Tras los shocks petrolíferos de 1973 y 1979, con la llegada casi sucesiva al poder de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, el pensamiento neoliberal ganó por goleada la batalla ideológica a la socialdemocracia, que tuvo que batirse en retirada. Desde entonces, ésta no ha conseguido mantener un relato ideológico alternativo suficientemente armado. Se acabaron así casi 40 años de reinado keynesiano. Mitterrand, después de comprobar el fracaso de su primer programa común con los comunistas, Blair o Felipe González han pasado en Europa como buenos- en ocasiones muy buenos- modernizadores o gestores, pero no consiguieron marcar las fronteras ideológicas con nitidez. Quizás solamente Jacques Delors tuvo la oportunidad desde la UE de marcar perfil ideológico, pero, lamentablemente, se trató de un breve interregno. No sorprende pues que en el imaginario de la opinión pública haya calado la convicción de que no hay diferencias entre “derechas” e “izquierdas
La llegada de la crisis financiera de 2008 –convertida luego en crisis de modelo– causó una fuerte conmoción en economistas y políticos. Todos recordamos a Sarkozy anunciar -no sin cierto histrionismo- que había que refundar el capitalismo. Los más optimistas llegaron a pensar que volvían las políticas fiscales y monetarias activas. Los más cautos pensábamos que quizás se podrían mejorar y dar nueva carta de naturaleza a los instrumentos de control y supervisión que tan estrepitosamente habían fracasado. Una forma de entonar el mea culpa por los desmanes ocasionados por el capitalismo desregulado. Hasta en eso nos equivocábamos.
Sin embargo, parece haberse abierto recientemente una espita para construir un discurso político alternativo que descansa sobre tres pilares. Uno, la política de demanda: política monetaria, fiscal y de rentas. Dos, la política microeconómica, industrial y de competitividad. Tres, las políticas sociales, ampliación de derechos y dependencia.
En el ámbito de la macroeconomía, con mucha sutileza y mano dura, Mario Draghi, desde el Banco Central Europeo, está dando una lección de cómo puede gestionarse una política monetaria activa que ayude a sostener la actividad económica con tipos de interés bajos y al mismo tiempo aliviar las cuentas de las arcas públicas. En el campo de la microeconomía, la política industrial ha vuelto a ponerse de moda. Ahora en términos de política de innovación y transformación productiva. Si todo esto se consigue complementar con sólidas políticas sociales, educativas y de salud que garanticen de verdad la igualdad de oportunidades, entonces quizás podamos hablar de un nuevo periodo de gestión de lo público.
Estamos viviendo tiempos muy convulsos. Las crisis económicas han dejado a muchos sectores sociales huérfanos de protección. Jóvenes parados sin futuro. Mileuristas (aquellos pocos jóvenes afortunados que llegan a ese estatus) con perspectivas de nunca dejar de serlo. Parados de larga duración, muchos de ellos mayores de 45 años, imposibles de colocar, desplazados sin competencias digitales. Educación pública arrinconada. Investigadores sin fondos para proseguir sus proyectos. Todos han tenido que buscar sus propias redes de protección. La familia en primer lugar. Luego, las ONG' s y organizaciones civiles. Para otros, quizás, la política como senda para hacer carrera profesional.
En este contexto es donde los partidos populistas han encontrado su caldo de cultivo. Populismo de derechas en Francia, Holanda, Polonia, Hungría, Reino Unido o Estados Unidos. Populismos de izquierdas en España y Grecia. Populismos anarco liberales como los de Italia. Mucho ha ayudado que las élites políticas se han desentendido de estos colectivos. Unos por defender sus propios intereses. Otros por hacer dejación de sus responsabilidades de liderazgo. Es tarea de los (líderes) políticos explicar la verdad y las dificultades de la situación a sus ciudadanos, la dimensión de los objetivos, las contradicciones entre los mismos y las restricciones para lograrlos. Y abordar los temas técnicos complejos haciendo pedagogía política. Es lo menos que se puede pedir.
En mi opinión la agenda económica de estos populismos es un camino hacia el desastre y el fracaso. Lo veremos pronto con Trump. O en su defecto es un camino hacia la rectificación. Grecia es el caso. Ahora bien, la pregunta es si con una agenda más pragmática se puede recuperar la ilusión de los ciudadanos. Creo que así puede ser, pero esa agenda se debe apoyar en nuevos fundamentos. Nuevos quiere decir de verdad nuevos. ¿Cuáles son éstos?
