Jubilados protestan ante la sede del PP por tumbar el 'escudo social' y la subida de las pensiones: “Es terrorismo social”

Varias organizaciones de pensionistas se han concentrado este viernes frente a la sede del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, para protestar contra el voto en contra de la formación al decreto ómnibus, que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones públicas. Esta subida, así como el conocido como 'escudo social', decayó este martes en el Congreso, por el 'no' de PP, Vox y Junts.

La convocatoria ha sido impulsada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid y la Plataforma de Pensionistas de Móstoles, que consideran que la caída del decreto, que afecta a más de diez millones de pensionistas, supone un ataque directo al llamado “escudo social”.

“Los pensionistas estamos hoy aquí ante la sede del Partido Popular porque está practicando terrorismo social al congelar la subida de las pensiones de más de diez millones de personas”, ha afirmado Leopoldo Pelayo, portavoz de la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid. Pelayo ha recordado las políticas aplicadas durante anteriores gobiernos del PP, denunciando la revalorización del 0,25%, la aplicación del factor de sostenibilidad y el uso del fondo de reserva de la Seguridad Social. “Un partido con estas características no puede gobernar el país”, ha sostenido.

Sin reunión con el PP y consignas contra el bloqueo

Desde las organizaciones convocantes acusan al principal partido de la oposición de actuar por motivos electorales. “Queremos manifestarnos delante del mayor partido de la oposición, que con su voto en contra ha tumbado la subida de las pensiones públicas y medidas sociales que afectan a millones de personas”, ha explicado Damián Rodríguez, portavoz estatal de COESPE. Según Rodríguez, la decisión responde “a la presión de la ultraderecha y a una deriva antisocial que afecta a la mayoría de la ciudadanía”.

Durante la concentración, las personas asistentes corearon consignas como “Queremos el ómnibus completo” y han reclamado una reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o con algún responsable de la formación. Tres representantes de las organizaciones intentaron acceder a la sede, pero finalmente no fueron recibidos por ningún dirigente del partido, según han denunciado los convocantes.

Manifestación estatal el 23 de febrero

La protesta de este viernes es la primera de una serie de movilizaciones previstas para el mes de febrero. Las organizaciones de pensionistas han anunciado una jornada de movilización general en todo el Estado el próximo 23 de febrero, si antes del día 20 no se desbloquea la situación parlamentaria. “Si el bloqueo continúa, saldremos a la calle en todo el país”, ha advertido Pelayo.

El PP había garantizado al Gobierno su apoyo al incremento de las pensiones si el Ejecutivo dejaba al margen otras medidas del 'escudo social', como la prórroga de los descuentos en la factura eléctrica para consumidores vulnerables, la prohibición de cortes de suministro o la moratoria antidesahucios que, según las entidades de vivienda había salvado a entre 60.000 y 70.000 familias de un lanzamiento.

Desde la Plataforma de Pensionistas de Móstoles, Carmen, una de sus representantes, ha subrayado que la reivindicación no se limita únicamente a las pensiones. “Defendemos el conjunto de medidas del decreto ómnibus: ayudas al transporte, al gas, a la luz y a las personas en situación de precariedad. Luchamos por pensiones dignas, pero también por una vida digna y por una redistribución justa de la riqueza”, ha señalado.

Las organizaciones han insistido en que la movilización social será “la única vía” para revertir el bloqueo y garantizar la revalorización de las pensiones y el mantenimiento del escudo social. “Hay que seguir en la calle”, han concluido. Este miércoles, colectivos por la vivienda ya habían protestado ante la sede de Junts en Barcelona, por su rechazo a la moratoria antidesahucios y también ante el Congreso, donde reclamaron una prórroga obligatoria de los alquileres.