Investigaciones judiciales en temas de medio ambiente: el caso de Bergara

Ha salido a la luz la investigación de un juzgado de Vitoria-Gasteiz de varios responsables políticos miembros del Gobierno vasco por indicios de un delito de prevaricación administrativa en la concesión de una autorización a una instalación de tratamiento de residuos papeleros en Bergara (Gipuzkoa). La casualidad ha hecho coincidir esa noticia con el nombramiento para el Gobierno de la Diputación de Álava de una persona investigada por ese juzgado, una anterior alto cargo en el Gobierno vasco, y nada menos que en responsabilidades de Medio Ambiente.

Sorprende ese nombramiento y por parte del diputado general de Álava se le ha querido quitar hierro a esa investigación judicial aduciendo que es habitual que se interpongan denuncias contra altos cargos en su quehacer diario de concesión de permisos, que ese permiso se concedió con el visto bueno de los técnicos y que además esa investigación se archivará con toda seguridad. No sabemos si ese diputado, que además es jurista, tiene enlace directo con el oráculo de Delfos y por tanto ya conoce las decisiones que adoptará la jueza investigadora en el futuro. Ahora se empieza a reconocer que ese permiso concedido a la instalación proyectada en Bergara pudiera ser irregular y existe la posibilidad de que el TSJPV lo anule, pues hay varios recursos contenciosos interpuestos tramitándose ahora contra esa autorización ante ese tribunal superior.

Pero vayamos al centro de la cuestión. El promotor de esa instalación, que no tiene ninguna instalación de gestión de residuos operando en Euskadi, ni en el Estado español y que creó la mercantil ex profeso para poder operar la planta de Bergara, disfrazó con la ayuda del Gobierno vasco la actividad del tratamiento de 155.000 toneladas de diversos residuos generados en las siete fábricas de papel de Euskadi (papelote y lodos de depuración de aguas residuales), que anteriormente se depositaban en vertederos de forma mayoritaria. Hay que recordar que en el derrumbe del vertedero de Zaldibar tuvo mucho que ver la gran cantidad de lodos de depuradora de papeleras depositadas en el mismo que aumentaron la inestabilidad del mismo por su gran carga de humedad. En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del 23-09-2021 por el Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, por el que se sometía a información pública ese proyecto, se refiere a una “actividad de gestión de residuos no peligrosos”. Después ese director afirmó que había sido un error esa denominación. Error que no corigió posteriormente. A nadie le agrada corregir los errores y admitirlos.

Se trataba en realidad de unas operaciones de tratamiento térmico, similares a una incineración sin recuperación de energía, con una chimenea de 16 metros de altura coronando las instalaciones. ¡No, no era una incineración ! De eso ni hablar, se empeñaron a decir. Con la mala prensa que tiene esa palabra proscrita. Quita, quita.

Las cenizas obtenidas en el proceso final, cuya composición es carbonato cálcico, serían el objetivo principal de la instalación proyectada. Sin embargo, a nadie con dos dedos de frente se le ocurriría montar una instalación cuyo presupuesto asciende a varias decenas de millones de euros para obtener unos pocos miles de toneladas de cenizas, de un bajo valor económico, cuando una tonelada de roca caliza extraída de una cantera, con exactamente la misma composición química, tiene un coste de unos pocos euros.

¿Por qué razón el promotor y el Gobierno vasco se empeñaron en sostener tamaño dislate? Pues todo residía en la compatibilidad urbanística de esa instalación, es decir su encaje con las normas urbanísticas del plan parcial del polígono industrial y del propio plan general de Bergara. Si la instalación era una industria más, cuya finalidad principal era la obtención de un subproducto (carbonato cálcico) pues entonces existía ese encaje; si en realidad era una actividad de gestión de residuos, no había encaje.

El Ayuntamiento de Bergara en un primer momento en julio de 2021, y sin tener delante el proyecto de la instalación (todavía no estaba ni redactado), emitió un certificado favorable. Más tarde y cuando el proyecto fue sometido a información pública anuló ese primer certificado y emitió otro desfavorable, que no fue reconocido por los responsables del Gobierno vasco, llegando a afirmar en la autorización concedida en abril de 2021 que ni siquiera existía. Ahí está el origen de la presunta prevaricación administrativa, pues aplicando la legislación sectorial con un informe negativo se debería haber archivado el procedimiento y, por tanto, negado el permiso. Ese archivo no tuvo lugar y en abril de 2022 de otorgó el permiso. Bueno, no es sorprendente, pues es la aplicación por anticipado de la 'doctrina Tapia', de pasar por encima de la autonomía municipal para dar luz verde a instalaciones problemáticas de difícil encaje en la normativa municipal.

De todas formas el Gobierno vasco debería explicar cómo autorizó esa instalación y le dio el visto bueno ambiental en un tiempo récord de nueve meses, rechazando las centenares de alegaciones presentadas por los vecinos de Bergara, unificando en un mismo acto la concesión del permiso y su visto bueno ambiental, cuando son dos procedimientos diferentes y separados, a una mercantil creada ex novo sin ninguna experiencia previa y solvencia técnica, y además regándola generosamente con varios millones de euros de ayudas con justificaciones caprichosas e irregulares. ¿Que afección pudo tener la COVID-19 a una mercantil que no tiene ninguna instalación operativa en Euskadi, y que no tiene ni un solo puesto de trabajo? Esperemos que la Justicia ponga las cosas en su sitio.