Primero poner la lucha contra la desigualdad como máxima prioridad de la agenda política. No es una idea revolucionaria. La OCDE y el FMI, máximos estandartes de la libertad de mercado, ya pregonan que la desigualdad es un freno para el crecimiento económico. Tres economistas del FMI, para más señas Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri, afirmaron recientemente en una publicación de esta institución que las políticas neoliberales “en vez de llevar al crecimiento han aumentado la desigualdad, a la vez que han puesto en peligro la expansión duradera”. Una afirmación contundente impensable no hace mucho. El mismo FMI ha reconocido en un informe sobre la economía española que vivimos en uno de los países de Europa donde existe mayor diferencia de rentas. Según el FMI, el 20% de la población con más renta gana siete veces más que el 20% más pobre. El INE reconoce en la Encuesta de la Estructura Salarial que los trabajadores con contrato temporal tuvieron un salario anual de 15.680,55 euros, inferior en un 31,4% al salario medio. Para los contratados indefinidos el salario anual fue de 24.746,47 euros, superior en un 8,3% al salario medio. El ajuste salarial se ha cebado, pues, en los contratados temporales y en los nuevos contratos indefinidos.
La OCDE, en su el último informe de la OCDE sobre la economía española, advierte de los riesgos de la pobreza. Textualmente afirma que la pobreza durante la crisis ha aumentado, que la pobreza infantil es alta y que las transferencias para los más pobres son muy bajas. Así podríamos seguir hasta la saciedad. Lo verdaderamente relevante es que, según la mayoría de los estudios, la desigualdad en España no se ha producido porque los ricos sean más ricos ( que también), sino esencialmente porque los pobres son mucho más pobres. Esto tiene enorme transcendencia a la hora de plantear respuestas de política económica.
Así que no basta con afirmar que lo primero que tenemos que lograr es que la economía crezca. Estamos creciendo. Según las instituciones oficiales al 3,2 % en 2016. Sea ésta la cifra definitiva, o unas décimas más arriba o más abajo, parece que las cosas mejoran. Lo importante es pues decidir cómo distribuir ese crecimiento. Parafraseando a Lenin, parece que la pregunta clave es ¿Qué hacer?
Lo primero es fijar las prioridades. Esto es responsabilidad de los políticos. La lucha contra la pobreza debiera estar en el primer lugar de la nueva agenda política. Lo primero que hay decir es que se trata de un problema que tiene muchas caras, que requiere un tratamiento de largo plazo y que, por tanto, debe abordarse desde muy diversas vertientes. Unas sociales y otras económicas.
No creo en medidas como la Renta Básica Universal ofrecida en Francia, por ejemplo, por el candidato socialista Benoit Hamon. No porque hagan más vagos a todos que las perciben, tal y como sostienen los liberales más extremos, sino porque es una política difícilmente sostenible para el poco margen de maniobra de nuestro sistema fiscal y que, además, supone tratar a todos los que la perciben por igual, cuando las situaciones de partida son muy diferentes. Es, en mi opinión, una medida injusta y una manera de perpetuar las cosas tal como están.
Así que, establezcamos unas Rentas Mínimas de Inserción (Renta de Garantía de Ingresos en el País Vasco) dignas para casos de verdadero riesgo de exclusión social y pongamos en marcha un exquisito control de esas ayudas. Además, como esta Renta Mínima es insuficiente en muchos casos, debe complementarse con ayudas a la Renta que garanticen que todos los hogares, y en especial, aquellos con menores o personas de edad, dispongan de unos ingresos acordes a sus necesidades básicas.
