Series televisivas como 'House of Cards' o 'Baron Noir', ambientadas en escenarios políticos, describen prácticas corruptas y conspiraciones. Más espectacular que esas ficciones resultan la trama y el desenlace de la sesión del Congreso de Diputados celebrada el 3 de febrero, donde se sometió a refrendo una medida de gran alcance social: la reforma laboral. Cuesta imaginar que partidos progresistas en los que se apoya el Gobierno de izquierdas combatan y voten con la extrema derecha en contra de la propuesta. Hace falta mucha imaginación para presentir que dos diputados dispuestos a inclinar la balanza a favor del sí, en realidad votaran no, mintiendo a su propio partido, al Gobierno y a la prensa, tras confabularse con la derecha extrema que conspira para que fracase la reforma y así desestabilizar al Gobierno.
La situación se torna tan compleja que al redactar el guioon no queda más opción que salir de ese callejón matando al protagonista. El desenlace veraz es un caso similar al de una muerte accidental: un diputado de la oposición de derechas, fontanero de partido para más señas, se equivoca de botón y salva la reforma laboral. La serie tiene tal éxito mediático que va a continuar. En el siguiente episodio el error humano se achaca a un fallo informático, dando opción a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional que, por cierto, está en funciones y es favorable al partido de la derecha que aspira a ser alternativa de gobierno, si consigue el apoyo de una extrema derecha tan imprevisible como la incoherente izquierda. Para realizar esa serie basta el guion elaborado por elDiario.es, basado en el Diario de Sesiones del Congreso de Diputados.
Los partidos del denominado bloque de investidura que votaron en contra de la reforma preferían que se aprobase. Más que negativa la consideraban insuficiente. Más que el contenido rechazaban su aplicación mediante un procedimiento legislativo que no admite enmiendas. Optaron por combatirla para expresar su enojo, sin tomar en consideración el alcance que podría tener su arriesgada decisión. El momento de dar a conocer el resultado de la votación resulta revelador: cuando la presidenta del Congreso anuncia por error que se había rechazado la reforma, no aplauden. Confiaban en que, pese a su voto negativo, se aprobase. Tanto a Rufián (ERC) como a Esteban (PNV) les delata el gesto de sobresalto, idéntico al que se aprecia en la bancada del Gobierno. Votar diferente a lo deseado no es inusual. Durante el bipartidismo la izquierda radical votaba a IU o se abstenía, esperando que ganase el PSOE, al ser considerado un mal menor. El Brexit es un buen ejemplo de resultado inesperado, en este caso con repercusiones negativas.
Por si cabía alguna duda respecto al futuro del bloque de investidura, todas las partes, tanto si han votado a favor o en contra de la reforma, insisten en que ese desencuentro no altera las relaciones previas. Significa que excepto el tándem PP-Vox nadie quiere elecciones anticipadas. Pero declaraciones enconadas dejan secuelas y el atrincheramiento marca distancias. Las diferencias entre partidos estatalistas y nacionalistas se han agudizado, aunque hasta las próximas elecciones generales esa entente será el muro de contención que frene la ofensiva del españolismo más rancio, del neoliberalismo rampante y del nacionalcatolicismo.
El agridulce triunfo de la reforma laboral, facilitado por al error de un diputado del PP, merecedor de la Medalla al Mérito en el Trabajo, tiene el mismo significado que ganar una guerra: todas los bandos pierden. La derecha se ha derrotado a sí misma. La izquierda utiliza tácticas fallidas: el divide y vencerás del sector negacionista ha estado a punto de provocar una catástrofe. Confiar en el sentido de la responsabilidad del bloque de investidura no ha funcionado. La geometría variable es una quimera.
Al día siguiente de la votación, el 4 de febrero, elDiario.es publicaba un artículo de Ignacio Escolar con este contundente titular: “Vergüenza en el Congreso de los Diputados”. En la misma fecha, el editorial de El País, era “Reforma de infarto” y añadía: “Cualquier solución distinta a la convalidación de la reforma laboral habría significado un fracaso colectivo”. A nivel político ha ganado la simplificación de los mensajes, el frentismo, la imposición del comportamiento emocional sobre el racional. Los partidos del bloque de investidura tenían la opción de abtenerse para desmarcarse tanto del Gobierno como de la derecha, pero prefirieron entrar en la peligrosa espiral de la polarización.
