Los partidos vascos encaran la reforma de un nuevo Estatuto sin resolver sus discrepancias en materia soberanista

El Parlamento Vasco ha iniciado este lunes la tramitación oficial de la reforma del Estatuto político de Euskadi, un objetivo que pese al principio de acuerdo alcanzado entre el PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE en materia social, parece aún lejos de poder lograrse, dadas las discrepancias que tanto estas formaciones, como EH Bildu y el PP, mantienen a la hora de afrontar cuestiones como el derecho a decidir u otros aspectos de contenido soberanista.

El borrador sobre un texto articulado de nuevo Estatuto acordado por los expertos designados por el PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE, así como las propuestas discrepantes de estos grupos a la hora de abordar las cuestiones de mayor carga soberanista, han sido tramitadas este martes por la Mesa del Parlamento, que también ha dado cauce a los documentos alternativos registrados por los juristas propuestos por EH Bildu y el PP.

Estos documentos han sido elaborados por los expertos a los que los grupos del Parlamento Vasco encomendaron hace un año la elaboración de una propuesta de texto estatutario. A partir de ahora, el debate sobre la reforma del marco de autogobierno de Euskadi --que no se ha modificado desde la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979-- volverá a corresponder a los grupos de la Cámara autonómica, que a partir del día 11 reanudarán esta labor en el seno de la ponencia de autogobierno.

No obstante, las discrepancias de fondo que mantienen los partidos vascos, así como la proximidad del final de la legislatura autonómica --que, salvo adelanto electoral, acaba en septiembre de 2020-- se presentan como escollos importantes para que este proceso de reforma estatutaria pueda alcanzar grandes avances y cerrarse un nuevo marco en esta legislatura.

El texto consensuado por los juristas designados por el PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE recoge las coincidencias de estas formaciones para que el nuevo Estatuto incluya avances y mejoras en materia social y de derechos. No obstante, las diferencias de estas formaciones ante la cuestión soberanista se han traducido en propuestas diferenciadas a la hora de abordar este asunto.

“PACTADO CON EL ESTADO”

De esta forma, el experto Mikel Legarda (PNV) propone incluir una Disposición Adicional Segunda en el nuevo estatuto que establezca que “la plena realización de los Derechos Históricos del Pueblo Vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado”.

A su vez, la propuesta de Disposición Adicional Segunda que propugna Arantxa Elizondo (designada por Elkarrekin Podemos) indica que “la plena realización de los Derechos Históricos, como manifestación institucional del autogobierno de Euskadi, se materializará a través del derecho de su ciudadanía a expresar su voluntad libre y democráticamente, siendo su ejercicio legal y pactado con el Estado”.

El jurista Alberto López Basaguren, propuesto por el PSE, plantea a este respecto un voto particular discrepante, en el que reclama que no se incluya esta Disposición Adicional segunda. Basaguren argumenta que “el llamado 'derecho a decidir' no es un 'derecho' (...) en la medida en que ningún texto jurídico” lo reconoce como tal.

Además, alerta de que esta vía, por la cual “una comunidad le dice al Estado lo que desea”, suele producir, allí donde se ha empleado, un “conflicto” que “fractura la sociedad” y produce un “bucle político”. Por ese motivo, estima que introducir este concepto en el nuevo Estatuto sería “enormemente peligroso”.

Las diferencias que mantienen en materia identitaria las tres formaciones que han acordado este borrador quedan claras desde el primer artículo del texto preliminar, en el que el PNV y Elkarrekin Podemos coinciden en definir a los territorios de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava como “parte integrante de Euskal Herria”, y señalan que el Estatuto es “expresión de su identidad nacional”.

Por el contrario, el experto del PSE, a través de un voto particular, reclama que se elimine la parte que indica “como parte integrante de Euskal Herria”, y propone sustituir el concepto 'identidad nacional' por el de 'nacionalidad'.

SIN NOMBRE

Tampoco se ponen de acuerdo estas formaciones a la hora de designar al sujeto político al que se refiere al Estatuto, de forma que en el borrador han optado por dejar en blanco --con el término 'nombre' entre paréntesis-- en todos aquellos espacios en los que, en un futuro, habrá de incluirse la denominación oficial que se establezca para la comunidad regulada por este texto. No obsante, PSE-EE y Elkarrekin Podemos proponen que la denominación oficial sea “Comunidad autónoma de Euskadi”.

Otro punto de fricción es el referido a la política penitenciaria, un apartado en el que el PNV y Elkarrekin Podemos coinciden en defender que los presos vascos encarcelados fuera de Euskadi puedan cumplir sus condenas en cárceles del País Vasco. El experto del PSE pide que se elimina este artículo.

El PNV y E-Podemos también plantean que, en futuras reformas estatutarias, pueda celebrarse, con carácter previo a la remisión del texto a las Cortes Generales, una consulta “sin carácter vinculante” en la que los vascos se pronuncien sobre dicha reforma. El experto del PSE ha pedido que se elimine la referencia a esa consulta.

Frente a las discrepancias de fondo que separan a estas formaciones --principalmente al PSE y al PNV-- en las cuestiones de mayor carga identitaria, los expertos designados por estos grupos han evidenciado un alto grado de sintonía en los contenidos del borrador referidos a igualdad, políticas sociales, empleo o medio ambiente.

De esa forma, el artículo 13 del documento que han elaborado regula el 'Derecho a la igualdad y eliminación de las causas de discriminación de las mujeres'. Asimismo, el artículo 21 reconoce el derecho “universal y gratuito” a la protección pública de la salud, así como a vivir “con dignidad” el proceso hacia la muerte.

Además, se reivindica el derecho de los ciudadanos a un ingreso “suficiente” que les permita cubrir sus necesidades básicas, así como a acceder a una vivienda o a un empleo con una retribución económica “digna”.

CONSULTAS Y REFERÉNDUMS

En el caso del borrador de estatuto elaborado por Iñigo Urrutia (designado por EH Bildu) se establece que “en orden a salvaguardar y hacer efectivo el derecho a decidir de la ciudadanía, las instituciones vascas tendrán la potestad para regular y gestionar la realización de consultas populares y referéndums, en lo que corresponde tanto a asuntos políticos y sociales de su ámbito competencial, como a las relaciones que deseen tener con otros territorios de Euskal Herria, con el Estado Español y otros espacios”.

El experto designado por el PP, Jaime Ignacio del Burgo, ha elaborado un voto particular en el que señala que las propuestas del resto de comisionados para un nuevo Estatuto tienen una “concepción radicalmente inconstitucional” y, advierte de que seguir adelante, sería “el comienzo de un grave conflicto” con el Estado. Además, señala que una reforma estatutaria construida a partir de estas bases estaría “condenada al fracaso”, dado que la autodeterminación o el derecho a decidir “no pueden ejercerse en el marco de la Constitución española salvo que previamente se proceda a su reforma, con el concurso de todo el pueblo español”.