Deberes para una ministra y una consejera

Los recientes acontecimientos políticos en los Parlamentos de Vitoria y Madrid han enviado mensajes similares para las responsables de Educación de los gobiernos vasco y español: se acabó la interinidad y el trabajo al ralentí. En función del tiempo restante de cada gobierno, se inicia o se finaliza la tarea dibujada en los papeles, ahora con el horizonte temporal despejado. De un lado, la investidura del presidente socialista Sánchez y, de otro, la aprobación de los Presupuestos 2020 en la Comunidad del País Vasco han deshojado la margarita –al menos temporalmente- de formación –o continuación de gobiernos- y, consecuentemente, de las respectivas responsabilidades de Educación.

Isabel Celaá y Cristina Uriarte se encuentran, por tanto, ante responsabilidades de gestión educativa que deben clarificar, más pronto que tarde, el futuro inmediato de la educación vasca y española. Celaá, dentro de un gobierno de futuro incierto, aunque con enormes tareas pendientes que el tiempo de interinidad anterior no ayudó a despejar. Uriarte, con la tranquilidad –al menos aparente- que supone un final de legislatura apoyado en dos partidos más (el PSE-EE, como socio de gobierno) y Podemos, aliado eventual en la aprobación de los Presupuestos autonómicos. Ambas mandatarias, deberán saber integrar en sus decisiones cuestiones de largo recorrido, probablemente, más allá incluso de sus propios tiempos políticos.

Así debe ser por el bien de la Educación. En el Ministerio y en la Consejería, deben estar ya encendidas todas las luces de actividad previstas, las plantillas a pleno rendimiento, dado que son muchos y graves los problemas pendientes aún de resolución. Enumeremos algunas de estas cuestiones.

Desde la sede ministerial de la madrileña calle de Alcalá, la ministra de Educación y FP deberá enfrentarse desde el minuto uno al creciente desapego y decrédito que los gobiernos del PP dejaron en la comunidad educativa y que el primer gobierno de Sánchez no supo –o quiso- eliminar: derogación de la LOMCE, estatuto docente, carrera profesional, recuperación de plantillas, revisiones horarias, nueva política de becas, curriculo actualizado….

Se esperaba mucho de esa primera etapa socialista, tras el rechazo rotundo del PSOE a seguir participando en la Subcomisión parlamentaria de Educación. Conocedor como era el partido de los sinsabores que la actuación del PP había dejado en la comunidad escolar, se confiaba en que hubiera propuestas valientes que modificaran la nefasta situación creada proclamado tras la aprobación de la LOMCE y las políticas de recorte inmisericordes del PP. Se confiaba, seguramente inocentemente, en que se había escuchado alto y claro el mensaje de rechazo de la comunidad educativa.

Sin embargo, lo obtenido de ese anunciado tiempo de cambio durante estos dieciocho meses de gobierno socialista ha sido más bien escaso: una nueva ley educativa (LOMLOE), dormida en la antesala parlamentaria, que solo deroga los aspectos más lesivos de la ley Wert - ya retocada por Méndez de Vigo-. Otras cuestiones, como la continuidad en la política de becas escolares diseñada por el gobierno popular y la modificación incompleta (se sustituyó la aplicación normativa a todo el país por otra de negociación en cada comunidad autónoma) del RD de ajuste presupuestario que cercenó miles de puestos docentes con la subida de ratios y horas lectivas, coadyuvaron para pinchar el globo ilusionante que se había inflado tras la moción de censura. Poco bagaje para un ministerio que tenía apoyo parlamentario y reconocimiento ciudadano para haber intentado con más arrojo metas más altas.

A poco más de 300 kilómetros de la capital española, en Vitoria, tampoco es menos importante el camino pendiente de recorrido por el Departamento de Educación vasco: superación del estricto e incompleto marco normativo Heziberri 2020, definición final sobre la nueva ley educativa, negociación de otro acuerdo de condiciones laborales para las y los trabajadores de la Enseñanza Pública, incremento y reparto de la financiación educativa, nuevo mapa escolar, priorización de la red pública, clarificación de programas educativos…

La legislatura vasca está a escasos meses de finalizar y siguen siendo demasiados los temas pendientes en este área. En la comunidad educativa prevalece una cierta sensación de paralización, de atonía que la Consejería no ayuda a eliminar. Más bien al contrario. Cierta ralentización de actuaciones en el ámbito público –tras los acuerdos parciales firmados con la mayoría sindical en la primavera de 2018-, la resistencia a otear nuevos caminos que pudieran desembocar en acuerdos duraderos y la persistencia de problemas anteriores (segregación escolar, indefinición en la jerarquización de redes escolares, …) recuerdan más a dinámicas de cierre de carpeta y de cajones que a iniciativas enérgicas e ilusionantes de continuidad en la gestión.

Ministra y Consejera deben medir bien los qué, cómo y cuándo actuar para no provocar nuevos desencantos. A ambas, desde posiciones diferentes, pero desde un mismo desempeño de actuación, se les está achicando el espacio para la duda y el tiempo de las dilaciones. Celaá y Uriarte tienen que intensificar los contactos con la comunidad educativa para trabajar en la misma dirección, no en la contraria. Tiene que ser ahora el momento de acometer las reformas necesarias. La educación no puede seguir colocada en la balda de asuntos pendientes. Las y los profesionales educativos y, especialmente la sociedad, esperamos mucho de ambas gestiones. No se entenderían nuevas decepciones. Y la respuesta no se haría esperar.