Un juez obliga a Osakidetza y a la actual empresa de ambulancias a cubrir también las deudas salariales que dejó Grup La Pau

Un trabajador de la contrata de ambulancias de Osakidetza ha logrado que un juzgado obligue a la Administración y a la actual empresa gestora del servicio en Álava, Ambulancias Gipuzkoa, a que cubran solidariamente la deuda que le dejó la anterior adjudicataria, la catalana Grup La Pau. En el caso de este operario son 2.595,25 euros por diferentes conceptos, pero el sindicato ESK eleva a más de un millón la cantidad que podría tener que afrontar el Gobierno vasco si se aplicase el mismo criterio a todos los afectados.

Osakidetza tiene externalizadas las ambulancias programadas y urgentes. Hasta noviembre de 2024, en Álava y en Bizkaia el servicio lo llevaba Grup La Pau, y en Gipuzkoa era de Ambulancias Gipuzkoa. La compañía catalana, sin embargo, acumuló sanciones, irregularidades y deudas y vio cómo se rescindía anticipadamente el contrato. Se optó por que Ambulancias Gipuzkoa asumiera también el servicio en Álava y por que en Bizkaia entrara una nueva marca llamada Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) y las locales Baztan-Bidasoa.

Uno de los detonantes de la marcha de Grup La Pau fue el impago del 75% de la paga extraordinaria del verano de 2024, pero hubo problemas igualmente con atrasos e incluso con nóminas ordinarias. Uno de los afectados, contratado en Álava, reclamó esas cantidades en un juzgado de lo social de Vitoria. Y el juez Ignacio Sánchez Morán ha dictado una sentencia en la que no solamente confirma que tiene derecho a ingresar esas cantidades próximas a los 2.600 euros sino que, además de Grup La Pau, son igualmente corresponsables la actual empresa, Ambulancias Gipuzkoa, y la Administración.

En el proceso judicial la compañía catalana, que ahora está en concurso de acreedores, ni se personó. Por el contrario, Osakidetza y Ambulancias Gipuzkoa se opusieron a la demanda del empleado. El magistrado, en cambio, ve claro que “el empresario principal responde solidariamente” de las “obligaciones” de una contratista, en el caso de Osakidetza, y remarca que Ambulancias Gipuzkoa se subrogó a la plantilla anterior, con todas las consecuencias.

En un comunicado, el sindicato ESK destaca que nuevamente hay un pronunciamiento judicial que fuerza a la Administración a “asumir las deudas” de una empresa privada. Estima que “la cantidad que deberá asumir el Gobierno vasco a las personas trabajadoras asciende a un millón de euros, aproximadamente”, si se aplicare a toda la plantilla afectada el criterio de este fallo. Según el sindicato, es claramente más favorable una publificación o gestión directa que seguir “despilfarrando” recursos en tapar los agujeros de la externalización.

Esta resolución judicial se conoce en plena tramitación del concurso para regularizar la situación del servicio de ambulancias. Sin embargo, el proceso está parado cautelarmente ante la cascada de recursos interpuestos ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales. La intención de Osakidetza es tener a las nuevas contratistas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa listas en enero de 2027, pero las cautelares podrían echar al traste el proceso. El mes que viene se cumplirán ya dos años desde la salida de Grup La Pau.