Cumplidos 7 meses del derrumbe del vertedero de Zaldibar, y cuando aún no ha aparecido el cuerpo de Joaquín Beltrán, uno de los dos trabajadores sepultados entre las 500.000 toneladas de residuos, parece que los responsables institucionales (léase Gobierno vasco), tras unos meses de zozobra y pasadas las elecciones al Parlamento Vasco, quieren enterrar definitivamente lo que a todas luces fue una nefasta gestión del desastre. Por ningún lado se anuncian autocríticas, ni enmiendas a la corrección de errores, ni mucho menos depuración de responsabilidad política alguna.
Al contrario, un día sí y otro también, aparecen informes o noticias que exoneran tanto al propio Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco (Informe RICARDO de la firma Ricardo Energy & Enviroment, encargado y contratado por el propio GV) como a la misma empresa Verter Recycling 2002 S.L. de culpabilidad alguna en el derrumbe, más allá de ser considerado como un desgraciado accidente con la pérdida de 2 vidas humanas. Como apuntó el diario Gara, la detención de los gestores de Verter Recycling el día anterior de la unificación de las dos causas parece concluir que el procedimiento será el más benévolo para los encausados.
Ahora bien, el informe RICARDO se ciñe a las condiciones del permiso de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), sin entrar si estas condiciones eran las más adecuadas para un vertedero de esta categoría. La Directiva 1999/31 exige que en este tipo de instalaciones los gases del vertedero se traten o se quemen y la AAI, es decir, el permiso concedido a Verter Recycling para iniciar su actividad no contemplaba este aspecto. De hecho, la cantidad de gas metano no tratado fue una de las causas que provocaron los incendios que contaminaron con dioxinas y furanos la población circundante. Asimismo, esa auditoría no entra en el tema de la mezcla de residuos, mezcla que está prohibida por la citada Directiva.
Según el informe, el Departamento de Medio Ambiente cumplió con los mínimos legales en vigor, mínimos establecidos tanto por la Directiva Europea de Vertederos como por la de Emisiones Industriales. En nuestra opinión, lo hizo de forma deficiente, quedándose a medio camino. Es por ello que el informe apercibe al Gobierno vasco cuando le recomienda hacer visitas más frecuentes al lugar y hacer un examen detallado al año, y no cada 3, tal y como hizo. Así tiene que ser, puesto que los vertederos se consideran instalaciones de alto riesgo, y según el artículo 23 de la Directiva 2010/75, las inspecciones deben programarse anualmente, no cada 3 años. Más si cabe, en el caso de una empresa como Verter Recycling, que ya ha infringido esta normativa en otras ocasiones.
En este sentido llama la atención que en ninguna de las 7 inspecciones realizadas por el Departamento de Medio Ambiente –4 inspecciones de seguimiento (IPCC) y 3 enmarcadas en planes específicos de control– detectaron nada problemático en sus instalaciones. En la última de ellas, realizada los días 10 de junio y julio de 2019 para comprobar el grado de cumplimiento de las condiciones de su AAI, se recogieron en un informe un total de 23 desviaciones, ninguna de ellas graves. Todas se consideraron “poco relevantes”. Nos sorprende que fueran calificadas tan rápidamente de ese modo, conociéndose los residuos que entraban allí, muchos con una elevada carga orgánica.
Y sin embargo, el 6 de febrero de 2020 tuvo lugar la mayor catástrofe medioambiental que ha existido hasta la fecha en Euskadi. Es sorprendente que el informe RICARDO no diga nada al respecto.
Consideramos que estos aspectos deberían servir para reflexionar sobre aquello que se debe mejorar y para depurar responsabilidades si las hubiera, no para concluir que se han hecho las cosas bien. Y con ello borrón y cuenta nueva.
Por otro lado, el informe de técnicos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, publicado en diversos medios de comunicación, que asegura que los residuos vertidos en Zaldibar estaban todos ellos autorizados, nos genera serias dudas:
En definitiva, que algunos residuos vertidos estén autorizados no significa que no haya responsabilidades que investigar, dirimir y depurar.
La Plataforma Zero Zabor Bizkaia (PZZB) desea pensar que tras el desastre del derrumbe con el terrible coste de vidas humanas, de salud en la población circundante, costes medioambientales y terribles costes económicos, la gestión de los residuos en la CAV va cambiar radicalmente, para lo que será necesario atender las reivindicaciones que en relación al desastre del Vertedero de Zaldibar venimos demandando desde la Plataforma:
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