Las multas a empresas por incumplir el plan de igualdad se multiplican por siete hasta los 2,3 millones de euros

“2,3 millones de euros” en sanciones por incumplir la legislación de planes de igualdad en lo que va de año. La Inspección de Trabajo ha impuesto ese volumen total de multas a empresas entre enero y octubre, lo que supone siete veces más que las sanciones aplicadas en todo 2021, que alcanzaron casi 324.800 euros. La Inspección de Trabajo ha detectado un total de “950 infracciones” por este motivo, responden en el Ministerio de Trabajo a consultas de elDiario.es, frente a las 163 del año pasado. Desde marzo todas las empresas a partir de 50 trabajadores están obligadas a tener plan de igualdad, algo que incumple alrededor de un 70% de las compañías, según se desprende del registro público del Ministerio.

La vigilancia del cumplimiento de los planes de igualdad se ha intensificado en los últimos años por parte de la Inspección de Trabajo. En 2020, por ejemplo, se detectaron 38 infracciones por este motivo y se impusieron sanciones por valor de 71.617 euros.

Los datos de 2021 ya supusieron un gran salto y ahora en 2022 el crecimiento es aún mayor: tanto en infracciones (950), que se han multiplicado casi por seis respecto al año pasado, como en las sanciones impuestas, esos 2,3 millones de euros que suponen un valor siete veces superior a las multas de todo 2021.

La cifra de personas afectadas por las infracciones “asciende a cerca de 229.000 trabajadores”, añaden en Trabajo. En 2021, el dato fue de “36.633 personas”, explicaron en marzo a este medio desde el Ministerio que dirige Yolanda Díaz.

No cumplir con la obligación de tener un plan de igualdad está calificado como una infracción grave de las relaciones laborales, que puede ser sancionada con multas desde 751 a 7.500 euros. Además, si la exigencia parte de un mandato de la Inspección de Trabajo, no cumplir con el plan de igualdad está considerado una infracción muy grave. En ese caso, las multas pueden llegar hasta los 225.018 euros en su grado máximo.

La mayoría de empresas incumple: alrededor del 70%

El aumento en las infracciones y sanciones se explica porque hay muchas más empresas que se han visto obligadas a cumplir con esta exigencia en los últimos tres años, unas 25.000, y también por un alto grado de incumplimiento de este nuevo mandato, según las cifras públicas disponibles.

En 2019, el Gobierno amplió la exigencia de disponer de esta herramienta contra la desigualdad de género a todas las compañías a partir de 50 empleados, que hoy suman unas 31.700 empresas según los datos de la Seguridad Social. Hasta entonces, solo estaban obligadas las que superaban los 250 trabajadores, que suponían unas 4.700 compañías.

El nuevo mandato se aplicó progresivamente: se dio un año de adaptación a las empresas de más de 150 personas trabajadoras; dos años a las que contaban con más de 100 y hasta 150 personas en su plantilla; y por último se fijaron tres años, hasta el pasado 7 de marzo de 2022, para las empresas de 50 a 100 personas trabajadoras.

Nueve meses después de esa última fecha límite, el registro del Ministerio de Trabajo dispone de 9.803 planes de igualdad inscritos. Estos datos reflejan que al menos el 70% de las compañías obligadas está incumpliendo con el registro de esta medida (también obligatorio desde 2019). Supone que hay más empresas que incumplen que aquellas que están al día con la legislación para luchar contra la discriminación de las mujeres en los centros de trabajo.

“Y el dato de incumplimientos puede ser mayor, porque hay también planes registrados de empresas con menos de 50 trabajadores”, advierte Cristina Antoñanzas, responsable de Igualdad de UGT, que recuerda que es frecuente que compañías de menor tamaño los implanten para licitar en la administración pública.

Más problemas donde no hay representación de la plantilla

El incumplimiento de la normativa de igualdad a día de hoy en miles de empresas se reconoce desde los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, pero también en la propia patronal CEOE, preguntada por este medio. El foco se localiza en ambos casos en empresas de menor tamaño donde no hay comités ni representantes de los trabajadores.

Fuentes de la patronal apuntan que el “retraso” de muchas compañías se explica por varios motivos. Por un lado, por la pandemia, que ha marcado los últimos años en las empresas con otras urgencias, como los ERTE y su propia viabilidad. Por otro lado, porque esta situación de emergencia por la COVID también retrasó la publicación de las guías del Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para ayudar a las empresas a adaptarse a la legislación. “La última herramienta la publicamos este verano y es una referencia casi indispensable para las empresas pequeñas”, sostienen en la CEOE.

Por último, los empresarios responsabilizan a los sindicatos de los incumplimientos de muchas compañías. La legislación obligó a que los planes de igualdad fueran negociados y, en caso de no existir representación legal de los trabajadores, se prevé que los planes se debatan con los sindicatos más representativos. Desde la CEOE, que intentó (sin éxito) tumbar esta medida en los tribunales, afirman que los sindicatos “no están llegando” a las llamadas de las empresas. “Ya lo avisamos, que no iban a dar abasto”, afirman.

Las responsables de Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, y de UGT, Cristina Antoñanzas, lo niegan con rotundidad. “Que nos den datos de dónde no estamos llegando”, reta Vidal, que apunta que “muchas se han puesto tarde y ahora quieren ir a toda pastilla para cumplir el trámite”. Antoñanzas coincide y añade que pueda haber algo de retraso (“un par de meses”) al atender a las empresas, pero “eso no explica” el alto nivel de incumplimiento a estas alturas.

Ambas sindicalistas critican en cambio que hay empresas que “no están permitiendo hablar con los trabajadores” a las comisiones de los planes de igualdad, lo que les impide negociarlos en la práctica, o que son muy reacias a dar datos internos necesarios para el diagnóstico de situación. Las representantes de CCOO y UGT priorizan “la calidad” de los planes por encima de la cantidad, de firmar muchos y que estos sean “un mero trámite”, avisa Carolina Vidal.

“Hay algunas que te traen un plan hecho para que firmes y esto no funciona así”, advierte Cristina Antoñanzas. En algunos casos, las empresas presentan los planes, pero estos no cumplen los mínimos y son tumbados por las autoridades laborales. La catalana rechaza la mitad de los presentados, según publicó El Periódico.

Las centrales sindicales defienden que hace falta tiempo, negociación y verdadera voluntad para elaborar los planes de igualdad y que cumplan con su misión. Es decir, que detecten los obstáculos en la igualdad en los centros de trabajo, por ejemplo para la contratación de mujeres o su acceso a determinados puestos, así como la brecha salarial entre puestos de igual valor o la detección de complementos y pluses masculinizados, entre otras. Tras encontrar los problemas, el siguiente paso es proponer soluciones y establecer un periodo de tiempo para cumplir sus metas. En ese plazo, la comisión del plan debe ir haciendo seguimiento para comprobar si se cumplen los objetivos marcados.

CCOO y UGT consideran que hacen falta “recursos” para los sindicatos que negocian estos planes, al igual que hay ayudas para que las empresas implementen los planes. También piden un refuerzo de la Inspección de Trabajo, para que sea capaz de hacer un mayor seguimiento al cumplimiento de esta y otras normas laborales.