En defensa de la Corte Penal Internacional, contra la impunidad

Desde su creación en 2002, la Corte Penal Internacional (CPI) ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra la impunidad.

En su calidad de único órgano judicial internacional con jurisdicción para juzgar a los individuos responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y, más recientemente, crímenes de agresión, la CPI es sin duda un organismo de suma importancia para garantizar la justicia a las víctimas de los crímenes internacionales.

Si bien la Corte no ha abordado cuestiones consideradas demasiado delicadas para ciertos países con mayor peso internacional, ha habido pocos problemas --si es que los ha habido-- con su funcionamiento o el de sus fiscales. Lamentablemente, durante sus últimos dieciocho años de existencia, la CPI se ha enfrentado a una serie de retos y obstáculos. La escalada de hostilidad hacia esta Corte es resultado del reciente mandato de investigar los presuntos delitos cometidos por ciudadanos de Estados Unidos en Afganistán y la posibilidad de investigar los delitos cometidos en los Territorios Ocupados Palestinos y en Jerusalén oriental.

El pasado mes de junio, la Administración de Estados Unidos golpeó a la CPI con un decreto presidencial que permitía la congelación de los activos de varios de sus miembros, restricciones de viaje y la prohibición de interactuar con entidades financieras estadounidenses. Una medida sin precedentes, sin duda vinculada a las investigaciones de presuntos delitos en el territorio de Afganistán. Además, por si fuera poco, Mike Pompeo, secretario de Estado, anunció la semana pasada nuevas sanciones contra el Fiscal Jefe, Fatou Bensouda, y otros funcionarios clave del tribunal.

Por consiguiente, se trata de un ataque inaceptable contra la independencia e imparcialidad de la Corte Penal Internacional en un intento de socavar el sistema de justicia penal internacional. Los fuertes ataques contra la CPI y su personal no pueden pasar sin que haya una clara condena. Los ataques contra la CPI, así como la negativa a ratificar el Estatuto de Roma, constituyen amenazas inaceptables para el multilateralismo, representado por esta institución comprometida con el principio de responsabilidad universal, piedra angular de un sistema multilateral de protección de los derechos humanos.

Los Estados miembros de la Unión Europea deben movilizarse y apoyar sin reservas a a la CPI y a los valores que ésta representa.

Como miembros del Parlamento Europeo, reafirmamos claramente nuestro apoyo a la actividad de la Corte y su independencia. La CPI es la única institución internacional permanente con competencia para juzgar algunos de los crímenes más horribles y para defender a las víctimas en ausencia de cualquier otro órgano de apelación. Tenemos el deber de proteger su independencia e imparcialidad contra los ataques dirigidos a obstruir su funcionamiento. Ningún Estado, organización o individuo que pretenda defender el estado de derecho, la separación de poderes y el orden penal internacional puede permanecer en silencio.

El Alto Representante de la Unión Europea y varios Estados signatarios del Estatuto de Roma ya han expresado su apoyo a la CPI, condenando las recientes medidas del Gobierno de los Estados Unidos. Esperamos que otros sigan el ejemplo y tomen las medidas necesarias para apoyar a la Corte en su lucha esencial contra la impunidad.