“La apuesta del PNV por la bilateralidad es inviable”

Javier Tajadura (Roncal, 1969) formó parte del grupo de expertos que bajo la batuta de Francisco Rubio Llorente, entonces al frente del Consejo de Estado, redactaron el informe sobre la reforma constitucional encargado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Este navarro metido a profesor de Derecho Constitucional en la UPV recibe a eldiarionorte.es en su despacho horas antes de asistir en Almería a unas jornadas sobre la reforma constitucional que todo el mundo apunta se prevé para la próxima legislatura.

Y ante la perspectiva de que en la siguiente legislatura, que ya no será de mayorías absolutas, se abra el melón constitucional, se pregunta: ¿Cómo integrar al nacionalismo en el consenso constitucional? “Con un autogobierno claro, que no haya invasiones de su ámbito competencial, y para eso los derechos históricos sirven para poco, no son prácticos porque son de una ambigüedad tremenda”, sostiene Tajadura, ante la reivindicación peneuvista de la “nación foral” o de la actualización de los derechos históricos recogida en la Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978. Con todo, cree que habrá que esperar a lo que digan las urnas en las elecciones generales de diciembre. “Todo va a depender del resultado del 20-D. Y la mayoría reformista natural es la que puedan conformar PSOE y Ciudadanos, aunque para la reforma constitucional hay que integrar al PP.

No sé si corren buenos tiempos para la celebración del Estatuto de Gernika 36 años después.

El Estatuto de Gernika es la norma institucional básica de la comunidad, es su norma fundacional. Las comunidades autónomas existen porque hay un estatuto que las crea. Todas las comunidades celebran el estatuto como el día de la comunidad.

Bueno, todas no. Aquí se derogó como fiesta tras la salida de los socialistas del Gobierno vasco, con una iniciativa aprobada en el Parlamento con los votos de PNV y EH Bildu.

Lo triste es que aquí se haya suprimido la celebración. Hemos dado un paso atrás. El Estatuto es la fuente de legitimidad de las instituciones, la norma que garantiza el autogobierno, así que cualquiera que defienda el autogobierno y el entramado institucional del País Vasco tiene que celebrar la norma que hace todo eso posible.

Aunque muchos políticos se empeñan en mirar al pasado para señalar los derechos históricos, la Disposición Adicional Primera de la Constitución, etc, lo cierto es que Euskadi se constituye como comunidad política con el Estatuto de Gernika.

Claro. De un estatuto que trae causa además de la Constitución. La Constitución de 1978 tiene una serie de problemas en el Título VIII [organización territorial del Estado], pero está claro que contiene una decisión a favor de la descentralización, garantiza el derecho de autogobierno y pone en marcha un proceso descentralizado que se consolida con los estatutos. Si desaparece el Estatuto, desaparece con él la comunidad autónoma, luego estamos hablando de algo realmente importante. Y trae causa de eso. Asi que decir eso de que el País Vasco existe por la historia, etc, todo eso son fantasías. Jurídica y políticamente, existe por el Estatuto de Gernika.

Hay un dato sorprendente: el Estatuto vasco es el único que no se ha modificado en España. ¿A qué lo atribuye?

Es cierto. Igual viene todo en el mismo paquete: el único que no se ha reformado y el único que no se celebra, salvo el paréntesis de la etapa de Patxi López al frente del Ejecutivo. Parece que de esa manera se minusvalora o se relativiza el valor. Creo que es un error. De todas maneras, tampoco es que las reformas de los otros estatutos merezcan una valoración positiva, porque el tema territorial y competencial hay que resolverlo vía Constitución, no vía estatutos. Y los estatutos resuelven el tema competencial de una manera muy ambigua, imprecisa o lo hacen considerando competencias exclusivas algunas que también se reserva la Constitución. Lo estamos viendo ahora en Navarra con la competencia de la Guardia Civil de Tráfico: la competencia exclusiva es del Estado, y la Lorafna [Ley de Amejoramiento Navarro] también atribuye la competencia exclusiva a la comunidad. Tiene razón la consejera de Interior de Navarra cuando reclama lo que pone la ley. El Estado autonómico es la institucionalización del caos, en el que no se sabe quién tiene que hacer cada cosa. Por eso de lo que se trata es de clarificar las competencias en la Constitución.

