España compite con Alemania por un lucrativo contrato militar: 200 carros de combate Leopard para la tiranía saudí. Son 3.000 millones de euros pero tranquilos, que Alemania lleva las de perder. Su gobierno tiene algo que no tiene el nuestro: principios éticos, respeto por los derechos humanos, algo de integridad. “El principal problema de Alemania es el propio parlamento alemán, que no es muy partidario”, dijo este lunes en la SER el ministro Morenés. No explicó toda la verdad. El Bundestag alemán no aprobó la venta de tanques a Arabia Saudí porque su legislación prohíbe armar a países que pisotean los derechos humanos. Nuestra ley también lo impide: no se pueden vender armas a países “en situaciones de violación de derechos humanos”, pero tanto nuestro parlamento como nuestros tribunales parecen tener poco que decir.
Cada vez que el ministro de Defensa habla, deja claro de dónde viene y adónde va. “Es complicado el asunto de las armas, tienen una connotación agresiva”, dijo en voz alta Morenés en una frase para enmarcar. “Nada es perfecto en política”, argumentó para justificar que España venda armas a países que pisotean los derechos humanos. Es el mismo ministro que ha sido presidente en España de MBDA, uno de los mayores fabricantes de misiles del mundo. Y presidente de Segur Ibérica, una empresa de seguridad privada con contratos con su actual ministerio. Y presidente de Kuitber, una consultora del sector de la defensa y la seguridad. Y consejero de Aritex, una empresa que diseña componentes para aviones militares. Y consejero de Instalaza, una fabrica zaragozana de bombas de racimo: las mismas bombas que el coronel Gaddafi usó contra su población.
Que un fabricante de armas llegue a ministro de Defensa lleva el concepto de la “puerta giratoria” a una nueva dimensión. No son más que ventajas… para el sector. En estos tiempos en los que no hay dinero para nada, Morenés ha conseguido del Gobierno un crédito extraordinario de 1.782 millones de euros para los fabricantes de armas. Ironías de la vida, es una cifra ligeramente superior a la que España necesitaría para rescatar a las familias desahuciadas. ¿Queda clara cuál es la prioridad?
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