La inminente vuelta a las aulas y la publicación por parte del Departamento de Educación del —a todas luces continuista— protocolo general para el curso 2021/2022 que fija cuáles debían ser las medidas frente a la COVID-19 nos lleva a realizar una serie de consideraciones a tener en cuenta para afrontar una vuelta a la “normalidad”, a la actividad escolar, que tiene que hacerse con criterios basados en la evidencia científica y, más que con voluntarismo, con voluntad política real de realizar los cambios aconsejables y necesarios para afrontar los posibles riesgos de la pandemia.
La enseñanza en modo presencial debe procurarse para el beneficio de niñas, niños y adolescentes porque no solo facilita el aprendizaje sino también contribuye de manera determinante a la relación social, grupal, interpersonal y familiar, favoreciendo el bienestar psicológico y actuando como factor preventivo antes los frecuentes, y en ocasiones graves, trastornos en salud mental que se han observado en la infancia y adolescencia y en las relaciones familiares a lo largo de la pandemia de COVID-19.
Si bien es cierto que la infección por COVID-19 en niños suele cursar mayoritariamente como un proceso leve o asintomático, con bajas tasas de hospitalización y de ingresos en unidades de cuidados intensivos, en estos casos debido en gran medida a la presencia del síndrome inflamatorio multisistémico, también es cierto que ha ocasionado 26 fallecimientos y que se desconocen las consecuencias a medio y largo plazo derivadas de la COVID-19 prolongada, de prevalencia mucho menor que en el adulto de edad media pero que en sí misma puede perturbar el rendimiento escolar por afectación cognitiva y tener importantes consecuencias sobre otros parámetros de salud.
Si el curso 2020-2021 fue caracterizado por una gran incertidumbre y no obstante se consiguió un alto índice de presencialidad, en este próximo curso se conocen mucho mejor las características del virus SARS-CoV-2 y sus variantes, los métodos de transmisión, las medidas de mitigación y se dispone de vacunas para mayores de 12 años y para todo el profesorado y personal de centros escolares. Por todo ello es importante hacer una valoración epidemiológica comparada entre finales de agosto de 2020 y finales de agosto de 2021, días antes del inicio del curso escolar.
En agosto de 2021, la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes ha sido especialmente elevada en los grupos etarios que van a iniciar la actividad escolar, estando próxima a 500 en el grupo etario menor de 11 años y por encima de 1.000 en los adolescentes de 12 a 19 años. La transmisión comunitaria sigue siendo alta, superior al 8% y el número reproductivo básico temporal (Rt) se encuentra próximo a 1.
Resulta una obviedad que si no conocemos los mecanismos de contagio del virus tendremos grandes dificultades para mitigar su contagio. Considerando que en este último año la OMS y la publicación de numerosos estudios basados en la evidencia científica han reconocido los aerosoles como el mecanismo de transmisión más importante de la COVID-19, especialmente en espacios cerrados como son las aulas, resulta fundamental minimizar los riesgos y aplicar todas las medidas que hayan demostrado ser efectivas y eficientes.
No existe mejor inversión que la que realicemos en el futuro de nuestra sociedad, en nuestro futuro que no es otro que nuestra infancia y adolescencia
Resulta imposible usar dispositivos de medición de virus en el aire que se respira, pero sí es factible y económico determinar el grado de ventilación en un aula, biblioteca, laboratorio o cualquier otro recinto docente. Cuantas más personas se encuentren en ese local más emisiones de dióxido de carbono (CO2) espirado habrá. Si ese aire contiene aerosoles con virus SARS-CoV-2 el riesgo de contagio es importante y la medición de ese riesgo se pude hace fácil y económicamente con medidores de CO2.
Hay quien asegura que es posible construir un medidor de CO2 (dióxido de carbono) con wifi, casero, que se puede construir por menos de 20 euros, siendo un instrumento igual o más preciso y con muchas más funcionalidades que muchos medidores de CO2 comerciales de varios cientos de euros. En este sentido, no sería complicado establecer colaboraciones público-privadas para la generalización de estos dispositivos habiendo investigadores de la UPV/EHU que tienen experiencia en este campo.
También es importante reconocer que el ajuste de las mascarillas es fundamental para minimizar el riesgo de contagio del SARS-CoV-2 por aerosoles y todo el personal que se encuentre en situaciones de atender a alumnos con sospecha de tener COVID-19 debería utilizar mascarillas FFP2 como mínimo y mejor aún si son elastoméricas.
Es evidente que pocas actividades docentes se pueden realizar al aire libre y todas ellas en situaciones ambientales no frecuentes. En las aulas, laboratorios, bibliotecas y comedores, por ejemplo, abrir puertas y ventanas puede suponer una pérdida de confort térmico, ruido y situaciones incomodas, especialmente para el profesorado que tiene mayor riesgo de padecer alteraciones laríngeas como consecuencia de forzar la voz por ruido y por uso de mascarillas. En esos casos donde la ventilación natural, la más económica si excluimos los parámetros térmicos, no es posible en su totalidad se puede y debe minorar el riesgo de enfermedades víricas y algunas bacterianas aerotransportadas mediante la filtración del aire y asegurar que los sistemas de climatización deben encargarse de renovar el aire, calentarlo y filtrarlo para minimizar riesgos.
Por otra parte, queda demostrado también que el aumento de ventilación y la consecuente mejora de la calidad del aire es directamente proporcional a la mejora del rendimiento escolar, el progreso en el aprendizaje y la asistencia a clase.
La ventilación adecuada en las aulas y otros espacios docentes es un requisito irrenunciable para conseguir una buena calidad del aire que garantice la salud del alumnado, profesorado y personal adscrito a los centros escolares, no solo para preservar la salud sino también para que las actividades de aprendizaje se produzcan en condiciones óptimas.
No existe mejor inversión que la que realicemos en el futuro de nuestra sociedad, en nuestro futuro que no es otro que nuestra infancia y adolescencia. Y es esta convicción la que nos lleva hoy a apelar al uso de criterios científicos que demuestren eficiencia y eficacia para que, con la voluntad política mencionada se ponga en marcha una estrategia que afronte a corto, medio y largo plazo los retos de la salud para con nuestra infancia y adolescencia:
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