El sistema de desempleo no aguanta la crisis: la mitad de los parados son pobres

La mitad de los desempleados en España vive en riesgo de pobreza, según los últimos datos publicados por Eurostat, de 2016. En concreto el 49,4%. La tasa de pobreza en este colectivo se ha disparado en más de diez puntos durante la última década: en 2006 era el 37,7%. En estos diez años, la crisis económica elevó el número de parados hasta los seis millones, se fue reduciendo la cobertura de la protección para personas desempleadas y mermó el número de beneficiarios de las prestaciones de mayor cuantía. “Un país como España, la cuarta economía de la zona euro, no puede permitirse tener a la mitad de sus desempleados en riesgo de pobreza”, critica Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

La tasa de pobreza de los desempleados en España supera por menos de un punto la media de la Unión Europea, del 48,7%. El estado con el peor dato es Alemania, donde un 70,8% de los parados se haya en esta situación de extrema precariedad. También nos superan varios países de Europa del Este y Suecia (50,3%). “Sin embargo, en Alemania, la tasa de paro es un 5%. Aquí tenemos un 16% de paro y la tasa de pobreza es del 50%. Nuestra bolsa de pobreza por culpa del paro es muchísimo peor”, argumenta Raül Segarra, estadístico del departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat de Catalunya.

Carlos Susías lamenta que, en la actualidad, “estar en situación de desempleo eleva muchísimo el riesgo de pobreza en España, algo que no tendría por qué ser así si existiera un sistema de protección adecuado”. Ese aspecto, un colchón social frente al desempleo que no ha estado a la altura de la aguda recesión que ha atravesado al país, es lo que destacan los sindicatos y especialistas.

“Tenemos un sistema de desempleo pensado para el mercado laboral en el que la gente se tiraba 20 años trabajando en el mismo lugar y eso ya no ocurre”, explica Raül Segarra. El aumento de la rotación en el trabajo está cambiando el mercado y dificulta el acceso a las prestaciones. “El empleo que se genera es muy precario, con salarios más bajos, y dura muy poco tiempo. Así, es difícil trabajar el tiempo suficiente para generar una pensión contributiva”, explica.

Casi la mitad de parados sin prestación

Al cierre de 2017 había 3,8 millones de parados, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Del conjunto de desempleados, solo algo más de la mitad (un 58,6%) cobraba algún tipo de prestación. Esta tasa de cobertura del sistema de desempleo ha ido cayendo en los últimos años, tras el pico de casi el 80% del año 2010, como advierte el estadístico.

Además, la protección que otorgan estas prestaciones es cada vez menor: mientras que en el inicio de la crisis predominaba el número de parados que cobraba la prestación contributiva (la llamada “prestación por desempleo” o “paro”), su incidencia ha ido cayendo hasta suponer solo el 40% del total de prestaciones. Si pensamos en el total de desemplados, solo alcanzan al 20%. Esta pensión depende del tiempo que hayas trabajado y la base de cotización y tiene una cuantía media de de 828 euros. El resto de las prestaciones son pensiones asistenciales, “que rondan los 430 euros, que no supone riesgo de pobreza, es que es directamente pobreza”, afirma Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. Entre ellas, figuran el denominado plan Prepara y el subsidio para mayores de 55 años.

La sindicalista recuerda que no es solo el sistema, en abstracto, el que no ha cubierto las necesidades generadas por la crisis y señala “los recortes del Gobierno, que cuando subió el paro hizo lo contrario de lo que se necesitaba, recortó las prestaciones”. Barrera recuerda que, junto a la reforma laboral de 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dificultó el acceso a algunas prestaciones, por ejemplo con la inclusión del “criterio de renta familiar, que puede dejar a desempleados sin prestación por los ingresos en el hogar familiar”.

Raül Segarra advierte también de que el Ejecutivo rebajó la cuantía de la prestación contributiva pasados los primeros seis meses “de un 60 a un 50%” y el IPREM –un indicador que sirve para calcular varias prestaciones sociales– “está prácticamente congelado desde hace años”. Mientras que el salario mínimo y los precios suben, el IPREM se mantiene en los 537,84 euros. Que no aumente esta cantidad es muy relevante para los desempleados ya que, por ejemplo, la cuantía mínima de la prestación contributiva para un trabajador sin hijos a cargo es ,del 80% del IPREM“.

Alerta: parados de larga duración

Segarra destaca que uno de los factores que más explica la merma de la protección de los desempleados es el aumento del número de parados de larga duración, los que superan el año sin encontrar un empleo. Del total de 3,8 millones de personas en paro, más de la mitad (1,9) llevan más de un año en esta situación. De ellas, la inmensa mayoría, 1,4 millones, llevan más de dos años en desempleo (son lo que se conoce como 'parados de muy larga duración'). Mari Carmen Barrera insiste en que a estos habría que sumarles los que desisten de buscar empleo y salen de las estadísticas de población activa. “Probablemente ese 50% de pobreza sería aun peor”, calcula.

Estas personas van agotando las prestaciones contributivas –si tuvieron acceso a ellas– y pasan a depender de ayudas de menor cuantía en los casos en los que cumplan los requisitos de vulnerabilidad exigidos. Cuando agotan las prestaciones específicas de desempleo, pueden optar a las rentas mínimas de las comunidades autónomas, que presentan grandes diferencias según los territorios. “A partir de ahí, se abre un planteamiento de país, en el que plantearse qué gastos se está dispuesto a hacer para proteger de la pobreza a estas personas. Están los debates sobre ingresos mínimos y rentas básicas”, argumenta Segarra.

Otra de las piedras en nuestro sistema de desempleo es la escasa labor de orientación de las oficinas públicas de empleo, que ha perjudicado la reinserción de los parados de larga duración, como colectivo más vulnerable. Un estudio de Fedea alerta de que “la evidencia disponible indica que el éxito de los programas de reinserción depende de la capacidad de ofrecer los con una atención individualizada e intensiva durante períodos relativamente largos”, algo que en el caso de España es “muy limitado, tanto por las restricciones presupuestarias como por la escasa eficiencia de los servicios públicos de empleo”.

Otro informe de la entidad da cuenta de que el presupuesto para las políticas activas de empleo (PAE) y, en particular, “la financiación de las políticas de formación dirigidas a los desempleados sufrieron considerables recortes durante la crisis, al contrario que en la mayoría de los países del norte de Europa”.

Ante este escenario, desde UGT advierten de que no exageran cuando alertan de que “los desempleados en España no tienen derechos”. Sin restar importancia a la protección específica de las personas en paro, Carlos Susías pide no desvincular ni fragmentar la pobreza, como suele ocurrir al hablar de pobreza infantil o pobreza energética. En este sentido, los recortes en las ayudas de libros, de transporte y a las familias durante la crisis también han afectado a los desempleados. “Al final es pobreza. Ha sido un círculo virtuoso, en este caso, penoso, que ha ido perjudicando a las familias”, sostiene. Segarra puntualiza que, pese a la recuperación, la protección de los desempleados no ha mejorado “con lo que es posible que no se trate solo de una consecuencia de la crisis sino de un problema estructural”.