Tal vez detrás de la no modificación del Estatuto de Gernika...

Está la deslegitimación, sin duda

Y la experiencia del 'plan Ibarretxe'...

Y su apuesta por la ruptura, claro.

Pero el PNV muestra ahora su cara más pactista, busca el acuerdo transversal, se aleja de la vía independentista catalana y quiere participar y contar en la discusión que se va a abrir en la próxima legislatura sobre el nuevo modelo territorial.

Esa disposición a reintegrarse en el consenso constitucional es fundamental. Aquí hay dos vías: la vía demencial de Artur Mas, de ruptura, yo la llamo la vía del golpe de Estado, que es lo que está preparando Mas, y luego la vía de respeto a los procedimientos el Estado de derecho, la vía de Urkullu y del PNV. Y es encomiable esa voluntad que plantea el PNV de que como en 2016, en las nuevas Cortes, se va a abrir un escenario de reforma constitucional, quiere estar. Incluso ha marcado ya sus líneas rojas.

De hecho, en el discurso del lehendakari y del propio presidente del PNV, Andoni Ortuzar, hay un concepto que se repite con asiduidad casi como línea roja: la bilateralidad. ¿Tiene cabida esa especie de Concierto político que plantea el PNV? ¿Se podría engarzar de alguna manera en el debate de la reforma constitucional?

Eso sería extrapolar el Concierto, la relación tributaria del País Vasco con el Estado a los demás ámbitos es inviable. El Estado es uno, no hay una parte del mismo que negocia con el Estado. Ese planteamiento valdría para una confederación de Estados. La idea de la bilateralidad es la idea de la confederación: un Estado pacta con otro ponen en común el Ejército, la defensa, las relaciones internacionales, pero cada uno mantiene su soberanía y pacta de igual a igual. La relación de Murcia o del País Vasco con España no puede ser nunca confederal, es constitucional, emana de la Constitución de 1978, no de un tratado internacional. Eso es inviable. Es cierto que España es un país que se llama Estado y que no tiene una Hacienda única, los nacionalistas ya lograron introducir esa relación bilateral y ese elemento confederal en un ámbito limitado: el de la fiscalidad.

¿Y esa idea del PNV de crear una institución ajena al Tribunal Constitucional en el que el Estado y Euskadi diriman los conflictos competenciales o de autogobierno que se puedan producir en el futuro?

Eso tampoco cabría porque supondría la creación de una suerte de árbitro entre el poder central y el autonómico que ya existe. No hace falta crear una Tribunal Constitucional 'ad hoc' para los conflictos solo con una comunidad. Lo principal ahora es la clarificación competencial, para que no haya la desmedida conflictividad que existe en estos momentos.

Es que los nacionalistas se quejan de que ese árbitro está comprado

De ahí la importancia de la imparcialidad. Eso nos lleva al desprestigio actual del Tribunal Constitucional. Ese es un problema diferente que nos obliga a ver cómo se eligen sus miembros, como se han politizado en sentido partidista sus nombramientos. Nada tiene que ver el actual tribunal con el de 1980, que eran juristas de prestigio. Se necesita un órgano no solo con potestas, sino con auctoritas, como pasa con el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es que algunos de sus miembros nunca deberían haber entrado en el Constitucional.

¿Y esa realidad no les carga de razón a los nacionalistas?

Claro que les carga de razones, pero no para pedir un tribunal para solo para Euskadi, sino para exigir la modificación de los criterios de elección y evitar la politización del actual intérprete de la Carta Magana. Y esto es algo que nos interesa a todos, no solo a los nacionalistas y al País Vasco.

¿No ve usted entonces viable hacer realidad aquel planteamiento de Josu Jon Imaz cuando era presidente del PNV de “No imponer, no impedir” en una relación entre el Estado y Euskadi?

