La ministra María Jesús Montero asegura que cuenta con el informe de la Abogacía del Estado para aprobar “en días” 4.500 millones para las autonomías

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cree que con la aprobación “en días” de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se sentará un “precedente” que el Gobierno quiere plasmar en la ley de financiación, para desligarlas para siempre de los Presupuestos Generales del Estado.

En una entrevista con EFE, Montero considera que se va a producir un “hito” en la financiación autonómica con esta medida, al desligar también las entregas a cuenta de que el Ejecutivo esté o no en funciones, y que al mismo tiempo permite que “no haya excusa” para que las comunidades autónomas dejen de aprobar sus propios presupuestos.

Montero ha confirmado que las entregas a cuenta ya disponen del informe favorable de la Abogacía del Estado y se van a aprobar, por tanto, en unos días, aunque no ha querido confirmar si será en el Consejo de Ministros de este viernes.

En su opinión, con la inminente aprobación de este decreto ley, “se fortalece la autonomía de las comunidades” que ya “no van a depender de que se conforme un Gobierno o de que haya un presupuesto estatal aprobado para hacerles llegar el dinero de sus recursos”.

Considera además que la decisión del Gobierno de dar ahora estos adelantos sienta un “precedente fundamental” para la arquitectura y la vertebración territorial, porque permite a futuros Ejecutivos hacer lo mismo cuando sea necesario, y que no haya “excusas” para que las autonomías puedan elaborar sus cuentas.

Aunque no las ha citado, hay comunidades como Madrid que aún no han presentado sus presupuestos al no contar con las entregas a cuenta, y la presidenta de esa región, Isabel Díaz Ayuso, habló incluso de “presupuestos secuestrados” para justificar no aprobar las cuentas autonómicas.

“Las autonomías tienen el derecho y la obligación de hacer sus presupuestos y seguir proveyendo los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos” ha insistido Montero.

La idea ahora es que la futura reforma de la financiación autonómica recoja ese cambio en su ley orgánica. Y que en esa norma, ha señalado la ministra, quede “absolutamente claro que no puede haber una jerarquía presupuestaria de las comunidades autónomas respecto al Estado”.

Porque creer lo contrario, que para que una comunidad haga su presupuesto tengan que estar aprobados los del Estado y el Ejecutivo deba estar a pleno rendimiento y no en funciones es “subordinar la autonomía de las comunidades a la propia conformación del Gobierno”, ha concluido. Espera en cualquier caso que esta medida “marque el camino” no solo a futuros gobiernos sino también a las comunidades para que lleven a la práctica su autonomía financiera y saquen adelante sus cuentas.

Cumplir con el 2% de déficit

Montero, mantiene el compromiso de que España cumplirá este año el objetivo de déficit público del 2% del PIB a pesar del enfriamiento económico y confía en formar Gobierno rápido para tener aprobados los presupuestos de 2020 en el primer trimestre de ese año.

El Gobierno mantendrá los objetivos de déficit y deuda pública (95,8% del PIB) en el borrador de proyecto presupuestario que enviará a Bruselas antes del 15 de octubre. “El Gobierno va a cumplir los objetivos de déficit y endeudamiento” en 2019, subraya, aunque no confirma las metas para 2020 y 2021, ya que “habrá que definir una nueva senda para los próximos años” en el texto que se mandará a Bruselas.

Montero ha destacado que el déficit de 2019 se mantendrá “a pesar de tener un presupuesto prorrogado” y haber adoptado medidas como la subida de las pensiones o del salario de los funcionarios, que “se tacharon en su día de electoralistas” por la oposición.

El borrador también incluirá una revisión del cuadro macroeconómico que estará “marcado por la prudencia”, aunque no desvela si se rebajará la previsión de crecimiento económico para este año, que actualmente es del 2,2 %.

Montero sí aclara que el documento que se enviará a Bruselas consigna el coste de subir las pensiones conforme a la inflación y el salario de los empleados públicos desde el mes de enero, unas medidas que en condiciones normales se aprueban en el Presupuesto.

El objetivo, subraya, es tener un Gobierno “a pleno rendimiento” en diciembre para que elabore el techo de gasto, que defiende que tiene que subir, y contar con unos presupuestos en el primer trimestre de 2020.

Subida de pensiones según el IPC

Respecto a la subida de las pensiones para 2020, recuerda que la revalorización se hace con el IPC proyectado y aunque elude dar la cifra concreta, que se desvelará en el cuadro macroeconómico que se enviará a Bruselas, sí avanza que cree que la inflación estará por encima de la de este año, que “terminará en torno a una media del 0,7%”.

“Siempre hemos dicho que las pensiones había que revalorizarlas conforme al IPC, no es un anuncio nuevo”, añade, al tiempo que recuerda que los bajos niveles de inflación han permitido recuperar poder adquisitivo en los tres últimos años.

En cuanto al alza salarial de los funcionarios, la ministra asegura que se respetará lo pactado con los sindicatos -repunte del 2 % en 2020- y se materializará en las cuentas de 2020, aunque admite que “si esto no es posible” o los plazos se demoran, “habrá que tomar otros caminos”.

