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Viento del Norte es el contenedor de opinión de elDiario.es/Euskadi. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.

Comedores sociales y Renta Básica incondicional

Una manifestante pide una Renta Básica Universal.

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Recientemente he leído una entrevista al padre Ángel, quien ha presentado en Bilbao su proyecto de crear una red de comedores sociales, albergues y residencias, en colaboración con determinadas organizaciones, para personas que no pueden acceder a esos servicios. Opinaba que la pobreza ha aumentado, que cada vez hay más pobres y más de dos millones de niños con una vida precaria en España. Todo esto en consonancia con la visión del Ararteko quien, recientemente, ha alertado del aumento de la desigualdad en Euskadi y hecho hincapié en la urgencia de realizar “cambios estructurales profundos” para frenar el avance de la desigualdad social.

Un reciente diagnóstico del Gobierno vasco reconocía el aumento de las situaciones de exclusión social severa, que ya afecta al 9% de la población y, según Cáritas y la Fundación Foessa, el impacto de la pandemia ha repercutido en uno de cada 6 habitantes; o sea: en el 16,3% de la población, lo que equivale a que, cerca de 360.000 personas, se han visto abocadas a situaciones problemáticas para la vida diaria.

Según Save the Children, con datos de 2021, el 13,7% de los niños/as y adolescentes menores de 14 años estaba en situación de pobreza de mantenimiento, sin ingresos suficientes para necesidades básicas. Hay que señalar la ausencia de políticas de apoyo a la crianza que estén a la altura de las de países del entorno; reconociendo, por supuesto, los intentos de las administraciones en mejorar la RGI para las familias con hijos, o el anuncio de 200€ para menores de 3 años; pero, según Save the Children, el coste de la crianza en Euskadi se estima en 769 €, lo que es disuasivo para la planificación familiar.

Se estima que, en la Comunidad Autónoma Vasca, hay un porcentaje de familias que ha suspendido la compra de medicamentos, prótesis, continuación de tratamientos, etc.; y, por otra parte, los Bancos de Alimentos ayudan a unas 70.000 familias y es posible que la cifra aumente en los próximos meses debido a las familias que han perdido su nivel de ingresos. La dramática situación social que representan estos datos comportan, además, niveles de ansiedad importantes, además del estigma que la vulnerabilidad ofrece a quienes la viven. Y observamos que, el plan de choque de las administraciones, consiste en ofrecer un abanico de ayudas diversas para las diferentes situaciones que se presentan, pero, ¿son suficientes?

España se constituyó como Estado de Bienestar en 1978 y el art.30 de la Carta Social Europea, ratificada por España, hace referencia al Derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social. El caso es que, la sociedad, se ha convertido en una inmensa ONG al aportar de diferentes maneras ayuda para los sectores más desfavorecidos y, la burocracia de las administraciones, puesto en marcha su maquinaria de acceso a las ayudas que, a menudo, resulta desesperante para los beneficiarios por las dificultades burocráticas.

Los modelos de asistencia deben confrontarse para verificar cuál, o cuáles, sirven mejor a la sociedad para apuntalar el Estado de Bienestar y erradicar la pobreza y sus consecuencias. Y cabe preguntarse ¿ha cumplido su objetivo la RGI y, ahora, el Ingreso Mínimo Vital? Este sólo alcanza al 1,2%, el 20% de la población que lo necesita. Y la RGI, aún reconociendo mejoras para las familias con hijos, no alcanza a ofrecer la cobertura que se proponía para acabar con la pobreza. ¿Es imposible esa cobertura?

La presentación de la Iniciativa Legislativa Popular sobre Renta Básica Incondicional en el Parlamento Vasco, el 5 de mayo, tuvo una oposición escasamente fundamentada, más bien basada en prejuicios y sin un atisbo de conocimiento del verdadero alcance social que supondría su aplicación. Obviando, hay que decirlo, los indicadores existentes con noticias de esperanza. La más cercana, por cierto, tuvo lugar en Gipuzkoa hace unos años con la presentación del resultado de la simulación, efectuada con los datos económicos y demográficos, por el equipo del catedrático Jordi Arcarons, que vino a confirmar que era posible asignar una renta básica a cada adulto y otra de menor cuantía a cada menor. La medida no se aplicó por ser necesario el concurso de otras instituciones, pero, inicialmente, se observaron, en palabras del diputado de Política Social de entonces, obstáculos políticos.

El proyecto B-INCOME, dirigido por el Departamento de Innovación Social del Area de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y cofinanciado por el programa Urban Inniciative Actions, de la UE, ha durado 2 años y ha aportado luz en las tinieblas de la vulnerabilidad de las 1.000 familias que han participado. Una de sus conclusiones es que ha contribuido a reducir la privación material severa y la inseguridad alimentaria entre los participantes. Así como la incertidumbre financiera de las familias y estrés asociado, lo que ha permitido una mejor calidad del sueño.

Además, ha permitido observar la eficacia en la participación comunitaria al formarse vínculos entre diferentes grupos étnicos, propiciando la salida del aislamiento social en línea hacia una mayor cohesión social, en paralelo con el fortalecimiento del rol de la infraestructura institucional, como son los centros cívicos, bibliotecas, etc, como referentes en la zona. Y generado intervenciones innovadoras de atención pública con mejores relaciones entre participantes y trabajadoras sociales.

En las conclusiones lo consideran como un “experimento de Renta Básica” que permite observar resultados de crédito y, según los indicadores, cabe preguntarse: ¿hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos, hacia una inmensa red de bancos de alimentos y comedores –sin dudar de su servicio- creando colas estigmatizantes, o hacia programas regeneradores de bienestar social?

La riqueza del país, en sus distintas formas, ha de supeditarse al interés general; y lo dice la Constitución en su art. 128. Por ello, las ciencias sociales y la voluntad política han de ponerse a su servicio, ensayando hasta donde se pueda, apostando por fórmulas innovadoras que lo posibiliten. Lo demás, es paternalismo que no cierra la herida de la miseria económica y social de los más desfavorecidos.

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