Por poder, podría ser posible. ¿Lo que se admitió en 1978 en relación con la bilateralidad en materia fiscal y los derechos históricos y la Disposición Adicional Primera de la Constitución -algo que no casa con una constitución democrática basa en derechos de las personas, no de los territorios- para qué se hizo? Para incluirlos en el consenso constitucional. Y, al final, total para que se abstuvieran; bueno, al menos no votaron en contra. ¿Las demás comunidades están dispuestas a aceptar ese precio que pone el PNV?

¿Entonces, cuáles son las potencialidades de la Disposición Adicional Primera de la Constitución, la actualización de los derechos históricos?cuáles son las potencialidades de la Disposición Adicional Primera de la Constitución

Es que en la práctica esos derechos históricos son el Concierto Económico, de la etapa de Cánovas del Castillo, que no es de hace 7.000 años, tiene 100 años, y la potestad legislativa de las diputaciones forales, frente al resto de diputaciones españolas, que no pueden hacer normas. ¿Cómo integrar al nacionalismo en el consenso constitucional? Con un autogobierno claro, que no haya invasiones de su ámbito competencial, acabar con la legislación básica, reformar el Tribunal Constitucional para que sea un árbitro imparcial y en el que se pueda confiar, con eso el autogobierno saldrá muy fortalecido. Y para eso los derechos históricos sirven para poco porque son de una ambigüedad tremenda. Esa vía no es práctica, los derechos históricos no son prácticos.

Pero precisamente los conceptos abstractos son los que permiten llenarlos de contenido en función del pacto político que se pueda alcanzar.

Correcto. Pero esas posibilidades de pacto político no son ilimitadas porque hay un Tribunal Constitucional que puede cercenar esas potencialidades. Se puede pedir más, la independencia, la creación de un Estado, pero eso ya es otra cosa.

¿Y el reconocimiento de la nación vasca o catalana?

Con la Constitución en la mano ya hay un reconocimiento de las realidades nacionales, lo que pasa es que el término que se emplea es de las nacionalidades. ¿Habría algún problema en cambiar el término? Pienso que no, que pongan naciones culturales o naciones a secas.

¿El término que acuñó el lehendakari en el Debate de Política General de “nación foral”, qué le sugiere?

Lo que importa es saber cuáles son las consecuencias que se quieren extraer de uso del término. Si el lehendakari vincula la nación y los derechos históricos con la idea de la soberanía, por esa vía parecería que quiere ir a lo del derecho a decidir, al derecho de autodeterminación, y eso es inaceptable. Eso es una nación política y, además, conduciría a la ruptura. Si no pretende extraer esas consecuencias, sino simplemente como una realidad cultural de lo que es una nacionalidad y le pone el adjetivo “foral” para enmarcarlo dentro de la Disposición Adicional Primera de la Constitución, no sé si cambia algo. La Constitución garantiza las libertades y los derechos de los ciudadanos, además de la distribución del poder territorial, la parte importante, la sustantiva es la de que garantiza la libertad, lo otro es instrumental, los poderes hay que organizarlos al servicio de esa libertad. Lo otro es falsear el pasado, idealizar un pasado en el que, por cierto, no había libertades, ni derechos.

¿Cree que se está sobreactuando con la polémica del Concierto y el Cupo o que hay un riesgo real de que se cambien radicalmente las reglas de juego?

No hay ningún riesgo. Esa es una de las líneas rojas del PNV y creo que se aceptará. No vamos a resolver el problema catalán creando aquí otro. Está de acuerdo el PP, el PSOE, pese a sus discrepancias internas, y solo Albert Rivera lo cuestiona, pero tendrá que aceptar el mantenimiento del Concierto. Lo único que podría ocurrir es que se revisara el cálculo el Cupo, manteniendo el Concierto y la bilateralidad, pero el sistema como tal no está en peligro.

¿En un artículo suyo de finales de 2013 proponía la celebración de un referéndum o consulta, no sobre el “inexistente derecho a decidir de los catalanes, sino sobre la conveniencia de reformar la Constitución?

Desde entonces lo que ha pasado es que se ha perdido el tiempo. En 2012, Artur Mas aún decía que la independencia era un concepto caduco, y ahora ya vemos cómo están Cataluña y Mas. Ellos no han perdido el tiempo, han acelerado en una ruta que va hacia el golpe de Estado y la ruptura, y el Gobierno central se ha quedado quieto, sin ninguna iniciativa política. Y aquel artículo pretendía una salida jurídica para poner en marcha algún procedimiento de diálogo respetando el procedimiento para el cambio constitucional. Y hubiera salido que sí porque la inmensa mayoría de los catalanes quieren reformar la Constitución.

