Transcurridos tres meses de estado de alarma, las noticias sobre la tragedia de las residencias de mayores siguen siendo pavorosas, con 20.000 defunciones en centros geriátricos. Aun así, hay sectores del movimiento de pensionistas impacientes por volver a las plazas. Se entiende que la situación sanitaria pase a primer plano, dejando de ser noticia de portada las pensiones. Entre las 'fake news' de las redes sociales se cuela el rumor de la supresión de la paga extra del verano, pese a que el ministro Escrivá insiste en que las pensiones están “absolutamente aseguradas”. En Euskadi no podía faltar un llamamiento a la movilización social en vísperas de las elecciones autonómicas. En este contexto se conmemora el 15 de junio el Día Mundial de la toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. No hay mayor agravio que negar el derecho a la vida privando de tratamientos hospitalarios. Sobran motivos para que el Gobierno reforme el Código Penal incluyendo el edadismo como delito de odio.
El estado de bienestar es un bien común con tres pilares, sanidad, enseñanza y pensiones. A causa de las desigualdades sociales precisa el refuerzo de otro más, los servicios sociales. Hoy la principal preocupación de la población son los efectos sobre la salud de la pandemia, que deteriora la situación económica, con aumento del desempleo e incremento de los índices de pobreza. Esos cuatro jinetes del apocalipsis requieren la intervención firme y urgente de las instituciones del Estado, acallando los cantos de sirena del neoliberalismo. Hasta los magnates de las finanzas se vuelven socialdemócratas, pero claro, reclamando la intervención de la iniciativa privada en el plan de recuperación, sin derogar la reforma laboral de 2013 ni aumentar la presión fiscal.
Puede que en el plano económico lleguemos a una situación comparable a la de Europa al final de la segunda guerra mundial. De aquella crisis se salió con un acuerdo entre capital y trabajo para repartir de forma proporcional la riqueza creada en la nueva etapa de desarrollo. La ruptura de aquel pacto de convivencia entre oligarquía y clase trabajadora se constata, por ejemplo, en la privatización de industrias estratégicas y de servicios públicos básicos, realizada con la complicidad de gobiernos que, incluso declarándose socialistas, aplican la doctrina neoliberal que antepone el interés individual al colectivo.
Para superar la actual crisis sanitaria, económica y social, hace falta un nuevo contrato social, que anteponga lo público a lo privado. La base es un desarrollo sostenible, con reparto justo de la riqueza, aplicado de forma solidaria entre generaciones y entre territorios. Es un objetivo que afecta a todos los colectivos sociales, en particular a los de mayor edad. Pero no puede estar centrado en las pensiones. La clave del futuro es la vida saludable, meta cimentada sobre la economía de los cuidados. Abarca todos los espacios de la convivencia social, el conjunto de las relaciones humanas, desde la infancia hasta la edad tardía. Implica convertir las residencias de mayores, hoy antesalas del tanatorio, en hogares con ilusión por la vida.
Entre las claves del rotundo éxito del movimiento de pensionistas destaca el eco mediático. Los medios de comunicación han intervenido de forma determinante en su difusión y arraigo. Durante dos años la prensa ha mantenido el interés y la expectación, tanto a nivel de opinión pública como entre el propio colectivo de pensionistas. Bilbao, principal referente, ofrecía un escenario incomparable, entre el estrado de las escalinatas del Ayuntamiento y la monumental esfera ovoide de Oteiza. La prensa nombró líderes y lideresas, difundiendo sus discursos de forma acrítica, sin contraste con la realidad. Algo similar ocurrió con la marcha a Madrid que partió de Bilbao. Siendo una actividad menos exigente que el frecuentado Camino de Santiago, gracias a los medios de comunicación tuvo gran notoriedad, culminando con un apoteósico recibimiento en la Puerta del Sol.
Al convertirse las concentraciones en un fenómeno normalizado, descender la participación y emerger las diferencias entre los diferentes sectores, el movimiento de pensionistas dejó de ser noticia relevante, mereciendo menos atención de la prensa. Tras la forzosa interrupción del confinamiento, la corriente abertzale decide relanzar las concentraciones, vinculando las reivindicaciones habituales a la denuncia de la desdicha de las residencias geriátricas. Son concentraciones minoritarias, denominadas simbólicas para justificar la escasa participación. Desaparecerán si dejan de acudir los medios de comunicación.
