La Audiencia Nacional ordenó ayer investigar al Banco Santander por irregularidades en la comercialización de Valores Santander, un producto de inversión que la entidad vendió a 129.000 de sus clientes en 2007 y que les llevó a perder gran parte de su inversión cuando finalizó el plazo, en 2012. La decisión se produce tras la admisión, por parte de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de un recurso avalado por 33 afectados en contra de un auto del juez Ismael Moreno que el 14 de abril había decidido archivar la causa.
Pero estos no son los únicos que piden responsabilidades penales al banco presidido por Emilio Botín. El juez Ismael Moreno tiene entre manos una segunda querella de otra veintena de afectados, cuyo futuro estaba condicionado a la primera. “Si esta era desestimada, la segunda querella no tenía futuro, pero si la aceptaban, como la segunda tiene las mismas bases jurídicas, lo más probable es que ambas se acumulen”, explica Esther Arroyo, responsable del despacho de abogados que ha representado a los afectados.
De ser así, ya serían medio centenar de personas las que exijan que la Justicia verifique un proceso, que como ha venido contando eldiario.es ha estado plagado de irregularidades. Desde cláusulas de confidencialidad hasta firmas falsas, pasando por la venta de los contratos antes de ser aprobados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Incluso, este organismo ya sancionó en febrero al Banco Santander con una multa de casi 17 millones de euros por este caso.
La Justicia considera que hay indicios suficientes para pensar que Banco Santander no proporcionó a sus clientes toda la información necesaria para evaluar adecuadamente el riesgo que implicaba la suscripción de Valores Santander. En principio, el producto emitido en octubre de 2007 estaba condicionado a la compra, por parte de la entidad presidida por Emilio Botín, del banco holandés ABN Amro. En función de lo que ocurriera, podían ganar más o menos dinero y, tras cinco años de inversión, se les ofrecía convertir sus títulos en acciones de Banco Santander.
ABN Amro fue adquirido por Santander poco después de la emisión. Además, la crisis, que ya se había desatado en verano en EEUU, hundió los mercados y la acción de Banco Santander. La combinación de condicionantes no pudo ser peor para quienes compraron los Valores Santander.
“El problema es que nosotros consideramos que ese evento no era una condicionalidad, sino que el banco sabía con seguridad que iba a comprar ABN Amro. Los Valores Santander estaban diseñados para captar el dinero necesario para abordar esa compra. Es decir, ya sabían que no iban a poder devolver el dinero y por eso se inventaron los bonos convertibles”, explica Arroyo.
Ahora, los afectados piden que los jueces vayan más allá y que identifiquen si estas irregularidades fueron generalizadas y, en su caso, identifiquen quién debe asumir responsabilidades. El auto considera especialmente sospechoso que Banco Santander fuera capaz de colocar en apenas nueve días hábiles un total de 7.000 millones de euros entre 129.000 clientes; y que todos ellos hayan perdido entre el 30% y el 50% de su inversión (dependiendo si se descuentan o no los intereses obtenidos en ese periodo) entre 2007, cuando se lanzó la emisión, y octubre de 2012, cuando se convirtieron finalmente los valores en acciones.
El secretismo con el que se ha envuelto el caso impide saber a qué número de querellas se puede enfrentar la Audiencia Nacional. Fuentes judiciales consultadas consideran que, en caso de que hubiera más querellas similares, “si tienen las mismas bases deberían adjuntarse a la que aprobó ayer la Audiencia Nacional”. Pero nadie es capaz de calcular cuántos de los 129.000 afectados han recibido ya compensación económica por parte del banco, cuántos están en trámite y cuántos estarían dispuestos al riesgo y al coste económico que implica acudir a la vía penal.
Cuatro años de movilización y muchas horas de redes sociales
El desconocimiento del caso era tal que ni los propios afectados fueron conscientes de que podían ser víctimas de un supuesto engaño masivo. Mientras los medios de comunicación denunciaban, una y otra vez, los abusos cometidos con las preferentes, de este tema no hablaba nadie. Entre otras cosas porque el banco se había encargado de negociar, para devolverles el dinero y exigirles cláusulas de confidencialidad, con aquellos cuyos perfiles no eran de riesgo y sus casos eran más extremos.
Todo cambió cuando el Juzgado de Primera Instancia de Alicante dio la razón sobre este caso a Jorge Segura, un cliente de Esther Arroyo. Fue la primera sentencia contra Valores Santander. Él continúa con la lucha ya que, apelación tras apelación, el caso ha llegado al Tribunal Constitucional. “Pero la publicidad que se dio a aquella primera sentencia hizo que muchos de los afectados se dieran cuenta de que ellos no habían sido los únicos y comenzaron a organizarse en las redes sociales”, comenta la letrada.
Y así, a golpe de click, de contactos a través de diversos grupos de Facebook, de rumores encontrados en Twitter y al abrigo de lo que iba ocurriendo con las preferentes, los más aguerridos decidieron apostar por la vía penal. “No solo hay perfiles de gente sin formación, también hay gente muy formada que, dada la complejidad del producto y la confianza que tenían en los comerciales del banco, no fueron capaces de detectar el riesgo financiero en el que incurrían”, explica Arroyo.
El problema que tenían los abogados para defender a los afectados es que, en contra de lo ocurrido con las preferentes, el diseño técnico de Valores Santander fue formalmente mucho más correcto, ya que la información estaba incluida en un folleto que aprobó la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por eso, ante los jueces el banco solía descargar millares de folios justificando la emisión, y “eso ha paralizado a más de un magistrado”, según explican fuentes jurídicas a eldiario.es.
Lo difícil era, según explican estas fuentes, justificar que la mayoría de los afectados nunca tuvo esa información en sus manos antes de suscribir el producto. Y eso es precisamente lo que buscan que investigue ahora el juez Ismael Moreno.
A última hora de la tarde, Santander no se había pronunciado ante el anuncio de la investigación por parte de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el banco remitió una nota a las agencias de comunicación para expresar la contrariedad del presidente, Emilio Botín, con las críticas del presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, al Banco de España por su actuación durante la crisis financiera. El mismo que, al igual que la CNMV, no puso pegas a los Valores Santander.