Euskadi creará una pasarela para reconocer el derecho a la vivienda a 32.000 perceptores de ayudas sociales

El consejero Arriola, este jueves con su homólogo balear Marí

El Gobierno vasco tiene ya el borrador de un decreto para activar una pasarela que permitirá a unos 24.000 perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) que ahora mismo perciben complementos para el alquiler (la denominada PCV), unos 8.000 beneficiarios de ayudas de emergencia social para la vivienda (AES) y posibles perceptores del nuevo ingreso mínimo vital estatal (IMV) convertirse en titulares del derecho a la vivienda creado en 2015. El plan permitirá incluso que excepcionalmente accedan a ello personas sin nacionalidad o permiso de residencia, una garantía del sistema vasco de prestaciones sociales no prevista en la normativa de 2012 de Etxebide, el registro de demandantes de pisos protegidos.

Nuevo sistema de control de la RGI tras 146.297 pagos "indebidos" en cuatro años y 66 millones pendientes de cobro

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Euskadi fue la primera comunidad autónoma que desarrolló por ley la previsión constitucional que alude a una “vivienda digna”. No fue un parto sencillo, ya que el PNV se opuso desde el Gobierno -como el PP- y salió adelante con una heterogénea suma desde la oposición conformada por PSE-EE, EH Bildu y UPyD. Algunos puntos llegaron al Tribunal Constitucional y el PNV, desde el Ejecutivo, alertó de un “efecto llamada mundial” por los nuevos derechos creados. Desde 2016 los socialistas gobiernan en coalición con los nacionalistas y han gestionado la cartera de Vivienda, siempre con Iñaki Arriola como titular.

Esta ley se traduce en la adjudicación de una casa en alquiler social adecuada a las características familiares del solicitante o, si no es posible, en el abono de ayuda de 275 euros para el acceso al mercado libre (conocida como PEV) siempre que se cumplan unos requisitos de tipo económico y burocrático. A finales de 2021, se estimaba en unos 6.000 los titulares del derecho subjetivo a la vivienda, por lo que el nuevo modelo cambiará de raíz la situación. Navarra, por ejemplo, ya ha imitado este modelo.

El decreto viene a poner solución a un agujero legal creado por la legislación de 2015. Como filosofía, la nueva ley previó la desaparición de todas las ayudas al alquiler y, singularmente, la de la PCV. Subyacía que esta prestación estaba vinculada desde su nacimiento con la RGI y que estaba gestionada desde el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) y no desde el Departamento de Vivienda. Responde, por ejemplo, a requisitos de empleabilidad o formación. Sin embargo, el modelo suponía un problema porque los requisitos para el derecho a la vivienda y los previstos en el sistema de garantía de ingresos eran muy disímiles. El segundo, por ejemplo, obligaba a estar registrado en Etxebide, que requiere tener nacionalidad o permiso de residencia. La RGI y la PCV, por el contrario, se pueden solicitar acreditando únicamente empadronamiento efectivo en Euskadi, en concreto tres años en la mayoría de supuestos. Hasta ahora, PCV y PEV han convivido y han tenido las mismas cuantías, 250 euros hasta este año y desde 2022 275 euros, pero es ahora cuando se terminará de solucionar el entuerto.

Explica el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, dirigido por el socialista Iñaki Arriola, que la “provisión de recursos humanos” para la “asunción de la gestión de todas las prestaciones al alquiler” es lo que permite ahora el cambio de modelo. Es voluntad que sea la agencia Alokabide la que releve a Lanbide en la concesión, pago y control de las ayudas, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. No obstante, desde el Ejecutivo indican que “aún faltan varios meses” para que el decreto sea promulgado, ya que están pendientes informes de la Comisión Jurídica Asesora (COJUA) o de la Oficina de Control Económico (OCE), entre otros. “Se trabaja con la filosofía de que nadie se quede atrás cuando se realice el cambio al sistema de Vivienda. Se amplía el derecho subjetivo a la vivienda a colectivos sociales que vienen del sistema actual de protección social de la RGI, igualando los requisitos de ambos sistemas para que nadie se quede fuera”, añaden las fuentes consultadas.

La pasarela será temporal y se regula en varias disposiciones transitorias del decreto. Se establece con claridad que cuando sea aprobado no habrá nuevas PCV, aunque sí un compromiso de seguir pagando las previas hasta que se extinga el derecho reconocido. Como medida urgente, quienes cumplan los requisitos y vean acabada la PCV pueden dejar esa prestación de Lanbide y pasar a la nueva. Habrá un período de “seis meses” para ir haciendo el salto, sin que en ningún momento se deje de cobrar la ayuda de una o de otra ventanilla, según se promete. Este régimen temporal será de un año, es decir, se cobrarán un máximo de doce mensualidades de la PEV automáticamente.

