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Los socios de Gobierno chocan en una reunión por el Índice de Precios de Referencia de los alquileres

Finalizan las obras de 73 viviendas en Villa de Vallecas.

Cristina G. Bolinches / Daniel Yebra

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Nuevo choque en el Gobierno de cualición sobre Vivienda. En esta ocasión, por el Índice de Precios de Referencia de los alquileres en las zonas tensionadas que el Ministerio encabezado por Isabel Rodríguez presentó la semana pasada. Un índice que, de momento, solo entrará en vigor en Catalunya la única comunidad autónoma que ha querido declarar estas áreas con precios disparados.

Este martes se ha producido un encuentro entre representantes del ministerio de Vivienda y de Sumar donde, según diferentes fuentes consultadas, se han puesto en evidencia las diferencias respecto a cómo aplicar este índice, que en realidad es más un rango de precios, máximo y mínimo, que indica lo que debería costar un inmueble en arrendamiento en función del territorio, de dónde esté ubicado y de las características del mismo. “No todas las viviendas son iguales”, aseguró el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, al presentar el índice. “Hay posibilidades que permiten que arrendador y arrendatario puedan negociar”. Aquí se puede consultar el índice o rango.

Fuentes del Ministerio y Agenda Urbana explican que la reunión de este miércoles era de carácter “tecnico”, para explicar el funcionamiento y las fórmulas científicas que regulan ese índice. Y descartan cualquier opción de que este pueda cambiarse. “En ningún momento se ha abierto la puerta de posibles modificaciones sobre la configuración del índice actual”, recalcan.

Un rango que despierta “recelos”

Por otro lado, otras fuentes conocedoras de la reunión indican que los socios más a la izquierda del Gobierno de coalición han reiterado los recelos sobre el nuevo índice de precios para el alquiler que habían advertido ya en público.

“La ley actual establece mecanismos que pueden ser de mucha ayuda pero hay que atreverse a usarlos con contundencia. Este índice de precios no va por ese camino, pedimos al PSOE y al Ministerio que rectifiquen”, dijo el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, tras conocerse los detalles del nuevo indicador, a finales de febrero.

Según las mismas fuentes, de momento no se ha profundizado más. Es decir, Vivienda y Sumar solo han enfrentado posturas.

Errejón también indicó en el Congreso las horquillas de rentas eran “demasiado altas” y no van a servir para bajar los precios. “Hay una ley de vivienda aprobada en 2023 que queremos que se lleve a las últimas consecuencias”, afirmó.

Errejón también apuntó que la vivienda es un tema “central” en esta legislatura para el grupo parlamentario y advirtió al PSOE de que en esto “no se puede titubear”. “Con el derecho a la vivienda de los españoles no se puede titubear. Equivocarse en esto puede comprometer el resto de avances sociales”. Y puso un matiz, porque indicó que había tiempo para “negociar”.

En vigor en unos días

El índice se presentó la semana pasada, pero hasta la próxima no entrará, previsiblemente, en marcha. El secretario de Estado de Vivienda indicó a los medios que se tenía que abrir “un proceso de 10 días porque tenemos que salvaguardar lo establecido en la legislación, dar tiempo, y transparencia”, justificó sobre esos diez días hábiles. “Hoy se publicará y habrá ese plazo. Inmediatamente después, en uno o dos días, estará en vigor”. ha indicado. Es decir, el 13 o el 14 de marzo. Antes, matizó, la Generalitat de Catalunya tendría que detallar un plan de medidas para rebajar los alquileres en esa zona tensionada, vía políticas de oferta, fiscales o de ayudas.

Nacho Álvarez, ex portavoz económico de Sumar desde la campaña electoral de julio de 2023 hasta noviembre, señala que para él “un primer paso clave es que realmente se aplique la ley de vivienda que se aprobó. Vamos a ver qué impacto tiene en Catalunya, porque su ejemplo podría ser muy útil para el resto de comunidades”.

El también ex Secretario de Estado de Derechos Sociales en el anterior Gobierno de coalición, que ha vuelto a su plaza de Profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, incide en que “el Gobierno debería emplazar fuertemente a las comunidades del PP a poner en marcha la ley”. De momento, ninguna otra región se ha mostrado a favor de poner en marcha las zonas tensionadas.

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