¿Qué nota sacaría el Consejo de Ministros en ese estudio de la OCDE sobre la comprensión lectora y las habilidades matemáticas de los adultos? A juzgar por sus últimos patinazos, un suspenso rotundo. Primero fueron los Presupuestos Generales del Estado: un «error» en los números disparó el cálculo de la deuda en 10.000 millones de euros. Después fueron los salarios: el maravilloso Cristóbal Montoro presumió de que en España los sueldos siguen creciendo, para pasmo de cualquier ciudadano e incluso de la propia patronal. Y el viernes llegó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con su medio millón de parados españoles que, según sus sorprendentes cifras, se dedican a estafar a los demás. «Estoy hablando de personas que cobran prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente, trabajan en B», aseguró la vicepresidenta.
Los números: si Sáenz de Santamaría dice la verdad, casi uno de cada cinco parados que cobran el desempleo sería un defraudador. ¿La realidad? Que no llegan ni a un cuarto de la mitad de la mitad. Según las cifras del propio Ministerio de Empleo, solo hay 60.000 personas este año que hayan perdido su prestación. Y entre los sancionados, la mayor parte lo son por problemas administrativos, que nada tienen que ver con trabajar fraudulentamente.
Al igual que los bancos o los casinos, el Gobierno siempre se equivoca con los números a su favor.
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