“Ofensa es lo que es ofensivo”, asegura muy serio el ministro del Interior al explicar su reforma de la ley de seguridad ciudadana. En su inconsciente homenaje a Forrest Gump («tonto es el que dice tonterías»), Jorge Fernández cae en la madre de todas las tautologías. ¿Qué es una ofensa a España? Lo que ofenda al Gobierno o a la policía. Serán los antidisturbios, y no los jueces, quienes decidirán arbitrariamente qué pancartas, cánticos o actitudes son punibles durante una manifestación.
Para justificar esta reforma, el Gobierno pone como ejemplo comportamientos que ya son delito, sin necesidad de que las leyes cambien. La violencia en una manifestación ya está penada. Pero lo que incomoda al Ejecutivo de Rajoy no son las protestas violentas, sino las pacíficas: que los jueces estén aplicando la Constitución en vez del código ético del PP; que en esos escraches que Cospedal califica como «nazismo puro» la justicia solo vea el ejercicio de un derecho democrático.
Incluso la conservadora asociación de jueces Francisco de Vitoria, poco sospechosa de antisistema, ha comparado la reforma con la Ley de Vagos y Maleantes del franquismo. Los ciudadanos que intenten parar un desahucio -esa misma Plataforma de Afectados por la Hipoteca que ha sido premiada por Europa- serán multados con hasta 30.000 euros. Es la misma pena que recibirá quien insulte a la policía y bastará la palabra del agente para exigir el pago de la multa.
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