En ese tiempo y durante “tres años y medio” habrá un mecanismo para facilitar el derecho a la vivienda a todos los efectos -incluida la posibilidad de tener acceso a una casa y no solamente el dinero- para toda esa bolsa de unos 25.000 perceptores de ayudas. Se les pedirá tres años de empadronamiento pero no antigüedad en Etxebide o la nacionalidad. También se abrirá esta puerta a algunos antiguos perceptores de la PCV e incluso a personas que “sin haber sido perceptoras de la PCV” sí cumplieran los “requisitos necesarios para serlo”. En el caso de los que cobran AES para vivienda -gestionadas por los ayuntamientos- habrá “nueve meses” para que accedan al derecho a la vivienda sin antigüedad en Etxebide. Mientras, en el caso del nuevo IMV, ya transferido a Euskadi este mismo año, se habilitará también un marco de “tres años y medio” para poder acogerse a estas medidas. No obstante, son muy excepcionales los supuestos en que los beneficiarios de esta ayuda no lo son antes de la RGI, por lo que casi no tendría aplicación práctica, aunque el Gobierno ha querido sellar todos los resquicios.

“Se recoge un mecanismo automático para que los beneficiarios de la RGI e IMV de los que nos informe Lanbide y que dispongan de contrato de alquiler accedan automáticamente a las prestaciones de alquiler del sistema de Vivienda. Después de un tiempo prudencial, tendrán que tramitar su solicitud de derecho subjetivo a la vivienda bien para acceder a una en alquiler social o bien para seguir recibiendo la prestación. Se ofrecerán facilidades durante varios años a quienes reciban el IMV y a quienes perciban las AES en concepto de pago de alquiler sin exigirles la antigüedad en Etxebide. En los documentos que manejamos no se trata la cuestión de la nacionalidad. El empadronamiento será coherente con la normativa actual de la PCV para no suponer un obstáculo”, explica el Gobierno, que en todo caso recalca que es un “borrador” y que la redacción final podría sufrir “modificaciones”.

El decreto ofrece también algunas pinceladas de cómo será la denominada PEV en el futuro, aunque se remarca que la primera obligación de la Administración es proporcionar una casa y que solamente si no tiene disponibilidad en el parque público se pasa al abono de dinero. En primer lugar, fija como cuantía cerrada los 275 euros actuales. Esta cifra fue revisada de cara a 2022 después de años congelada en 250 euros y tras haber sufrido un recorte por parte de la también socialista Gemma Zabaleta, ya que inicialmente llegaba hasta los 320 euros cuando se diseñó. Es la misma ayuda que se abona a los jóvenes del programa de emancipación Gaztelagun. No se contempla ningún mecanismo de revisión ni en función del IPC o ni siquiera en función de un acuerdo político en la ley de presupuestos. Cada subida o bajada, por lo tanto, debería realizarse con una norma del mismo nivel, esto es, con un decreto que modifique el que se prevé aprobar.

Salvo para los afectados por la pasarela, el “riesgo de exclusión social” para tener derecho a la vivienda en Euskadi se marca en 11.000 euros anuales “ponderados” de ingresos para una persona. No es lo mismo que la cifra que se declara en el IRPF y para lo que hay una calculadora en la web de Etxebide. Se eleva a 14.000 euros para una pareja y a 17.000 para unidades de convivencia de tres o más miembros siempre que su patrimonio no supere los 50.000 euros, un valor del que quedan excluidos algunos bienes al modo en que ocurre con la RGI, que no computa bienes destinados a una actividad económica, por ejemplo. Como normas de funcionamiento, el Gobierno prohibirá “taxativamente” el subarriendo “total” o incluso de una habitación o por temporadas de un piso protegido adjudicado así como que las ayudas sustitutivas se destinen a otro fin que no sea el acceso a la vivienda. Por cada familia habrá una ayuda y puede haber dos en una misma casa siempre que sean dos unidades separadas que la compartan, algo que tendrá que estar debidamente documentado con contratos. Si ocurriere que la renta en el mercado libre no superase los 275 euros -o los 550 si se da el caso de la doble prestación-, se reduciría la cuantía hasta ajustarse a esa cantidad y no generar un lucro.

Se da la circunstancia de que Euskadi tramita también la ley de reforma de la RGI, que ya ha sido enviada al Parlamento. Ese texto prevé mejoras en todas las cuantías actuales, y ya adelantaba también el final de los complementos de alquiler en favor del nuevo sistema. Sin embargo, fija un modelo muy diferente al original de 2008, vinculado a procurar unos ingresos de al menos el 88% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que hay fueron recortándose en los últimos años y que ahora definitivamente se orillan.

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