único empleo ha sido, por el momento, con M., quien además le había prometido que le ayudaría a formalizar su situación en España. Aziz confió. “Encontré el trabajo en un bar que solía frecuentar el patrón y donde pedía referencias” para reclutar a manos dispuestas a trabajar a destajo por las raquíticas condiciones que ofertaba. Aziz madrugó cada mañana para acudir a la nave durante dos años, en el caso de Mustafá fueron tres meses. “Con lo poco que ganábamos no podíamos ayudar a nuestras familias, y los dos tenemos muchos hermanos”, relata apenado Aziz, quien es además huérfano de padre y su objetivo al venir a España era poder echar una mano en casa a su madre enviándole dinero. Ahora quieren aprender español y piden que alguien les ayude a acceder a alguna formación para conseguir un mejor trabajo y poder regularizar su situación.

De momento, les está respaldando y acompañando la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM). Su presidenta en la Región de Murcia, Sabah Yacoubi, considera que las prácticas fraudulentas en el mercado laboral están enraizadas en esta Comunidad “puesto que la economía sumergida y la explotación a personas vulnerables que son en su mayoría inmigrantes, con o sin papeles es habitual, y es el pan de cada día a pesar de los esfuerzos de los inspectores de trabajo, la policía y la guardia civil”. En su opinión, los tentáculos del fraude laboral y de la semiesclavitud a los trabajadores se ha instalado con fuerza en la Región y se necesitan medidas “drásticas” para detener esta tragedia humana.

Coincide con este discurso José Ibarra, delegado de Comisiones Obreras en Cartagena, quien asegura a este periódico que “hasta ahora nunca habían tenido que intervenir tanto las fuerzas de seguridad en el entorno laboral de la Región” y no descarta que haya más casos similares “porque los migrantes en estas condiciones, sin documentación, no se atreven a denunciar”. 

Yacoubi insiste en la importancia de estrechar el cerco a los empresarios oportunistas y “sin escrúpulos” que buscan obtener el máximo beneficio económico, toreando la ley a costa de la salud y dignidad de los trabajadores y trabajadoras: “Urge que sean desenmascarados y llevados a la justicia; en España no debe quedar ningún esclavo”.