La polémica sobre la reforma laboral tiene una vertiente política y otra sindical. Planteamientos partidistas y electorales se entremezclan con elementos corporativos, cimentados con la argamasa del soberanismo. Aunque la reforma contenga medidas positivas, los sindicatos nacionalistas no admiten que partidos de su ideología acaten un acuerdo suscrito por los sindicatos estatales que monopolizan las relaciones laborales. Comparando ambos espacios, el político y el sindical, esa anomalía no se da en el ámbito legislativo. La marginación se repetirá, por ejemplo, en la negociación de los fondos de pensiones de empleo públicos, reservada, como la reforma de las pensiones y la laboral, a los agentes sociales de ámbito estatal, sin ser CCOO y UGT los sindicatos más representativos en todos los territorios.
Para lograr la consideración de sindicato más representativo en el conjunto del Estado se exige tener al menos el 10% del total de delegados de personal o miembros de comités de empresa. Si se aplicase el mismo rasero para obtener escaños en el Congreso de Diputados, los partidos autonómicos y algunos estatales carecerían de representación. Si un modelo electoral que excluye a las minorías políticas no es democrático, tampoco lo es a nivel sindical. ELA, LAB y CIGA deberían tener derecho a participar en las mesas de concertación estatales junto a CCOO y UGT. Otra cuestión es que rechacen acudir, como ocurre con ELA y LAB en la Mesa de Diálogo Social y en otros organismos laborales de Euskadi.
Los partidos del bloque de investidura reacios a tramitar la reforma laboral por decreto, reclamando como alternativa el procedimiento del proyecto de ley, se estaban oponiendo al reconocimiento de un acuerdo laboral que, según su proceder, invadía las competencias del órgano legislativo. Es decir, no reconocían a los agentes sociales que la habían consensuado, junto con el Gobierno, la legitimidad necesaria para incluir la reforma en la legislación laboral. Esa actitud favorece, aunque esté en vigor, la determinación de combatirla de sindicatos nacionalistas. Se puede constatar en las declaraciones recogidas el 7 de febrero por Europa Press: “La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha realizado un llamamiento a ”aunar fuerzas“ para ”transformar las relaciones laborales“ en Euskadi tras la convalidación de la reforma laboral, que ”no recupera derechos“ y frente a la que hay que ”obstaculizar“ su aplicación”. De paso, frente a la decisión de la Ministra de Trabajo de elevar el SMI a 1.000 euros mensuales, LAB reclama en el País Vasco 1.400 euros.
Superada la traumática aprobación de la reforma laboral, toca hacer balance de los desperfectos del conflicto. El Gobierno ha comprobado su debilidad ante una medida de gran trascendencia política y social. De haber imaginado que se produciría tal revuelo, puede que hubiese preferido afrontar el debate del proyecto de ley, renunciando al consenso con la patronal. Yolanda Díaz era la responsable de la reforma, si hubiese fracasado, pese a ser la ministra mejor valorada, habría valorado la opción de interrumpir su carrera política, afectando la renuncia tanto al Gobierno como al futuro de Unidas Podemos. Díaz ha decidido seguir al frente del Ministerio de Trabajo y reacciona de inmediato, tomando la determinación que elevar el SMI hasta la cota de los 1.000 euros, pese a la oposición de las asociaciones patronales.
El pulso que ha supuesto la reforma laboral en el bloque progresista no altera el equilibrio de fuerzas ni pone en riesgo la continuidad de la legislatura. No obstante, se dan declaraciones simbólicas como repulsa sobre todo a los posicionamientos de ERC y PNV. El 2 de febrero, víspera de la votación, aparecía en Público la siguiente advertencia: “Los Comuns amenazan a ERC con retirar su apoyo al Govern si rechaza la reforma laboral”. El 3 de febrero Europa Press publicó este titular: “CCOO Euskadi pide el aplazamiento de la reunión de la mesa de diálogo social tras el rechazo de PNV a la reforma laboral”.
Para evitar conflictos como el generado en torno a la reforma laboral, donde partidos que comparten los criterios básicos del funcionamiento del mercado del trabajo mantienen posturas enfrentadas, se necesita diálogo y confianza. Es preciso establecer cauces de participación y colaboración efectivos entre partidos, en las instituciones y al servicio de la ciudadanía. Frente al ultraconservacionismo político, económico y social, hace falta consolidar el carácter federal del Estado, impulsando una auténtica democracia, capaz de reforzar la solidaridad, la equidad y la cohesión interterritorial, en base al bien común.
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