Cuesta imaginar un monumento más perverso que el Valle de los Caídos. Un mausoleo funerario faraónico, levantado por mano de obra esclavizada por una dictadura, donde están enterradas contra la voluntad de muchas de sus familias 33.000 víctimas de esa misma dictadura. Y como guinda de ese siniestro pastel, la tumba del propio dictador: un genocida enterrado con honores sobre los huesos de la matanza que él mismo provocó.
Imaginen, es un suponer, que en Alemania existiera un monumento así, en honor al cadáver de Adolf Hitler, levantado por mano de obra esclava sobre los osarios de los campos de concentración. O en Italia, para Mussolini. O en Chile, para la momia de Pinochet. O en cualquier otro país democrático de todo el planeta Tierra. Porque no hay ni una democracia digna de tal nombre que mantenga un mausoleo así, pagado por el dinero de todos, en honor de un sangriento dictador.
Cada día de todas estas décadas que el cadáver de Franco ha permanecido y aún permanece allí, honrado con misas diarias por su alma, venerado sobre los muertos que su régimen genocida asesinó, han sido una mancha horrenda para la democracia española. La prueba de que España era diferente a esos países europeos a los que queríamos imitar. Un lugar donde miles de víctimas de la dictadura eran humilladas por una democracia que, durante décadas, las despreció.
44 años tras su muerte, al fin los familiares de las miles de víctimas del franquismo lograrán una mínima reparación. Imaginen ser una de ellas. Una de las decenas de miles de personas cuyos familiares fueron asesinados por el franquismo en una cuneta, que fueron trasladados a Cuelgamuros contra su voluntad, y que hoy están enterrados allí. Imaginen qué es tener los restos de tu abuelo, de tu padre o de tu tío en Cuelgamuros, en un centro de peregrinación del fascismo mundial. No poder depositar unas flores en su tumba. No poder enterrarle en otro lugar porque sus huesos están mezclados con los de miles de víctimas más. Y que en lo alto de ese siniestro monumento esté glorificado el genocida que los asesinó.
Cuatro décadas de democracia. Dos años desde que el Congreso de los Diputados aprobó sacar al cadáver de Franco de allí. El tiempo da la medida de muchas cosas y, en este caso, de la enorme sombra que la dictadura aún proyecta sobre nuestro país.
Franco está muerto, pero una parte del franquismo no lo está. Y lo difícil que ha resultado para un gobierno democrático cumplir con el mandato de un parlamento democrático y sacar los restos de Franco de ese puesto de honor, explica muchas cosas. Una parte del franquismo sigue vivo, y por eso tocar sus símbolos genera unas resistencias así. Franco saldrá del Valle de los Caídos, pero el juez José Yusty seguirá en su juzgado.
La decisión del Tribunal Supremo no podía ser otra: un presidente democrático, un gobierno democrático y un parlamento democrático están por encima del capricho de una familia, por mucho que esa familia crea seguir siendo la dueña del país. La ley se ha cumplido de principio a fin. La aplicación de esta sentencia –por mucho que haya quien critique al Gobierno en funciones y a Pedro Sánchez de electoralismo– no se debería retrasar más, menos aún después de los enormes retrasos que este traslado acumula ya.
“La democracia ha sido generosa con la familia Franco”, decía Zapatero. Y tenía toda la razón. Aún mantienen el botín robado, la fortuna que el dictador corrupto acumuló: más de 400 millones de euros, calculan algunos investigadores. Pero más que generosa, la democracia lo que ha sido es cobarde, asustadiza y olvidadiza ante un problema que Suárez ignoró, que Felipe ignoró, que Aznar ignoró y que solo Zapatero con la ley de Memoria Histórica y ahora Sánchez con esta decisión se han atrevido a afrontar.
Ni aquella ley de la Memoria Histórica ni esta exhumación de Franco son suficientes. Aún quedan muchos problemas por resolver. Seguirán pendientes mientras la derecha española no rompa definitivamente con su pasado franquista. Es algo que parece aún difícil de lograr, entre otros motivos, por la competencia con Vox por el voto y el discurso de ultraderecha. Es terrible ver a Pablo Casado y Albert Rivera cuestionar a Pedro Sánchez por la exhumación cuando esa decisión parte de una votación por mayoría absoluta en el Congreso, donde el PP y Ciudadanos se abstuvieron. “No era urgente”, decían, ya que no se atrevieron a votar que no. No era urgente, 44 años después.
La familia de Franco ya ha anunciado que no se rendirá. Sus abogados van a recurrir la decisión del Supremo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Es de una hipocresía difícil de superar: los Franco reivindicando la Constitución democrática y los Derechos Humanos. Los mismos principios que el sangriento dictador pisoteó.