Recuperar la credibilidad exige la dimisión de Juncker

Hemos asistido con perplejidad e indignación a la constatación de dos hechos que ponen de manifiesto la supeditación de “la política” a los lobbys y al interés de las multinacionales. Cuando la política no es capaz de poner a los poderosos en su sitio -sean estos las multinacionales o las eléctricas, como antes sucedió con la banca- no podemos esperar que la ciudadanía crea en la política.

La socialdemocracia europea no puede estar 'missing' cuando se constata que el señor Juncker ha firmado con 340 multinacionales convenios por los cuales estas empresas han podido eludir el pago de impuestos por su actividad en los países donde están residenciadas sus empresas y hacer el pago en Luxemburgo en un porcentaje que resulta testimonial en su país. Esta práctica de elusión y evasión fiscal se ha realizado con la intermediación de empresas de auditoría y consultoría que han convertido en legal lo que es toda una trama para la comisión de un delito de evasión fiscal generalizada en el conjunto de la UE. El padre de este entramado delictivo era en aquel momento el presidente del Eurogrupo; el que más exigía a los países del sur de Europa las políticas de austeridad de reducción del gasto en servicios sociales esenciales mientras los ingresos fiscales se veían mermados sustancialmente en España por culpa de la evasión que él practicaba en Europa (¡¡Se habla de un billón de euros por año de evasión fiscal!! y de que es una práctica generalizada en el conjunto de la UE). El mismo que de manera premonitoria le apretaba el cuello a Guindos en un gesto de saludo antes del comienzo de una reunión.

Acertó Pedro Sánchez negando su apoyo a la designación de J.C. Juncker como presidente de la Comisión a pesar de las reticencias de significados dirigentes socialistas. Pero tras lo que ha dado a conocer el ICI, Consorcio internacional de periodistas de Investigación, no se ha continuado con la exigencia de dimisión que por coherencia corresponde. En mi opinión, la exigencia de responsabilidades debe abarcar ya también la petición de dimisión de J.C. Juncker y obligar a todos los miembros de los socialistas europeos a abrir una crisis en el seno de la UE por el fraude y la evasión fiscal. La socialdemocracia europea debe hacerse visible y poner en su sitio a las multinacionales y exigirles que paguen sus impuestos en los países donde realizan su actividad. La socialdemocracia europea debe exigir a las empresas de auditoría y consultoría que no pueden estar al servicio del fraude y la elusión fiscal organizada. La socialdemocracia europea debe elaborar legislación que penalice esta práctica organizada por las criminales consecuencias que está teniendo en el conjunto de los ciudadanos europeos en desempleo, pobreza, desahucio, precariedad… etc… Si no lo hace, será que tiene obligaciones contraídas inconfesables que supeditan su actuación.

El PSOE debe convencer al resto de los socialdemócratas europeos de que la dimisión de Juncker debe venir acompañada de la devolución a los países afectados de las cantidades que se deberían haber pagado a dichos países por parte de estas multinacionales. Si la política socialdemócrata no es capaz de hacerlo no recuperará la credibilidad de los ciudadanos de la UE y habrá dejado de ser necesaria. El partido socialista debe recoger millones de firmas para que Juncker se vaya a casa, las multinacionales paguen a los países lo que se les debe y se pongan las bases de que esto no vuelve a ocurrir. Por el bien de la UE es el previo de credibilidad a una nueva política fiscal sin evasión ni elusión y armonizada para el conjunto de la UE 28.

Resulta desolador comprobar que quien ha destapado el tema no hayan sido los parlamentarios de la UE sino un consorcio de periodistas de investigación. La labor política de control por parte del legislativo ha quedado a la altura del barro, pero no sólo del legislativo europeo sino también de los legislativos de sus países de origen, puesto que ningún parlamento nacional se ha hecho eco de ello.

El otro hecho que nos indigna y preocupa a muchos ciudadanos es el referido a los más 3.000 millones de euros no exigidos a las eléctricas por parte del Gobierno de JLR Zapatero en junio de 2010. La denuncia interpuesta en Julio de 2013 por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en la Fiscalía Anticorrupción por la puerta giratoria de los políticos y el sector eléctrico se amplió un mes más tarde a un supuesto delito de malversación por haber permitido que las eléctricas cobraran a los ciudadanos 3.400 millones de más por los llamados Costes de Transición a la Competencia que estableció en Josep Piqué (PP) en 1997 con la llamada liberalización del sector eléctrico. Aquella estafa – CTC- se estimó en 8.600 millones que debían devolver los consumidores a las empresas cada mes a través de la factura. En 2006 Zapatero suprimió los CTC pero se olvidó de liquidar las cuentas con las eléctricas. Se olvidó de exigirles que devolvieran los 3.400 millones de más que habían cargado a los consumidores tal y como la abogacía del estado le había informado en 2008 porque lo consideraba “enriquecimiento injusto”. Ese informe le dice a la Secretaría de estado de Energía que tiene de plazo hasta mayo de 2010 para exigirlo. Pero ¡qué desgracia! se les pasó a Miguel Sebastian y su equipo!

¿En qué estaba el gobierno de JLR Zapatero en mayo de 2010? Pues en el “cueste lo que me cueste”, es decir, en el inicio de la política que le ha llevado al PSOE a la situación en la que está: es en mayo de 2010 cuando anuncia un recorte del 5% del salario de los funcionarios, congela las pensiones en 2011, recorta el gasto para dependencia y elimina el 'cheque-bebé'...Todo o parte de esto se podría haber evitado exigiendo a las eléctricas la devolución de parte de su abuso continuado desde 1997 en que el PP de Aznar liberaliza el sector. Un año después se llenaban las plazas y las calles de Madrid de indignación, nacía el 15M que hoy se ha articulado en Podemos.

A día de hoy, nuestro país tiene el precio de la luz más caro de Europa después de Malta, Estonia y Letonia y sigue subiendo…mientras la pobreza energética se extiende. El incremento de la luz entre 2008 y 2013 ha sido de un 63%; el último trimestre se ha incrementado el 11% y además se ha puesto en marcha un sistema de contadores que deja inerme al consumidor.

El PSOE debe exigir que se investigue a fondo y exigir responsabilidades a quienes por acción o por omisión (Joan Clos, M. Sebastián, JLR Zapatero, Solbes, Salgado…) permitieron a las eléctricas ese enriquecimiento ilícito, ese abuso de poder. Si no lo hace es que no hay voluntad de acabar ni con las puertas giratorias ni con nada…

Si un gobierno democráticamente elegido no es capaz de poner en su sitio al oligopolio de las eléctricas en España la política no recuperará la credibilidad. El PSOE debe depurar responsabilidades, exigir la devolución de las cantidades por “enriquecimiento ilícito”, acabar con la puerta giratoria y dar un giro de 180 grados a la política energética, volver a impulsar las renovables y convertir a España en líder, impidiendo los abusos que se están cometiendo y garantizando por ley unos mínimos energéticos a todos los ciudadanos. Aunque se haya pasado el plazo si hay voluntad de ponerles en su sitio se puede recuperar no sólo lo no reclamado sino una política energética radicalmente diferente a la actual basada en las renovables y con un precio de la energía tanto doméstica como industrial que nos permita la familias vivir dignamente y a las empresas competir con los países de nuestro entorno a la par que contaminamos menos. Hace falta un gobierno que sea capaz de poner en su sitio al oligopolio de las eléctricas! Caiga quien caiga!

Si los socialistas no se toman estas dos cuestiones en serio no recuperaremos la credibilidad y las opciones alternativas a su discurso estarán más justificadas si cabe.