Confirman la sanción de 838.470 euros a Grup La Pau por usar ambulancias de la contrata de Osakidetza en Barcelona

La principal empresa adjudicataria hasta finales de 2024 de las ambulancias de Álava y de Bizkaia, la catalana Grup La Pau, sí utilizó vehículos asignados a la contrata con el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) para servicios en Barcelona y otros lugares, según ha constatado en una sentencia el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). La empresa ha sido sancionada por ello con una doble multa de 171.643 y 666.827 euros, correspondientes al servicio de Álava y al de Bizkaia, respectivamente. Son 838.470 en total.

Las multas fueron impuestas en 2024 y, antes de finalizar el año, el Gobierno vasco cambió su apoyo previo a esta cooperativa y rescindió con anticipación las adjudicaciones. Grup La Pau se encargaba del servicio programado y del urgente en Álava y en Bizkaia, mientras que Ambulancias Gipuzkoa, otra cooperativa, gestionaba ambos en su territorio. Como salida de urgencia, se acordó que Ambulancias Gipuzkoa asumiera también la cobertura en Álava y que una nueva UTE llamada Bizkanb, que aglutina a Sanir (Alsa) y Ambulancias Baztan/Bidasoa, gestionara tanto el programado como el urgenten en Bizkaia. Pronto se procederá a la regularización del servicio con un nuevo concurso.

En el caso del uso irregular de la flota para otros negocios privados, los letrados de Grup La Pau recurrieron parte de la multa, en concreto 679.470 euros de los 838.470 euros, asumiendo el resto. Pero el fallo de la sala de lo contencioso-administrativo del Superior, adelantado por el diario 'El Correo' este viernes pero adoptado en mayo, obliga a la antigua adjudicataria a asumir toda la sanción. Firman la sentencia los magistrados Luis Garrido, Olatz Aizpurua y Trinidad Cuesta.

Asegura Osakidetza que La Pau logró los contratos obteniendo en los concursos puntuaciones más altas que otras empresas por ofrecer “exclusividad” de unos vehículos determinados, en concreto 55 para el servicio programado de Álava (vehículos de color blanco y azul) y 213 de las mismas características en Bizkaia. “El término 'exclusivo' presupone una relación cerrada respecto a terceros. La exclusividad tiene sentido únicamente si se establece en contraposición a otros posibles usos externos al contrato. Esto es, que los vehículos no pueden destinarse a otros contratos públicos o privados mientras estén adscritos al contrato adjudicado”, argumentaban los servicios jurídicos de la Administración.

Y añadían: “Denota mala fe por parte de la demandante ofertar los mismos vehículos que deben prestar servicios en Álava y en Bizkaia para Barcelona porque es evidente que la distancia geográfica impide una normal prestación del servicio. El pago mensual pactado en el contrato sólo es coherente si existe una dedicación exclusiva de los vehículos al servicio”. “Si La Pau comprometió en su oferta que X vehículos estarán operativos entre las 8:00 y las 22:00 todos los días, esa franja horaria bloquea completamente la disponibilidad de esos vehículos durante ese tiempo. No pueden simultanearse con otros contratos que exijan disponibilidad inmediata, tiempos de respuesta o servicio continuo. Por tanto, los vehículos ofertados quedan 'anclados' al contrato adjudicado, en función de los horarios comprometidos. No cabe simultaneidad contractual si existe planificación horaria cerrada. El uso simultáneo de vehículos en otros contratos implicaría, incumplir los turnos ofertados, arriesgar retrasos en la prestación, generar solapamientos y pérdida de trazabilidad, vulnerar el principio de continuidad y fiabilidad del servicio, propio de los contratos de transporte sanitario”, argumenta Osakidetza.

La empresa, por el contrario, defendió que los pliegos no preveían “exclusividad” de la flota y recalca se la ha reconocido “explícitamente” que las actuaciones realizadas por Grup La Pau “no han generado ninguna repercusión económica ni han afectado en absoluto a la prestación del servicio”. Sin embargo, es notorio que en aquellos años hubo importantes retrasos en los servicios programados hasta el punto de que algunos pacientes pasaban más noches ingresados por falta de vehículos. La sala valora que la Administración haya optado por la multa más baja (podía haber sido hasta diez veces más alta) pero da por acreditados los “incumplimientos” de la compañía.

Grup La Pau ya salió de Euskadi, pero resultó adjudicataria de un lote de la contrata de ambulancias de Catalunya. Sin embargo, si marchó en una situación crítica en lo económico -tenía deudas con la plantilla y decenas de resoluciones de la Inspección de Trabajo- ahora continúa con problemas. Jordi Alonso ha asumido la dirección de la cooperativo y la última novedad es que apenas gestionará ya el 1% de la UTE con Direxis que gestiona el servicio para la Generalitat, cuando arrancó siendo el 50%. Eso minimiza sus ingresos.

Hace unas semanas trascendió también que Grup La Pau ha entrado en la lista de grandes morosos de la Hacienda de Bizkaia, con más de 800.000 euros de fraude. El Gobierno vasco explicó que puede usar los avales que en su día constituyó La Pau, unos 12 millones de euros, para tapar las deudas, pero el principal garante es otro organismo público, el Institut Catalá de Finances.