El alcalde de Alonsotegi, Unai Arregi, de EH Bildu, ha enviado a la Diputación de Bizkaia, controlada por el PNV, un escrito de alegaciones de once folios para intentar evitar que sea efectiva la solicitud de reintegro de 600.000 euros más 321.967,49 euros en concepto de intereses de demora por las irregularidades que se cometieron en el municipio cuando el regidor era el ya fallecido, José Luis Erezuma, del PNV. Este dinero, casi un millón de euros, equivale al 21% del presupuesto total anual y descuadra totalmente las cuentas del municipio, de unos 3.000 habitantes.
La controversia surge porque este montante se solicita al estar acreditado que, en 2012, se abonó una subvención foral para unas aparentes obras para reparaciones por unas lluvias torrenciales que nunca se ejecutaron. Los 600.000 euros que puso la Diputación se usaron para saldar deudas anteriores de Alonsotegi con la empresa Laneder y no para obras públicas. Se celebró un juicio y hubo hasta tres confesiones de que, efectivamente, los trabajos no se habían realizado, a pesar de estar certificados por el Ayuntamiento. De hecho, incluso existió un preacuerdo en el que Erezuma, antes de su fallecimiento, los empresarios de Laneder y los otros imputados aceptaban costear el dinero, los 600.000 euros, y los intereses calculados entonces, unos 300.000 euros ya. Sin embargo, quedaron completamente absueltos todos ellos.
Ahora la Diputación quiere que sea Alonsotegi el que devuelva el dinero y EH Bildu, que denunció las irregularidades desde la oposición, se ve en la tesitura de tener que afrontar un pago “nada desdeñable” a instancias del partido al que pertenecían los gestores responsables, el PNV. Entiende que es algo injusto porque el Ayuntamiento, en todo momento, ha ejercido en el proceso penal como acusación y como “perjudicado”, no como responsable subsidiario de las irregularidades cometidas por otros gestores.
Según las alegaciones de EH Bildu, la Diputación ha hecho hasta ahora dejación de sus funciones. Se explica que las presuntas obras se hicieron en tiempo “récord” para obtener cobrar rápidamente la subvención y derivarla a las empresas. El 9 de marzo de 2012 se adjudicaron y el 30 de marzo estaban ya finalizadas, concretamente. “No realizó todas las comprobaciones necesarias. No actuó con la debida diligencia. Tampoco le generó ninguna extrañeza la celeridad tanto en la adjudicación como en la ejecución de las obras”, se apunta en el escrito. Y se añade: “Es evidente que con una simple comprobación [...[ la Diputación foral de Bizkaia [...] hubiese tenido plena constancia del flagrante incumplimiento del objeto de la subvención”.
Se explica también que un letrado de la Diputación se personó en la investigación penal en 2018 y que conoció de primera mano las sucesivas confesiones. Es decir, aunque no se hicieron las comprobaciones en 2012 en 2018 y sucesivamente ya podía haberlo tenido en cuenta. Se adjuntan, igualmente, informaciones de prensa que vienen apuntando a este problema en Alonsotegi desde hace años, dos de ellas de este mismo periódico. Es más, el alcalde actual alega que el reintegro de subvenciones prescribe a los cuatro años y que no se puede pretender que ere reloj se active en 2024, cuando la sentencia fue firme. Ese fallo, aunque absuelve a todos los implicados, sí constata que, en efecto, no hubo obras.
“Trasladar ahora los efectos de dicha mala praxis al Ayuntamiento de Alonsotegi es, cuando menos, injusto. Repárese que el procedimiento de reintegro de la subvención se incoa 13 años más tarde”, remarca el alcalde, que dirige las alegaciones al diputado foral Ager Izagirre, aunque ha sido su colaborador, Imanol Landa, el que ha gestionado toda la comunicación con Alonsotegi. El Ayuntamiento, en todo caso, pide que de no anularse el proceso de devolución del dinero al menos sí “se recalculen” los intereses de demora para que la cifra no sea tan alta. La Diputación plantea hacer el cobro con descuentos en los pagos que hace al municipio como responsable de la financiación local.
La resolución de este expediente tiene una trascendencia crucial porque están pendientes otros dos juicios por irregularidades en Alonsotegi, de nuevo denunciadas por EH Bildu, y que afectan a los dos alcaldes del PNV anteriores a Erezuma, Aitor Santisteban y Gabino Martínez de Arenaza. En el caso de Santisteban, que está pendiente únicamente de la fijación de fecha para el juicio, el 'modus operandi' es idéntico... aunque con cantidades más altas. En este caso Bizkaia puso 1,7 millones de subvención y el Estado dos asignaciones de 230.000 a través del 'plan E' de José Luis Rodríguez Zapatero.