¿600 euros al mes es un alquiler social?
La plataforma Stop Kaleratzeak Araba reclama a la sociedad pública de alquileres sociales Alokabide que sometan a revisión con mayor periodicidad los precios de sus arrendamientos para adaptarse a las nuevas situaciones económicas de los ocupantes de estas viviendas. Esta práctica se realiza, según relatan los portavoces del colectivo, cada cinco años, un intervalo de tiempo desmasiado largo a juicio de los afectados, “en el que las circunstancias laborables y por consiguiente, las rentas familiares pueden sufrir variaciones”.
Esta regularidad empleada al establecer las rentas provoca desfases entre las mensualidades que han de pagar los ocupantes y sus ingresos, que en muchos casos han menguado desde la última actualización. Los portavoces de la plataforma consideran que la función social de estas viviendas queda desvirtuada debido a estas diferencias. “Cuando muchos vecinos deben pagar rentas más altas que sus ingresos el fin social desaparece. Esta situación hace insoportable a muchos inquilinos continuar viviendo en esos pisos y los deshaucios se multiplicarán”, denuncia Jon Ander García, portavoz del colectivo. “Hay una falta de sintonía. Una renta de 600 euros se aleja del fin social que persigue este recurso y se acerca al precio de los alquileres libres”, añadía otro integrante de la plataforma en la rueda de prensa convocada para denunciar la situación. “Desde Alokabide nos dicen que la normativa no se puede cambiar de la noche a la mañana. Pero cuando quieren, cuando las modificaciones son en beneficio de los banqueros, se dan prisa para alterar lo que sea necesario. Aquí los cambios urgen y deben tenerlo en cuenta” insisten desde Stop Kaleratzeak Araba.
En desempleo y con 100 euros de gasto de comunidad
La plataforma exige una reacción ágil de la entidad pública que permita resolver los problemas cuando se detectan y no prolongar así la agonía de los afectados. “Se conocen estos casos desde hace año y medio y en ese tiempo no han movido un dedo”, insistían.
Sólo en Álava hay media docena de casos en proceso deshaucio por este motivo, según los representantes de la plataforma Stop Kaleratzeak Araba.
Las dificultades de los ocupantes para afrontar las mensualidades se recrudecen por los gastos comunitarios de estos pisos sociales. Los proveedores de los servicios de estas comunidades de viviendas sociales vienen impuestas desde el Gobierno vasco y sus precios, según denuncia los inquilinos, son muy altos. “Es del todo incoherente que estemos en paro y tengamos que pagar a una empresa para que nos haga la limpieza comunitaria. Nosotros proponemos hacerla entre los vecinos para poder ahorrar pero la gestión de la comunidad es hermética y unilateral y no nos permiten ni opinar ni decidir”, lamenta Jon Ander Garcia que calcula en más de cien euros mensuales los gastos comunitarios de algunos bloques sin incluir consumos.