Aunque “todavía es pronto para hablar del techo de gasto”, la ministra apunta que los indicadores económicos “siguen siendo robustos” y que el PSOE aboga por afrontar el enfriamiento económico “poniendo en el centro a los ciudadanos”, es decir, con un tejido productivo ligado a la digitalización y la lucha contra el cambio climático en lugar de “devaluación salarial, caída de los servicios públicos, el salario de los empleados públicos o los pensionistas”.

El presupuesto también incluirá las medidas fiscales recogidas en el proyecto presupuestario de 2019, como los impuestos a las transferencias financieras y los servicios digitales o la ley contra el fraude fiscal, que está “a punto” para enviarse al Congreso de los Diputados.

En materia laboral, Montero ha reiterado la intención de situar el salario mínimo en el 60 % del salario medio neto, algo menos de 1.200 euros, al final de la legislatura y que “anualmente se irá determinando en función de la evolución del mercado laboral y del conjunto de indicadores económicos (...) hasta llegar a ese objetivo”.

Anuncios “para nada electoralistas”

María Jesús Montero defiende en cualquier caso haber tomado esta decisión ahora porque se acerca el final del año y las dificultades financieras son mayores para algunas comunidades, y asegura que ni éste ni otros anuncios económicos hechos en los últimos días por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, son electoralistas.

“Para nada”, ha dicho Montero, quien considera que son determinados acontecimientos los que han llevado al Gobierno a acometer estas medidas o al líder socialista a anunciarlas.

Ha señalado así que “las cosas resultan urgentes cuando surgen”, como es el caso de los aranceles que Estados Unidos ha anunciado contra productos europeos y que llevan al Ejecutivo a tomar medidas como la reducción de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario. Cita también las medidas que se van a tomar para paliar los duros efectos que ha tenido la quiebra del gigante Thomas Cook sobre las economías canaria y balear y el turismo en ambas comunidades.

Y sobre la anunciada subida de las pensiones en plena precampaña también la justifica. “Siempre hemos dicho había que revalorizarlas con respecto al IPC”, ha recordado Montero, para quien con su anuncio “el presidente le ha dado más intensidad” a esta promesa.

Tras escuchar a Sánchez -esta mañana en Telecinco- decir que debe haber nuevo Gobierno en diciembre, Montero lo cree posible. “Tiene que serlo”, dice a EFE. Y ha insistido en la “urgencia” con la que el país se enfrenta a diversas materias como el brexit, el enfriamiento de la economía o el impacto o la “crisis” que puede provocar la sentencia del 'procés'.

“Necesitamos que el Gobierno esté a pleno rendimiento y necesitamos un presupuesto ya”, ha dicho la ministra, quien querría aprobar las cuentas del Estado en el primer trimestre de 2020, y para eso es necesario que el Ejecutivo se haya constituido “al menos dos o tres meses antes”.

Acuerdos programáticos

María Jesús Montero espera que las urnas “robustezcan al PSOE” y permitan salir del bloqueo, y a partir del 11 de noviembre se muestra dispuesta a volver a negociar con Unidas Podemos “en solitario o con Más País”, mientras insiste en que, en su opinión, “los acuerdos programáticos son la mejor forma” de pactar.

Una vez que los ciudadanos se pronuncien cada partido debe analizar si sus estrategias “han sido las correctas” y sobre todo, en su opinión, tendrá que hacerlo la formación que lidera Pablo Iglesias, que ha “impedido cuatro veces” un Gobierno progresista.

En cualquier caso ha insistido en que lo que habrá que poner sobre la mesa desde el principio son los programas y medidas a tomar.

“Habrá que ponerse como siempre a intentar que sean los problemas de los ciudadanos lo primero de lo que hablemos y lo primero sobre lo que acordemos”, ha señalado, Montero, quien ha admitido que quedó muy decepcionada cuando en el intento de negociación con Podemos vio que la formación morada solo quería hablar “de los sillones y del reparto de carteras”.

En cualquier caso ha insistido en la necesidad de buscar el pacto con las fuerzas de izquierdas, y no habla a priori de pedir la abstención de las derechas, porque eso “va a depender de cómo sea la configuración” del Congreso.

Ha recordado que en su momento los socialistas pidieron a PP y Cs su abstención para no depender del independentismo pero ahora sería “osado” por su parte anticipar qué va a ocurrir o qué fuerza van a tener los independentistas o las derechas “en sus tres vertientes”.

Sí admite su “desconfianza” en Ciudadanos pese a la disposición de su líder, Albert Rivera, de pactar con el PSOE ahora. Se ha preguntado en este sentido por qué Rivera parece estar interesado ahora en “no estar tan separado del PSOE” cuando “se ha abrazado a la ultraderecha” y mantiene sus acuerdos de derechas en varios territorios.

Por eso, y porque es una formación que se ha decantado claramente por la derecha y se ha quedado “atrapada” tratando de liderarla, ve graves dificultades para que Ciudadanos se “recomponga” como “fuerza bisagra”.