Cuando la cobertura informativa no es satisfactoria para los impulsores de las concentraciones, se achaca “falta de objetividad y de respeto democrático de algunos medios de comunicación”, además de acusar de dar cobertura a “quienes critican y denigran”. Tal comportamiento se produce al confundir e identificar la parte, en este caso Pentsionistak Martxan, con el todo que representaba el movimiento de pensionistas. Son reacciones a noticias como la difundida por la cadena SER el 25 de mayo: “Parte de los pensionistas retoman las concentraciones en los ayuntamientos”, precisando: “La concentración en Bilbao ha sido secundada por más de medio centenar de personas…”.
El desarrollo social y humano de un país requiere atender las necesidades básicas de toda la población, evitando bolsas de pobreza. Afecta a los sectores más vulnerables y dependientes, en particular la infancia, la vejez y hogares monoparentales, la mayoría tutelados por mujeres. Según el Banco de España, el riesgo de pobreza afecta a 12 millones de personas. Hasta la fecha la cuarta potencia económica europea carecía de una ayuda asistencial de ámbito estatal que evitase caer en la exclusión y la indigencia. Cada autonomía tiene la suya, en general precaria, salvo en el País Vasco y Navarra. No es cuestión de hacer comparaciones. Como en tantos otros casos, la fuerza reivindicativa y la voluntad política pesan más que el poderío económico.
La cuantía del Ingreso Mínimo Vital equivale a la pensión no contributiva. Oscila entre 462 y 1.015 euros mensuales, en función de las personas que integren la unidad familiar. Se estima que llegará a unos 850.000 hogares integrados por 2,2 millones de personas. Su coste anual alcanzará los de 3.000 millones de euros. Será compatible con el cobro de un salario bajo. No afecta a las pensiones contributivas, pues la mínima individual es de 14 pagas de 683,50 euros, todavía inferior a los 740 euros que marcan el umbral de la pobreza en el conjunto del país.
Dado que el Ingreso Mínimo Vital se puede complementar con las ayudas de las comunidades autónomas, falta saber cómo afectará al colectivo de pensionistas. El caso más significativo es el de Euskadi. En la actualidad 13.500 pensionistas, la mayoría viudas, perciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que complementa las pensiones más bajas hasta alcanzar a nivel individual 796 euros en 12 pagas. Los colectivos de pensionistas Bat/Etorri de Gipuzkoa y ADOS/Consenso de Bizkaia, reclaman la equiparación de la pensión mínima con los 950 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), declarando: “La combinación del nuevo IMV y la RGI deben servir para intensificar la lucha contra la pobreza extrema, para la inclusión social y para mejorar las pensiones en la Comunidad Autónoma Vasca”.
En Euskadi la gestión del Ingreso Mínimo Vital va a depender del propio Gobierno autónomo. Además está pendiente la transferencia de la Seguridad Social, lo cual facilita la aplicación del complemento. Siendo las pensiones públicas un derecho individual y colectivo, la demanda de dicho complemento no implica renunciar a la equiparación de la pensión mínima con el SMI. Por otra parte, al disminuir el gasto total de la RGI, la concesión de la ayuda no condiciona la mejora de las prestaciones del resto de las personas perceptoras de esa renta social.
La nueva convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco coincidió el lunes 18 de mayo con una concentración del sector abertzale del movimiento de pensionistas ante la Diputación de Bizkaia. Se denunciaba la infausta situación de las residencias de mayores, además de reclamar pensiones mínimas de 1.080 euros. Ese acto tuvo lugar en Araba y en Bizkaia, no en Gipuzkoa, donde EH Bildu presidió la Diputación entre 2011 y 2015. Desde ese día la convocatoria se repite cada lunes, como durante los dos años anteriores.