Desde entonces, hemos conocido la experiencia del referéndum en Escocia pactado con el Reino Unido.

Estamos en otro estadio, pero quiero dar una nota de optimismo. Las elecciones catalanas revelaron una sociedad partida por la mitad, pero hay una mayoría de 70% que, frente a la independencia, quiere reformar el marco territorial español y seguir siendo España. Pero el inmovilismo de Mariano Rajoy al final alimenta el rupturismo. La única manera de defender las constituciones es reformándolas, quien se niega a reformarlas, no las defiende, las pone en riesgo. El presidente Rajoy dijo que estaba dispuesto a entrar en la reforma de la Constitución, pero le duró una mañana. Dijo que “había base para iniciar la reforma, trabajo ya hay hecho, el magnífico informe del Consejo de Estado presidido por Rubio Llorente y aprobado por unanimidad”. Pero a la tarde ya dijeron que no lo iban a incluir en el programa y que abrir el melón era un peligro.

Pero que yo recuerde aquel informe no se aprobó por unanimidad.

Efectivamente, era un dato falso. De los treinta y tantos consejeros entre vitalicios y natos hubo un voto en contra: el de José María Aznar. Y hoy en día sigue defendiendo que no hay que reformar nada. Y repito, las constituciones que no se reforman, perecen. Hay una responsabilidad por parte del Gobierno en lo que ha pasado, aunque también es cierto que no se puede reformar bajo la amenaza de la secesión. Pero en 2012 y 2013 no existía ese planteamiento. Pero quiero ser optimista, ahora se va a sobreactuar y a perder el tiempo hasta el 20-D.

La cuestión es si tras el 20-D, con una nueva mayoría en las Cortes y un nuevo inquilino en La Moncloa, será posible 'seducir' a los nacionalistas para incorporarles a ese nuevo consenso constitucional al que usted se refería.

Veremos si les vale con un reconocimiento simbólico o no. Es difícil que el PSOE entre mucho más al detalle del sentido de su reforma electoral, ni que el PP vaya a abrazar la reforma de saque. Habrá que esperar al 2016. Y quiero pensar que el PP participará en el debate y que no se va a excluir, y que entre todos se haga un esfuerzo y se entre a la reforma y se deje de hablar en abstracto.

Quería terminar con lo que está sucediendo en Cataluña: Se están superponiendo varias realidades: por un lado el proceso independentista y la elección del nuevo presidente; por otro, la explosión de la investigación a CDC por la trama corrupta del 3% que presuntamente financiaba al partido de Mas.

Es un cóctel explosivo. Va a ser un difícil la formación de Gobierno en Cataluña. El tema de la corrupción veremos qué efectos tiene. La CUP y los de Juntos por el Sí lo único que tiene en común es la secesión, pero los de Juntos por el Sí tienen la fantasía de secesionarse y seguir en la Unión Europea, pero los de la CUP quieren salirse de la UE porque rechazan el capitalismo, el sistema liberal, la OTAN... lo rechazan todo. Es muy difícil. Los de la CUP lo que tienen positivo es que siempre han denunciado la corrupción de muchos de los que están en Juntos por el Sí, lo cual va a dificultarles vender el apoyo a esa coalición. Mas la única salida sensata que tiene es recular, pero cada vez le resulta más difícil. Cataluña creo que tiene hasta el 9 de enero para convocar nuevas elecciones, con lo que podrían intentar apurar plazos para ver qué pasa tras las elecciones generales. Esto va a ser un impasse, un impasse que va a ser dramático porque se están calentando los ánimos por el tema de la corrupción, el proceso de Mas por la consulta del 9 de diciembre, los espectáculos que montan allí delante del tribunal. Todo va a depender del resultado del 20-D. Y la mayoría reformista natural es la que puedan conformar PSOE y Ciudadanos, aunque para la reforma constitucional hay que integrar al PP.