Mil millones de voces

Un año más, como viene ocurriendo en los últimos, la primavera educativa es fiel a su cita con la Semana por la Educación Mundial, organizada por la Campaña Mundial por la Educación (CME). Esta efeméride, como cuantas pretenden concienciar de necesidades humanas aún no cubiertas, busca devolvernos la sensibilidad perdida ante el problema de falta de financiación para el mundo escolar.

La virulencia de la pandemia sanitaria que los países vienen sufriendo desde hace más de un año ha desviado los focos mediáticos, oscureciendo realidades que no quieren mantener a plena luz. En muchos lugares del planeta el respeto, la protección y la garantía del derecho a la Educación ha saltado por los aires tras la afectación de la COVID-19.

Es una realidad sangrante que aumenta cada vez más el número de países que disminuyen la financiación educativa, alejándose así del compromiso adquirido con las organizaciones internacionales de redoblar esfuerzos para que su ciudadanía fomente este derecho humano principal que es de la educación. Más aún, empieza a ser difícilmente evaluable el análisis de países incumplidores del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 que aboga por garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad y oportunidades de aprendizaje para todas las personas y durante toda la vida.

Trabajar con el alumnado más vulnerable, aumentar la formación docente, analizar rutas escolares seguras, concienciar de la emergencia climática, garantizar un aprendizaje de por vida son objetivos cualitativos que los distintos presupuestos nacionales deben incluir al diseñar estrategias concretas para la Educación.

En el año 2015, en Incheon (Corea del Sur) la mayoría de los países, a través del Foro por la Educación, firmaron una declaración en la que se comprometían a trabajar por una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas. Entre otros postulados, se obligaban a promover oportunidades de aprendizaje para los más de 1.000 millones de niños y niñas en el mundo que no tienen garantizada una enseñanza pública y gratuita por vivir en zonas afectadas por conflictos, crisis y desastres naturales.

Esta penosa situación se agravaba de forma importante con la aparición de la pandemia ocasionada por el COVID-19. La UNESCO señala que más de 1.500 millones de niñas y niños (500 más que los que relataba la Declaración de Incheon, en 2015) han sufrido consecuencias importantes que han alterado su crecimiento educativo: cierre de centros, desaparición de seres queridos, agravamiento de la brecha digital, disminución de las inversiones educativas de los estados… La apertura progresiva de las escuelas, allí donde se ha materializado, no garantiza la recuperación del espacio de protección y socialización que debe tener cualquier centro educativo. Las esperanzas y los sueños de millones de personas en crecimiento pueden quedar truncados, si no se adoptan medidas de financiación adecuadas, si no se protege a las personas más vulnerables, en la doble etapa de infancia y adolescencia.

Historias de vidas truncadas, de abandono de proyectos vitales, en riesgo de aislamiento social, de vivir (o revivir) situaciones de desigualdad por género, origen o etnicidad. La campaña de la CME lleva por título “Mil millones de voces”. Voces como la de Eddie, un niño nicaragüense de 6 años que se lamenta de que el coronavirus le impida asistir a la escuela y le hace dudar de su deseo de ser doctor. La vida de Cristina, murciana de 11 años, triste porque no puede relacionarse con sus amigas en las reuniones Scout. O Hawa Osman, somalí en un campo de refugiados, que aspira a ser maestra, pero vive aterrorizada pensando en que puede ser violada en el propio campamento, dada la violencia existente. O la vida de la profesora salvadoreña, Yaniksa, que ante la imposibilidad de trabajar con internet se desplaza a las 46 viviendas de su alumnado para que reciban formación y corregir los deberes. Todas estas historias aparecen en las distintas unidades didácticas que pueden trabajarse en las distintas etapas educativas en las que está estructurada esta campaña.

Sin embargo, nadie debe pensar que tal situación es ajena a nuestra realidad cotidiana, a cuanto sucede en nuestros barrios, ciudades y pueblos. España, Euskadi viven también situaciones de pobreza extrema, de marginación social y de segregación educativa (como recientemente ha señalado el informe de Save The Children y EsadeEcPol para sonrojo de nuestros gobernantes educativos) y la pandemia sanitaria no ha hecho sino fortalecer estas debilidades.

Y no será por no advertirlo expertos y organizaciones dentro y fuera del país durante años. Entre los primeros, las organizaciones sindicales, con la Federación de Enseñanza de CCOO a la cabeza, que informe tras informe reclama más financiación, más inversión presupuestaria (y no gasto, como se empeñan en justificar ciertas ideologías políticas) que nos acerque al promedio europeo. Entre las organizaciones internacionales, ni más ni menos que el propio Relator Especial de Naciones Unidas para el informe sobre pobreza extrema y derechos humanos (ya hemos recurrido a él en otra ocasión), quien en 2020 indicaba que más del 29% de las niñas y niños españoles estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, según los datos de 2018.

Un año más, organizaciones como Ayuda en Acción, Educo o Entreculturas, por citar algunas, han celebrado actos en más de veinte ciudades españolas y en numerosos centros educativos, reivindicando con esta campaña “Mil millones de voces” los gritos silenciosos de la infancia vulnerable, la que no pide, la más necesitada. Porque como defiende Xabier Martínez-Celorrio sólo mediante la inclusión escolar podremos facultar a cualquiera para desarrollar sus capacidades como ciudadanos/as y trabajadoras/es. Sólo así se conseguirá elevar los resultados del conjunto y, en especial, de los colectivos más desfavorecidos.

(1) López Cuesta, Begoña “Prioridad, la infancia” 25-04-2021

(2) Innovación y equidad educativa. Octaedro, 2019