Solidaridad “a la carta”: alojar, deportar o pagar para que otros lo hagan

14.000. Ese es el número de personas que quedaron a la intemperie después de que el campo de Moria ardiera hace dos semanas. El lugar es ahora cenizas, trozos de tela que habían hecho las veces de techos, cristales rotos y amasijos de hierro ennegrecidos. El campo, situado en la isla griega de Lesbos, tenía unas 3.000 plazas de capacidad. Sin embargo, hasta 25.000 personas refugiadas llegaron a establecerse en los alrededores de la estructura física del campo. Una semana después del incendio, 6.000 ya habían entrado en las nuevas instalaciones “provisionales”. Otras muchas se niegan a trasladarse a lo que es, de facto, una cárcel: protocolos de entrada y salida, rodeados de concertinas y con una gran presencia policial. 

Miles de hombres, mujeres, niñas y niños se aglomeran cada mañana en la entrada del nuevo campo, tras haber sido informados (o mal informados) de que de ello depende la tramitación de sus solicitudes de asilo. Tras horas hacinados, bajo el sol, van pasando a una primera carpa donde se les hace un test rápido de coronavirus. Hasta el pasado viernes (18 de septiembre), casi 200 de las 6.000 personas que habían sido reinstaladas dieron positivo. A partir de ese momento, son apartadas junto a sus familias para pasar la cuarentena. Las medidas que conocemos para evitar el contagio de la COVID19 tienen sentido en condiciones de higiene y salubridad normales, pero allí, sin poder mantener la distancia social, sin agua corriente y con una higiene insuficiente, el “protocolo” queda reducido a encerrar a estas personas tras un alambre de espinos. 

La semana pasada, varios miembros de la izquierda europea viajamos al lugar. Hasta aquel momento, ningún periodista, ninguna organización social y ningún profesional que asesora legalmente a las personas refugiadas en sus procesos de asilo habían podido visitar el campo. Mientras tanto, las autoridades griegas presumían de la rapidez con la que estaban construyendo el nuevo campo, al que llaman “temporal”, pero que todos saben que no lo será. El primer campo de Moria también lo era y permaneció abierto cuatro años hasta su incendio. ¿Alguien pensaba que el hacinamiento y las condiciones en las que vivían miles de personas no eran ya en sí una emergencia humanitaria? La improvisación caracteriza la gestión de un fenómeno que lleva años fuera de la lista de prioridades de la Unión Europea. Ahora, el ‘nuevo Moria’ son unas tiendas de campaña situadas en el litoral, en un enclave geográfico expuesto al viento y a la humedad.

Una gran decepción

En este contexto, el Pacto de Migración y Asilo anunciado esta semana por la Comisión Europea era una gran oportunidad para poner en marcha una verdadera política común, que hiciera valer el derecho internacional y los derechos humanos y que coordinara eficazmente los esfuerzos para lograrlo. Una ocasión idónea para acabar, en definitiva, con todos los Moria de Europa y evitar las muertes y las tragedias humanas de quienes intentan llegar a suelo europeo. Que respetase el derecho a migrar e hiciese valer los valores fundamentales que tanto decimos defender en Europa. Las expectativas fueron tan altas como la decepción. El cacareado “reparto equitativo de las responsabilidades” no es tal cuando lo que se propone es un “menú a la carta” para los Estados, que ahora podrán decidir entre alojar, deportar o financiar las deportaciones de otros. Quienes diseñaron el Pacto se equivocaron de objetivo al hablar de “solidaridad”: no era con el Grupo de Visegrado con quien había que desplegarla. En Moria todavía la están esperando. En los países del sur, también.

Dice la Comisión Europea que el nuevo mecanismo de asilo “permitirá agilizar la toma de decisiones”. El llamado screening o examen al que serán sometidas las personas migrantes permitirá conocer en apenas unos días quién deberá acceder al procedimiento de asilo y quién al de “retorno”. Poco se ha hablado hasta la fecha de las garantías –como la asistencia jurídica– de este mecanismo acelerado. Se sabe poco también sobre los protocolos y medidas específicas que se aplicarán en los casos de menores no acompañados, o de mujeres que puedan haber sido víctimas de trata con fines de explotación, por poner dos ejemplos. 

Lo que sí sabemos es que la ‘nueva’ política migratoria está abocada a fracasar en el objetivo de poner fin a las muertes en el Mediterráneo, mientras no se habiliten vías de acceso legales y seguras –solo así lograremos evitar la acción de las mafias– y se dediquen recursos suficientes a un servicio europeo de salvamento marítimo. Conocemos también el énfasis del Pacto en el blindaje de fronteras –y no en el fin de las situaciones de violencia que se dan en ellas– y el papel que jugará Frontex en todo ello. Está por ver, eso sí, el grado de transparencia con que afrontará su labor. Y sabemos, porque se ha escuchado varias veces, que los “partenariados” con terceros países son una de las piedras angulares de la propuesta. Las organizaciones de derechos humanos saben bien qué significa esto, porque llevan años denunciando las vulneraciones de los mismos derivadas de la firma de pactos migratorios con Turquía, Libia o Marruecos.

Cambio en la política exterior 

Precisamente, la política hacia estos y otros países de la vecindad europea apunta a otra carencia comunitaria: la necesidad de un cambio radical en su política exterior. 25 años después del Proceso Euromediterráneo de Barcelona (cuyo objetivo era “la creación de un espacio de paz, prosperidad compartida y diálogo en la región”) y 17 años desde el inicio de la política de vecindad, cada vez más países en nuestras fronteras están en peor situación: guerras, estallidos sociales, pobreza, violencia sexual… Y las consecuencias llegan a nuestras orillas. También desde el inicio de la gran crisis de refugio de 2015 estamos en peor situación, con países europeos en bandos enfrentados de guerras interminables, como sucede con Italia y Francia en Libia. También es muy preocupante la escalada de tensiones entre Grecia y Chipre con Turquía en el Mediterráneo Oriental. En otros casos, como Siria y Palestina, la UE está fuera de juego como actor relevante.

Por todo ello, es urgente apostar por el mutuo desarrollo económico y ecológico en vez de explotar territorios y recursos forzando a millones de personas a buscar lejos de sus casas una vida mejor. Debemos cesar los interminables conflictos militares yendo a la raíz de los conflictos y con políticas basadas en la seguridad humana y la equidad de género. También hay que desarrollar políticas de cooperación y solidaridad desvinculadas de la securitización, que tantas veces se ha mostrado peligrosa y contraproducente.

La Unión Europea se enfrenta ahora a la reconfiguración de las relaciones geoestratégicas que mantiene con su entorno y a la redefinición de su razón de ser. Tenemos retos, deberes y obligaciones con el derecho internacional y con los tan invocados “valores de la UE”. El primero de ellos, recogido en el artículo 2 del Tratado de la UE, es el de la dignidad humana. Tenemos que actuar hoy, ahora. En Moria, en Calais, en Quíos, en Samos. No podemos mirar al futuro viendo el sufrimiento y la muerte pasar.