Teresa Ribera y José Luis Escrivá ultiman el suministro mínimo vital de energía para los más vulnerables

Es una de las medidas que ultima el Gobierno para tratar de mitigar el impacto de la escalada del precio del mercado mayorista de electricidad sobre la factura de la luz de los hogares más desfavorecidos: establecer lo que el Ministerio para la Transición Ecológica denomina “suministro mínimo vital”, una especie de ampliación del ingreso mínimo vital (IMV) que tenga en cuenta el gasto en energía de los más vulnerables.

Esta medida de cobertura social, definida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “consumo mínimo vital” en una entrevista a El País el pasado fin de semana, lleva años sobre la mesa del Ejecutivo. Ahora y, en palabras de la vicepresidenta Teresa Ribera, “ocurra lo que ocurra con el escudo social”, que prohíbe cortar el suministro por impago, ha llegado el momento de ponerla en marcha. Más aún con vistas a un invierno que se prevé complicado ante el espectacular encarecimiento del denominado pool eléctrico, impulsado por el precio de gas, que está disparado.

La medida la están terminando de perfilar el departamento de Ribera y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá. La intención es incluirla en el paquete normativo que va a aprobar en las próximas semanas el Consejo de Ministros.

Ese suministro mínimo vital consiste, según explicaba la vicepresidenta tercera en una entrevista con elDiario.es, en que a esos hogares vulnerables “les quede siempre un mínimo garantizado por parte de los proveedores de electricidad”: “mantener un mínimo de suministro eléctrico en sus hogares” y “garantizar” que “no se queden sin nada”.

“Por ahora, gracias al escudo social”, que prohíbe los cortes de suministro hasta el 31 de octubre, esta situación no se ha planteado. Pero “es importante trabajar para que ocurra lo que ocurra con el escudo social [que fue prorrogado por última vez en agosto], esta situación pueda ser paliada a través de esa figura del suministro mínimo vital”, explicó Ribera.

“Potencia mínima de confort”

Su Ministerio trabaja “para garantizar una potencia mínima de confort para los vulnerables severos, que ahora están cubiertos por el bono social eléctrico y el bono social térmico, y también por el escudo social que hemos impulsado en estos meses tan duros por la pandemia”, indica Transición Ecológica.

Esta figura persigue garantizar que no se corte ese suministro mínimo de energía para quienes pueden beneficiarse del Bono Social Eléctrico y que tienen un contrato, pero también para aquellas que no lo tienen (por ejemplo porque en su vivienda están subarrendados) y que ya reciben el IMV. “Estamos trabajando en ello para poder aprobarlo cuanto antes”, indican esas fuentes.

En la actualidad el bono social de la luz lo pagan las comercializadoras eléctricas y el bono social térmico (una ayuda para sufragar los costes de energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina) se financia vía Presupuestos. Pero el combate contra la pobreza energética va a recibir más fondos. El proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Congreso para recortar los ingresos extra de las hidroeléctricas y nucleares por el encarecimiento del CO2 (que no soportan, pero les beneficia porque eleva el coste del mercado mayorista) prevé destinar un 10% de los ingresos obtenidos a ayudar a los vulnerables severos.

Algunas fuentes conocedoras de los planes del Gobierno apuntan que en la definición de ese suministro mínimo vital estaría también que el gasto en electricidad de las familias más vulnerables funcione como una desgravación en el cálculo de sus ingresos para poder acceder al IMV. Esto supondría que más familias se pudieran acoger a esta renta mínima estatal. Otras fuentes aseguran que esa opción se descarta.

Una de las problemáticas que está analizando el Gobierno es la de que las personas que más necesitan estas medidas de apoyo, y que pueden estar ya recibiendo el IMV, muchas veces no son titulares de los contratos de electricidad asociados a sus viviendas. Por ejemplo, el contrato es del propietario del inmueble y esas familias están subarrendadas, y reciben cobertura de los servicios sociales de los ayuntamientos o entidades del tercer sector. Y en estos casos puede ser complejo contactar con la comercializadora. Es uno de los aspectos en los que se está trabajando.

El IMV, creado en 2020, es una renta que oscila entre los 469,8 euros y los 1.033 mensuales en doce pagas, en función de la tipología de hogares. Esta ayuda la reclamaba Bruselas desde hacía años y solo había alcanzado en junio de 2021 (cuando se cumplió un año desde su puesta en marcha) a 725.000 hogares, un tercio del objetivo de 2,3 millones que se fijó el Gobierno cuando se puso en marcha.

Una vieja promesa

Este suministro mínimo es una vieja promesa. Figuraba en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, que prometía una “reforma profunda” del bono social de la luz, que ofrece descuentos a determinados colectivos, como hogares con bajos ingresos y familias numerosas, para “permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía”.

También estaba recogido en la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética 2019-2024 que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en abril de 2019, entonces, sin Unidas Podemos como socio. Esa estrategia preveía ponerlo en marcha atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad. Entonces tenía fecha de caducidad y su duración se limitaba a un plazo de cuatro meses. Ese es el periodo que en principio está sobre la mesa, con posibilidad de establecer prórrogas.

Ese plazo empezaría a contar una vez transcurridos los cuatro meses que fija la legislación para poder cortar la luz a un cliente vulnerable desde el primer requerimiento de pago de la factura eléctrica por impago. 

“Finalizado ese plazo sin que haya regularizado su situación, podrá interrumpírsele el suministro”, señalaba la citada estrategia. El documento proponía reducir entre un 25% y un 50% la pobreza energética en el periodo 2019-2024. Este problema ha aumentado como consecuencia de la pandemia y la actual crisis de precios de la luz, tras la mejora registrada en el año previo a la llegada del coronavirus.

También el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) aprobado y remitido a Bruselas el año pasado prometía este suministro mínimo vital, “de manera que se impida que durante un periodo de tiempo el suministro de los hogares más vulnerables pueda verse interrumpido”, y contando con los servicios sociales, que son “quienes tendrán que aplicar el principio de precaución” asociado a él.

El PNIEC recogía la creación de “un nuevo bono social energético, otorgado en base a criterios de renta disponible” que podrían “verse relajados para determinadas categorías de consumidores especialmente vulnerables, y prestando especial atención a los hogares en los que haya menores”.

En enero, Ribera anunció en el Congreso una reforma del bono social, que se otorga a las familias numerosas sin ninguna distinción sobre su nivel de renta, para que este beneficie a “quienes más lo necesitan”.

“Necesitamos consolidar y ampliar el bono social eléctrico concentrándonos en quienes más nos necesitan” y “entender si las categorías previamente establecidas en el año 2017 de consumidor vulnerable se corresponden realmente con quienes más lo necesitan”, explicó. “A veces nos encontramos con que no necesariamente es así y si cruzamos información de renta y patrimonio podemos estar dando cobertura a personas que pueden manejarse mejor y dejando a un lado recursos que podrían destinarse a colectivos particularmente necesitados”.