Desde que el 9 de marzo se interrumpieron las concentraciones a causa de la declaración del estado de alarma, la situación ha cambiado de forma significativa. Las movilizaciones son minoritarias, la única asociación que las convoca es Pentsionistak Martxan. Las reiteradas demandas de entrevista con el lehendakari Urkullu en nombre de movimiento de pensionistas son ignoradas, mientras recibe a otras asociaciones. El gobierno municipal de Bilbao cuestiona la utilización de las escalinatas del Ayuntamiento como tribuna. El 15 de junio se celebró el 720 aniversario de la fundación de Bilbao. Una hora antes de la concentración simbólica de pensionistas, el Consistorio homenajeó a los fallecidos por coronavirus. Son actos con la misma motivación que se han dado la espalda.
Las circunstancias son adversas para movilizaciones. Al riesgo de contagio se une la proximidad del periodo vacacional. Además cuesta entender ciertas reivindicaciones en el contexto de una crisis económica y social aguda. Este año, como consecuencia del efecto de la COVID-19 sobre los precios, el denostado 0,25 % podría ser más favorable que la adaptación de las pensiones a la variación del IPC. Si la inflación fuese negativa, dado que el Índice de Revalorización de las Pensiones del Gobierno de Rajoy no se ha derogado, procedería aplicar el 0,25 %.
En la huelga del 30 de enero, promovida por el sector abertzale de pensionistas y convocada por los sindicatos ELA y LAB, se anunció una “primavera roja y en lucha”. En plena precampaña electoral, utilizando de nuevo el marco de la “Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria”, el 19 de junio se llama a manifestarse con la consigna: “Para reforzar lo público y lo esencial, hay que repartir la riqueza”. Entre las reivindicación destaca el desarrollo de servicios públicos, con publificación inmediata de las tareas de cuidados.
Se reclama además una nueva fiscalidad, con costes que recaigan sobre rentas altas, rentas de capital y beneficios de empresas. Siendo consecuentes, ELA y LAB podían haber incluido la supresión de las desgravaciones fiscales de las EPSV. Son productos financieros de empleo, defendidos por los sindicatos en la negociación colectiva, pese a competir con las pensiones públicas y beneficiar a las rentas salariales altas, intensificando las desigualdades sociales.
También figuran demandas específicas del colectivo de pensionistas, entre ellas la pensión mínima de 1.080 euros. Sin embargo, no se aprecia la implicación directa de Pentsionistak Martxan, que en la huelga del 30 de enero provocó el distanciamiento entre asociaciones. Cabe pensar que esta movilización está motivada sobre todo por el empeño del sindicato ELA, que de modo reiterado se comporta como la oposición más firme al Gobierno Vasco.
Ni el final del estado de alarma el próximo 21 de junio, ni el descubrimiento de la vacuna que posibilite frenar la pandemia del coronavirus, pueden asegurar la vuelta a la normalidad. La pandemia arrastra otras calamidades, además de la sanitaria. La drástica caída del PIB afectará más a las clases bajas que a las adineradas. Se aprecia a nivel productivo con el cierre de Nissan en Barcelona o Alcoa en Lugo. Tras la aplicación de los ERTES que de modo transitorio impiden el cierre del comercio de proximidad y PYMES, evitando 3,4 millones de despidos, está por ver el alcance del “plan de reconstrucción” que el Gobierno impulsa en el Parlamento para promover la recuperación económica y social.
No es deseable volver a la normalidad con empleo precario, altas tasas de paro, desigualdades sociales. Ni con alteración de ecosistemas y pérdidas de biodiversidad que provoquen nuevas pandemias. La constatación de la vulnerabilidad colectiva posibilita alcanzar acuerdos de reciprocidad entre clases sociales. Toca insistir en la necesidad de establecer un contrato social que comprometa a toda la población, basado en la convivencia con garantía de equidad. Todo ello pese al enrarecido ambiente político, pues nada resuelve la confrontación.
La situación requiere amplios consensos que determinen obligaciones y garanticen derechos. Pedir un nuevo contrato social no implica abandonar las movilizaciones. Lo mismo que la gran patronal actúa como grupo de presión sobre el Gobierno con la cumbre empresarial de la CEOE, deben surgir iniciativas en defensa del estado de bienestar, recuperando los derechos perdidos desde la crisis del 2008. Es preciso coordinar la acción de los diversos movimientos sociales, renovando hasta las consignas. Ahora toca proclamar que: “Gobierne quien gobierne, los servicios públicos se defienden”.
*Luis Alejos, sociólogo y pensionista
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