La mejor política industrial

“La mejor política industrial es la que no existe”. Esta frase fue el paradigma imperante en el pensamiento económico y político en el final del siglo XX. La frase, atribuida a un ministro de industria de Felipe González, en realidad es una traducción literal de la de Gary Becker: “The best industrial policy is none at all”. Cuando Gary Becker, profesor de la Universidad de Chicago y premio Nobel de Economía en 1992 la pronunció en 1985 se refería a un conjunto de prácticas proteccionistas e intervencionistas que, sobre todo en EEUU, trataba de frenar el declive de un sector industrial incapaz de modernizarse y sujeto a una fuerte competencia, sobre todo de países asiáticos (por aquel entonces, Japón y Corea del Sur).

La llamada “política industrial” en EEUU y en otros muchos países no era otra cosa que acudir a las viejas recetas proteccionistas, como la sustitución de importaciones, barreras arancelarias y no arancelarias (homologaciones, certificados de calidad, etc.) o los subsidios a la exportación para tratar de retrasar lo inevitable. Todas estas prácticas se habían traducido en un menor crecimiento a largo plazo, como resultado de una menor productividad; un mayor déficit público, una mayor ineficiencia económica y una pérdida de bienestar social, sobre todo de los consumidores, que son el 100% de la población.

En España, este sentimiento contrario a la vieja política industrial coincidió con el necesario proceso de reconversión industrial de los años 80, puesta en marcha para eliminar las ineficiencias de un sector manufacturero heredado del período franquista. Por ello, la frase de Becker fue muy celebrada y rápidamente adaptada al español, aunque casi 40 después, no está claro quién asumió su paternidad. El paradigma en contra de la política industrial se mantuvo hasta el cambio de siglo y lo que fue una expresión ingeniosa y probablemente acertada en los años 80, el tiempo demostró que fue tremendamente desafortunada. El motivo queda reflejado en el Gráfico, que recoge el peso del sector industrial en el PIB español en las últimas 3 décadas.

El sector industrial representaba el 20% del PIB en los años 90, con algunas oscilaciones cíclicas. Pero desde el máximo alcanzado a finales de 1997 hasta el inicio de la Gran Recesión, a principios de 2009, dicho porcentaje descendió en más de 5 puntos del PIB. Es importante que esta pérdida relativa de tejido industrial no ocurrió durante la crisis, sino durante el período de la falsa bonanza. Y es que la burbuja inmobiliaria resultó ser letal para nuestra industria, pese al impulso de algunos sectores asociados a la construcción. Buena parte del suelo industrial fue recalificado para la promoción residencial.

Este proceso de desindustrialización fue común a otros países, pero especialmente acusado en España y Países Bajos. Otros países europeos, como Alemania, Dinamarca y Austria resistieron esta presión e incluso algunos como Noruega, Hungría e Irlanda, aumentaron el peso relativo de su sector industrial.

Con la llegada de la crisis en España, la pérdida de importancia del sector industrial se frenó. A ello contribuyeron las políticas del Gobierno de Zapatero, que en su programa económico había recuperado el apoyo del partido socialista a una política industrial moderna, del siglo XXI. Sus características generales son las de una política que no perjudique a los consumidores (es decir, no les haga pagar un precio más alto o sufrir una peor calidad, como hacían las políticas proteccionistas), que eleve la productividad total de los factores y la eficiencia económica, en lugar de sostener a sectores obsoletos, que no empeore el déficit público a medio plazo, que mejore el déficit exterior, al apoyar sectores innovadores y exportadores, y que ayuden a la sostenibilidad medioambiental. El Plan Integral Industrial 2020, aprobado en 2010, fue uno de los impulsos a esta nueva política.

Con el cambio político de 2012, el gobierno del Partido Popular no continuó con el PIN 2020, pese a su aprobación consensuada. Su mayor rechazo era la definición de los siete sectores estratégicos (Automóvil, Aeroespacial, Biotecnología y tecnologías sanitarias, Tecnologías de la Información- Comunicación (TIC) y contenidos digitales, Energías renovables y eficiencia energética, Industria orientada a la protección medioambiental (desalinizadoras, reciclaje) y la Agroalimentación). Con el Gobierno de Rajoy vuelve a descender el peso de la industria en el PIB y no se recupera el nivel del 15%. El mínimo se alcanza en el primer trimestre de 2020, con 13,5%. El Gobierno de Sánchez vuelve a asumir el discurso de la política industrial y a fijarse de nuevo el objetivo del 20% del PIB, en el proyecto de Ley de Industria. Su estrategia se ha basado en el uso, tras la pandemia, de los fondos europeos para el impulso de determinados sectores, en particular los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica. Entre ellos destaca el PERTE del Vehículo eléctrico y conectado, el PERTE Chip, para el diseño y fabricación de semiconductores y el PERTE de descarbonización industrial para la modernización de la industria intensiva en energía.

Este enfoque ha sido posible por el cambio de paradigma europeo hacia la política industrial, gracias a la influencia de los informes de Draghi y Letta, abandonando el enfoque “beckeriano” y apostando por la necesaria “autonomía estratégica”, que ha posibilitado el esfuerzo de los gobiernos, en particular el español, por la reindustrialización y la atracción de producción en ámbitos como las baterías, energías renovables, hidrógeno verde, y tecnologías digitales avanzadas. También la consideración, de facto, de la industria de Defensa y Seguridad como un nuevo sector estratégico.

Todo ello ha hecho posible (véase el gráfico), recuperar hasta el 16% a principios de 2023 el peso de nuestro sector industrial. Sin embargo, a medida que la economía española se ha ido recuperando de los choques de la pandemia y la guerra de Ucrania, el peso del sector manufacturero ha vuelto a retroceder, alcanzando el 14% en el primer trimestre de 2026. Ello demuestra que la política industrial debe ser continua y sostenida en el tiempo. En este sentido, preocupa la ausencia de discurso industrial del principal partido de la oposición, más allá de declaraciones generales a favor de la innovación, la creación de empresas, la simplificación administrativa o el incentivo a la inversión privada, que comparten los principales partidos. Su bloqueo al Proyecto de Ley de Industria desde 2024 es una mala señal. Porque la mejor política industrial, por encima de todo, debe ser consensuada y mantenida en el tiempo.