La moda empresarial de convertir las obligaciones fiscales en contribuciones a la sociedad

Las compañías ponen énfasis en cuánto aportan a las arcas de Hacienda o sus contribuciones a la Seguridad Social, cuando, en realidad, son obligaciones legales que deben cumplir.

El grupo de supermercados Lidl ha afirmado esta semana que, por cada euro de beneficio que obtiene en España, genera otros 18,6 euros adicionales a la economía nacional. Al mismo tiempo, la patronal de agrupa a las empresas de alimentación y de bebidas (FIAB) asegura que genera más de 305.000 empleos en la España Vaciada, lo que conlleva fijar en esos territorios a más de 834.000 personas. Conclusiones a las que llegan a través de informes que contratan.

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No son casos únicos. Cada vez es más habitual que compañías, sean o no cotizadas o asociaciones empresariales, ya no solo desvelen cómo les va en cuanto a los datos económicos más 'puros' (beneficio, ingresos, gastos…), también ponen énfasis en cuánto aportan a las arcas de Hacienda o cuánto suponen sus contribuciones a la Seguridad Social, cuando, en realidad, son obligaciones legales que deben cumplir. 

Una información que abarca, también, cuestiones medioambientales o ligadas a sus proveedores, donde el trasfondo en muchas ocasiones es la falta de uniformidad y de criterios comunes respecto a los datos que se aportan. 

Explicar qué sale de sus chimeneas

“Las empresas no solo tienen que preocuparse de ganar dinero, sino que tienen que medir su impacto en la sociedad, tienen que contarlo, decir qué sale de sus chimeneas o de sus desagües”, argumenta Antonio Argandoña, profesor emérito de Economía y de Ética de la Empresa en IESE. “Estamos en una fase de desarrollo de este tipo de información, que se quedará, no solo sobre el impacto que tienen en el medio ambiente, sus trabajadores o los proveedores. Tienen que informar de todo esto y es bueno, porque se tiene que saber qué impacto tienen en la sociedad”.

Una tendencia que va camino de convertirse en una obligación legal, apunta el director de la Cátedra de Impacto Social y profesor de la Universidad de Comillas, Carlos Ballesteros. Primero, para las empresas cotizadas que tienen que elaborar informes de su evolución no financiera y, desde este año, para todas las empresas que tengan más de 250 empleados y facturen más de 40 millones de euros. “Pero una cosa es que sea obligatorio informar y otra que cada uno lo haga como quiera o pueda”, añade.

“Vamos avanzando poco a poco, construyendo el edificio mientras se van teniendo los ladrillos y las pautas que va marcando la Unión Europea, como la taxonomía verde o social [que define qué actividades se consideran sostenibles], nos van a ayudar”, destaca Ballesteros. Pero la construcción de ese edificio no sigue unas normas claras. 

“Hace poco, un directivo de una empresa del Ibex me dijo que andaban perdidos en cómo hacerlo”, reconoce el profesor de Comillas. “Nos pedía que formemos a los alumnos”.

La mayoría de las grandes empresas cotizadas ya informan sobre su impacto en la sociedad y asumen cuál es la finalidad de esta información. Como ejemplo, ArcelorMittal justifica, al hablar de su impacto en el entorno, que las compañías “no solo representan un resultado financiero al final del ejercicio ni contribuyen únicamente con la sociedad a través del pago de impuestos, sino también generando empleo, manteniendo una relación de confianza y proximidad con los proveedores locales y, en definitiva, dinamizando las economías locales”.

A la espera de ver cómo le ha ido en 2021, en el ejercicio previo, esa “contribución económica de ArcelorMittal en España” fue de 3.767 millones de euros. ¿Qué incluye ahí? “Conceptos directos e indirectos como los salarios de los trabajadores, pagos a proveedores de materias primas y otros aprovisionamientos y servicios, dividendos, impuestos y las inversiones en I+D y sociales”, enumera. 

Aún falta armonización en esa información porque “estamos en un momento de transición”, indica Massimo Cermelli, profesor de Economía de Deusto Business School. “Las empresas quieren comunicar que la responsabilidad social corporativa ya forma parte de su ADN. Es una transición cultural, positiva para proveedores, clientes, accionistas; porque también es mayor transparencia. Pero lo que dicen tiene que ser verdad”, matiza. 

“Tienen que alinear su misión con sus acciones, porque no puedes presumir de lo que haces cuando no lo haces. Es una obligación social o casi moral decirlo, pero si no es verdad se te puede volver en contra”, resume Cermelli.

Antonio Argandoña pone el foco en la seriedad tanto de la empresa como de quien hace el informe. “¿Me puedo fiar de lo que dicen? ¿Quién ha probado esos resultados?”, se pregunta. 

