Sólo uno de los cuatro excargos del PNV en la cárcel por corrupción tenía el visto bueno de Prisiones para el tercer grado
De los cuatro excargos del PNV que cumplen penas de prisión por corrupción que han accedido al tercer grado en fechas recientes sin haber llegado siquiera a la mitad de su condena efectiva, solamente uno de ellos, Koldo Ochandiano, ha logrado esa semilibertad con el criterio técnico favorable de la junta de tratamiento a la luz de su proceso de reinserción. Al igual que en el caso de Alfredo de Miguel, los también reos Aitor Tellería y Xabier Sánchez Robles tuvieron que recurrir ante la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso, para progresar de grado ya que el informe inicial era desfavorable. Fuentes conocedoras del caso han explicado que estos movimientos son “extraordinarios” en el sentido de que es enormemente inhabitual que se concedan estos regímenes en estadios de cumplimiento de la pena tan tempranos. Desde el entorno de los expolíticos se recalca que “no hay ningún trato de favor”, solamente “cumplimiento de la ley”.
El 'caso De Miguel' es la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. La investigación se inició en 2009, en 2010 hubo detenciones por parte de la Ertzaintza, la instrucción finalizó en 2015, el juicio fue en 2018 y en 2019 llegó una primera y contundente condena para la mayoría de imputados, encabezados por Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava. En 2023, el Tribunal Supremo confirmó el grueso de las penas y, desde entonces, se inició la fase de ejecución. Aunque hubo más condenados, cuatro de ellos tuvieron que ingresar en centros penitenciarios. Fueron De Miguel y los también exdirigentes del Araba Buru Batzar Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, socios en la empresa pantalla Kataia Consulting, ideada para recaudar comisiones y a nombre de las esposas de los tres, y su amigo y alto cargo del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles, que procuró financiación a la trama mediante adjudicaciones irregulares.
Ochandiano, contable de profesión y en cuyo domicilio aparecieron muchas de las pruebas incriminatorias, recibió una pena de siete años y medio, seis de cumplimiento efectivo. Según fuentes penitenciarias, él sí ha recibido un dictamen favorable de Prisiones para avanzar al régimen de semilibertad. Lo logró en enero por sus circunstancias particulares y no tendrá que regresar para nada a Zaballa, la cárcel de Álava. Tendrá seguimiento telemático de sus movimientos.
No es el caso de los otros tres. La junta de tratamiento rechazó sus solicitudes y tuvieron que recurrir por la vía judicial. Como la Fiscalía no ha presentado más alegaciones, la resolución adoptada por la magistrada de Bilbao Ruth Alonso, la encargada de vigilancia penitenciaria en Euskadi, ya es firme. El juzgado ha rechazado la petición de este periódico de acceder a las resoluciones judiciales con los argumentos para esta progresión de grado.
Era ya conocido que De Miguel no contaba con el visto bueno de los funcionarios para pasar a tercer grado. Ocurrió lo mismo cuando quiso empezar ya a tener largas estancias fuera de la cárcel al llevar apenas un año encarcerlado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite flexibilizar el segundo grado. Lo consiguió, traslado de Zaballa a Basauri mediante, pero de nuevo merced a un auto judicial y contra el criterio de los funcionarios. El Gobierno vasco tiene competencias desde 2021 en materia de Prisiones. Eso sí, desde 2024 esta cartera la dirige el PSE-EE y no el PNV. Este martes, la portavoz del Ejecutivo, la nacionalista María Ubarretxena, ha insistido en que lo sucedido “es una decisión judicial, no del Gobierno vasco” y ha confirmado públicamente que la Administración “se opuso a la progresión por criterios técnicos”.
De Miguel, que recibió una pena de más de doce años modulada por las dilaciones indebidas, ya supo desde el inicio que iban a ser nueve de cumplimiento efectivo. Sea como fuere, no ha alcanzado aún ni un tercio de su pena, que expira en julio de 2032, como conoció en su día este periódico de fuentes de la Audiencia Provincial de Álava, el tribunal que juzgó el caso. Quien todos conocen como 'Txitxo', no obstante, tiene que pernoctar de lunes a jueves en su cárcel de referencia, que ya es la de Basauri porque optó por residir tras estallar el caso no en Vitoria sino en Gorliz. Reside en una casa, por cierto, reformada a modo de comisión por un constructor, Prudencio Hierro.
Respecto a Tellería, también exdirigente del PNV así como exconcejal en Vitoria, entre otros cargos, logró igualmente en enero un régimen similar al de Ochandiano. Era su segundo intento, según fuentes judiciales. En el primero se había opuesto, igualmente, la Fiscalía. En su caso, pesa sobre él una condena de algo más de seis años de cumplimiento íntegro. Sánchez Robles, de su lado, lleva meses en tercer grado, desde septiembre de 2025. De nuevo, lo consiguió merced a un recurso judicial. Con una condena de algo más de siete años, fue el primero en acceder a prisión y también el único en no invocar el perdón político del Gobierno de España mediante un indulto. Era el más vinculado al partido cuando llegó la condena, ya que su esposa, Josune Gorospe, ha sido diputada del PNV en el Congreso hasta 2023.