Bruselas acepta que Euskadi recuperó todas las ayudas fiscales pero mantiene la multa
Euskadi ha recuperado todas las ayudas ilegales por las llamadas vacaciones fiscales, un total de 508 millones de euros, pero debe abonar una multa de más de 60 milones por el retraso en la devolución de esta subvenciones. Este es el criterio expuesto este martes por la Comisión Europea en una vista celebrada ante el Tribunal de Luxemburgo –la instancia judicial europea que dirime los litigios que afectan a los países miembros- sobre la recuperación de las vacaciones fiscales en Euskadi, los incentivos que beneficiaron entre 1995 y 2000 a cerca de 300 empresas.
En el juicio, se ha dirimido las cantidades devueltas y los criterios utilizados. Las tres diputaciones forales (las instituciones vascas que dieron las ayudas que alcanzaban deducciones de hasta el 45% de inversiones que superasen los 15 millones de euros) realizaron una primera devolución de las ayudas en 2007 tras el fallo judicial de 2006 que declaró ilegales las vacaciones fiscales. Pero entonces las autoridades de Bruselas se consideraron engañadas, al cuantificar que sólo se había devuelto menos del 15% y calculaban que aún se debían unos 750 millones. Ante ello, la CE presentó en 2011 una demanda ante el Tribunal de Luxemburgo que exigía además una multa económica. Esta sanción asciende ya a 63 millones de euros pero se exponía a que fuera mayor: más de siete millones de euros al mes, 236.000 euros diarios, una vez que se emita la sentencia hasta el día en que se recupere todo lo exigido.
En la vista de este martes, la CE considera que ya se ha recuperado el 100% de las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las vacaciones fiscales vascas -508 millones de euros, de los cuales la mayor parte, 334 millones, corresponden a Álava- y que sólo tiene pendientes 278.000 euros en intereses.
Al haberse devuelto ya casi todo el dinero, el Ejecutivo comunitario ha pedido al Tribunal que perdone a España la sanción más grave -que suponía 236.044 euros por día de retraso-, siempre los intereses pendientes se pagan antes de que haya sentencia final, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. Sin embargo, Bruselas mantiene su petición de una multa de 25.817 por cada día transcurrido entre la primera sentencia y el reembolso de la ayuda, que ascendería a alrededor de 60 millones.
Durante la vista, España ha pedido al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre cuál es el método de cálculo que debe utilizarse para calcular el importe de las ayudas a devolver. El motivo es que el Ejecutivo comunitario rechazó los criterios iniciales utilizados por las autoridades españolas y les obligó a recuperar más subvenciones. El pasado año, tras una ardua negociación, las diputaciones volvieron a recaudar más dinero de las empresas. En esta segunda devolución, parte de la recaudación se ha realizado en especies, mediante propiedades y activos de las empresas que se beneficiaron de las vacaciones fiscales.
Tras la vista de este martes, la abogada general del Tribunal de Justicia, Eleanor Sharpston, publicará en los próximos meses su recomendación sobre si debe imponerse o no una multa a España y sobre su importe, que puede modificar la propuesta de la Comisión. La sentencia final se dictará a continuación.
El caso se remonta a 2001, cuando la Comisión declaró ilegales seis regímenes de ayudas fiscales en vigor en las provincias de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia y exigió su devolución.
Las ayudas se concedieron en forma de créditos fiscales correspondientes al 45% de las inversiones que superaban los 15 millones de euros y de exenciones fiscales temporales para reducir de manera sustancial el impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación durante los cuatro primeros años que obtuvieran beneficios. El régimen fue derogado pero las ayudas han tardado en recuperarse 12 años.
