Grup La Pau copa el 85% de las sanciones de la Inspección de Trabajo en el sector de las ambulancias en Euskadi

De 2020 en adelante, la principal empresa adjudicataria —hasta su salida a finales de 2024— de las ambulancias de Álava y de Bizkaia, la catalana Grup La Pau, copó la mayor parte de los expedientes sancionadores abiertos en el sector por la Inspección de Trabajo vasca. En ese periodo, de entre las sanciones firmes, se registraron tres leves, 66 graves y una muy grave, por un importe total que ascendió a los 210.000 euros, y el 85% correspondieron a esa empresa. La mayor parte de esas sanciones terminaron siendo firmes precisamente porque la empresa afrontó el pago de la sanción.

Los datos se desprenden de una comparencia conjunta en el Parlamento Vasco este lunes de la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y de la subdirectora de la Inspección de Trabajo, Icíar González Carrasco. Ha habido sanciones por incumplir los tiempos de trabajo, por atentar contra los derechos de los representantes de los trabajadores, por riesgos laborales, por contratos de trabajo y por obstrucción. Volviendo a incidir en que casi nueve de cada diez casos correspondieron a La Pau —aunque no se ha referido a la empresa por su nombre en ningún momento—, ha recalcado que esas circunstancias se dieron durante la huelga en el sector de las ambulancias privatizadas.

La viceconsejera ha dicho que el hecho de que una empresa acumule muchas denuncias tiene “una doble cara”. Puede ser, ha defendido, que exista un conflicto o que la empresa esté incumpliendo, pero también es posible que se deba a que es un sector sindicado, que defiende los derechos de los trabajadores a los que representa. “Ojala pudiéramos decir de otros sectores lo mismo. Y son los propios sindicatos los que saben cómo tienen que actuar y actúan en este sector de manera prácticamente inmediata cuando se produce cualquier tipo de incumplimiento por parte de las empresas”, ha abundado. Se ha felicitado, además, de que no quede ninguna denuncia pendiente por investigar y ha prometido que, de volver a haberlas, se actuará “con el rigor de siempre”.

Entre 2020 y 2025, se han llevado a cabo en total 1.010 actuaciones inspectoras; en 167 de esos casos, se han emitido requerimientos de subsanación, mientras que 84 han acabado con un acta de infracción, que da comienzo al procedimiento sancionador. Como algunas no eran competencia de la autoridad laboral vasca —y eran, en cambio, de la Seguridad Social—, fueron 73 las que dieron lugar a expedientes. En su alocución ante la Comisión de Economía, Trabajo y Empleo, la subdirectora de la Inspección de Trabajo ha subrayado que se han detectado irregularidades en un 25% de las actuaciones de inspección; de entre esas irregularidades, más de un 16% las corrigen las empresas, mientras que el 8,3% derivan en una propuesta de sanción.

La comparecencia la había solicitado EH Bildu. Rebeka Ubera, de la coalición abertzale, ha insistido en que el sector no cuenta con condiciones dignas. Ha subrayado que la comparecencia se pidió en julio, hace ya cinco meses, y que, desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. Ha aseverado que los trabajadores les han trasladado que, antes de acometerse una inspección, se da aviso para que todo esté listo. “Con los años, vemos que el nombre de la empresa cambia, pero se mantienen las mismas carencias”, ha lamentado. Mientras cambian los jefes, ha incidido, las ambulancias son las mismas y van envejeciendo y deteriorándose. También ha sostenido Ubera que se siguen sin cotizar las horas extraordinarias como se debería, que los problemas con los turnos no están subsanados y que se incumplen los planes de prevención de riesgos laborales.

¿Cómo se podría mejorar en este ámbito? Las mejoras pasan por “exigir el cumplimiento normativo por parte de las empresas, actualizar los convenios colectivos”, de tal manera que “se dignifiquen las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras del sector”, ha señalado Pérez Barredo. Ante las críticas de Ubera, la viceconsejera ha incidido en la efectividad de la Inspección de Trabajo. Ha sostenido que está en contacto con los trabajadores y con sus representantes y, como prueba del trabajo de la Inspección, ha aludido a las diez sanciones que se han impuesto por obstruir la labor inspectora. “El sistema tiene mecanismos para pelear a favor de los derechos de los trabajadores”, ha remachado.