Lo socialmente relevante es integrar en la sociedad a las personas sin recursos, a los que están en verdadero riesgo de exclusión. El primer paso es ofrecer un empleo digno a todos ellos. Para ello habrá que superar el desfase entre los parados de baja cualificación (muchos provenientes del sector de la construcción y del abandono escolar de los años de euforia) y las necesidades de cualificación que exigen las nuevas demandas de las empresas. Pero no basta con ello. La integración no se ha conseguido, por ejemplo, en Francia, donde los “banlieue” (suburbios) son auténticos guetos llenos de jóvenes excluidos de cualquier posibilidad de movilidad social. Estos jóvenes no están integrados ni social, ni económica, ni culturalmente. No hay posibilidades de movilidad social. Adiós al “sueño americano” (y europeo) de que las nuevas generaciones vivan mejor que sus padres. Los huérfanos de la globalización han caído en manos de los populismos porque no ha habido un relato y una agenda socialdemócrata que los proteja.
La exclusión es un problema que se arraiga en la niñez. Por eso, hay que poner recursos en la educación primaria e infantil. Pero incluso esto no es suficiente. Las políticas educativas deben dirigirse en todas sus manifestaciones, y no sólo en la escuela. Las necesidades de los niños no son solo educativas, son también psicológicas, de recursos (libros y cuentos en casa, ocio cultural, campamentos de verano), de aprendizaje de idiomas en la escuela (pública) y no en academias privadas inalcanzables para estos sectores marginados. La riqueza de cuna se perpetúa a través de mecanismos sutiles y ahora es casi un milagro salir de los círculos de la pobreza. Los jóvenes desarraigados de estos barrios parten de un déficit imposible de superar. Llegan sin destrezas básicas al mercado laboral, destrezas de lenguaje, culturales o de idiomas. La movilidad social, sin embargo, no es una cuestión de altruismo, ni de caridad. Es algo más prosaico. Es una cuestión de estabilidad de social y, en cualquier caso, de justicia.
Y todo ello sin confundir la política asistencial con las políticas de empleo. En el campo de las políticas activas de empleo hay mucho que hacer. Según un estudio reciente de Fedea, el 91,3% de los parados no recibe ningún servicio de las oficinas públicas de empleo. El propio gobierno reconoce que el servicio público de empleo (SEPE) solo intervienen en el 3% de las colocaciones. Es, primero, para ponerse a temblar y luego para ponerse manos a la obra con una reforma integral. ¿Cómo? Formación para los parados con gap tecnológico, asesoramiento personalizado - por personal experto y preparado- al parado de difícil inserción, recuperar el concepto -algo olvidado- de yacimientos de empleo, diferenciar la política de autoempleo de la de emprendizaje, involucrar a los empresarios en la definición de currículums y en la formación de habilidades y competencias técnicas, facilitar los trámites administrativos para crear nuevas empresas, impedir alquileres abusivos de los nuevos negocios, ... Como puede verse, una tarea ingente y que requiere recursos y, por desgracia, tiempo. Malo para los políticos que solo miran en su horizonte electoral.
Completar la política educativa con una política de sanidad en la que se reforme radicalmente todo el sistema público de salud para pasar de un modelo reactivo a otro preventivo –como suele recordar el exconsejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa- nos ofrecería un marco general para poner en marcha una política de desarrollo económico moderna. Se trataría de una política de competitividad entendida en términos de innovación, desarrollo tecnológico, internacionalización, especialización inteligente, emprendizaje, colaboración público-privada y regulación de la competencia que pondría los mecanismos para lograr un reparto más equilibrado del crecimiento
Y todo ello, con una reforma fiscal en profundidad que grave de manera progresiva la capacidad económica de los contribuyentes, sin obcecarse en las clases medias, tratando conjuntamente las rentas del trabajo y el capital con el patrimonio y sucesiones (y donaciones, que no se trata de hacer trampas al sistema), sin mostrar ojeriza a la imposición indirecta (IVA), impuestos especiales y medioambientales e impuestos sobre las transferencias financieras.
Esta agenda económica- acompañada de una agenda de reforma del sistema institucional- es una alternativa diferente – y no una simple copia rectificada- de los populismos de izquierda y de derechas y, también, a la política neoliberal que hemos sufrido estos últimos años. Creo que podría ilusionar a los ciudadanos por realista y alcanzable. Requiere, no obstante, más allá de voluntarismo, una mayoría social que la respalde. Es lo que algunos denominan “nuevo contrato social”. Se trata de una política que debe ir acompañada de algo que ha faltado en los últimos tiempos: credibilidad. Es el único camino para resituar el posicionamiento ideológico de la socialdemocracia en el ya avanzado siglo XXI.
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