“Es relativamente fácil hacer una regulación que mida cuánto se gana en un año, por ejemplo, cuál es el criterio de amortización de una empresa, los ingresos reales a 31 de diciembre y que los auditores lo verifiquen. En la información económica los criterios son muy claros. ¿Pero cómo se mide la satisfacción de los trabajadores? ¿Cómo lo mide un auditor independiente? Es un problema que nos vamos a encontrar siempre”, asume el profesor Emérito de Economía y de Ética de la Empresa en IESE.

Lidl se vincula a 1 de cada 138 empleos en España

Esta semana ha hecho público el impacto de sus actividades Lidl, que en 2020 ganó en España 172,6 millones de euros. La compañía alemana afirma que cuenta con 17.000 empleos directos en España, aunque, si se suman los indirectos, esa cifra de empleo se elevaría hasta las 139.000 personas. “Por cada puesto de trabajo directo que crea, Lidl genera más de 7 adicionales al mercado laboral”, asegura la compañía. “Esto quiere decir que, aproximadamente, 1 de cada 138 empleos existentes en España se encuentra vinculado a nuestra actividad”.

Y, además, del empleo, Lidl se apoya en el informe encargado a la consultora PwC para destacar que, en ese ejercicio 2020, “pagó 413 millones de euros en impuestos”. De ellos,  “176 millones de euros fueron impuestos soportados, es decir, aquellos que representan un coste para la compañía”. 

Según ese informe, los impuestos que tiene que pagar la cadena de supermercados equivaldrían al 27% del presupuesto destinado para becas y ayudas de estudiantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional o podría sufragar la mitad del aumento en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el 2020, el año de la pandemia. 

También la patronal de la alimentación y bebidas habla de cuánto aporta a los ingresos públicos. En su caso, afirma que sus empresas contribuyeron con 35.377 millones de euros. En este caso, el informe elaborado por la consultora Kreab, apunta que estas empresas generaron unos ingresos para las arcas públicas de 516.423 euros de media por municipio de la España Vaciada. 

El impacto de LaLiga de Fútbol

No sólo son las empresas las que quieren destacar cuánto aportan a la economía y al empleo. También la maquinaria del fútbol. LaLiga presentó en 2018 “un estudio independiente” sobre el impacto socioeconómico de la industria del fútbol profesional en España, elaborado por PwC. Estaba basado en datos de la temporada anterior, la 2016/17.  

Ese informe cuantificaba el impacto de LaLiga en 185.000 empleos, de los que cerca de la cuarta parte (47.000) eran empleos donde la competición tenía un impacto directo. ¿El resto? De otras actividades, como el transporte o la restauración. Midió que el consumo alrededor de los estadios y el gasto realizado por los aficionados en transporte y alojamiento para asistir a los partidos era de 1.072 millones de euros y suponía 16.336 empleos.

LaLiga también calculó que suponía 4.100 millones de euros en contribución fiscal. Ahí incluyó más de 1.000 millones, tanto en IRPF como en cotizaciones a la Seguridad Social, y 600 por Impuesto de Sociedades. En cambio, la principal cifra era el IVA. Aseguró que, con cargo a esa temporada de fútbol, la recaudación por este impuesto fue de 1.163 millones, pero no por la actividad dentro de los estadios. “Se debe, fundamentalmente, al consumo de los asistentes (bares, restauración, transporte, etc.) y al aumento en consumo de los hogares derivado de una mayor actividad económica”, resumía PwC en su informe.

De las últimas dos temporadas, no hay datos. La competición finalizada en 2020, marcada por el COVID, se saldó con pérdidas que LaLiga cifró en 700 millones de euros.

¿Qué pasa si no se cumple lo que se dice?

Básicamente, que puede haber un daño reputacional que castiguen los clientes y los inversores. “Algunas empresas hacen 'green o impact washing'. Limpian su impacto a través de lo que comunican”, afirma el director de la Cátedra de Impacto Social, Carlos Ballesteros. “Hace unos años el consumidor no estaba tan atento, preocupado o no tenía tanta información tan accesible. Hoy sería un fallo reputacional grave, perderían ventas y tendría un impacto en su cuenta de resultados y en sus inversores”. 

Esa información ESG (ambiental, social y de buen gobierno) también se destaca porque “se ha puesto de moda”, indica Massimo Cermelli, de Deusto Business School. “La ESG se ha transformado en una especie de acreditación positiva. Tener el sello. Ahora lo tienen que comunicar y respaldar. Las acreditadoras obligan a tener que comunicar todo lo bueno que hacen incluso cuando no se hace al 100% y se la juegan si no cumplen”.

Y, en el fondo, entra la ética. “Al final lo importante es que la gente tenga ética, que las empresas sean leales con los trabajadores, los empleados o con los accionistas”, resume Antonio Argandoña. “Lo importante es que las empresas digan la verdad. Si están contaminando, que lo digan. Si la empresa es muy clara en su explicación, si te cuenta sus fallos, lo que no consigue aunque lo intente... yo sí me creo a una empresa que diga eso”.

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