«No es un pisito, es un apartamento con muebles», explica Esteban González Pons. Se refiere a la vivienda alquilada que el PP le paga en Madrid. «La mayoría de las empresas cuando tienen personal desplazado ayudan con el alojamiento», termina de rematar el vicesecretario general del PP en una entrevista con Marta Nebot. En su argumentación para defender lo indefendible, González Pons olvida cuatro datos que conviene recordar.
El primero, que su señoría ya recibe una ayuda para el alojamiento como personal desplazado. La paga el Congreso y son 1.800 euros al mes. Es un plus que cobran todos los diputados que no son de Madrid y que se pensó para compensar los gastos añadidos de aquellos que no tienen casa en la capital. Es cierto que el Tribunal Supremo ha sentenciado que no es ilegal que un diputado cobre ese plus incluso si se tiene una vivienda en Madrid, pero sus señorías deberían recordar que en política los límites no son solo los del delito: que también existe la ejemplaridad.
El segundo, que el PP no es una empresa privada. El 90% de sus ingresos declarados proviene de las subvenciones públicas: del mismo dinero de los contribuyentes que ya paga el sueldo en el Congreso de González Pons. Su trabajo como diputado, además, exige dedicación exclusiva. Y por mucho que se disfracen, los sobresueldos y pagos en especie quiebran el espíritu de esa ley.
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