Diputación Badajoz dice que lo importante es haber eliminado en la provincia vestigios franquistas

La Diputación Provincial de Badajoz no está de acuerdo, aunque la acata como debe ser, la sentencia del juzgado de lo contencioso número 2 de Badajoz que anula un reglamento de subvenciones provinciales de 2018, que dejó fuera de las mismas a municipios con vestigios franquistas según el catálogo de un comité de expertos nombrado por la propia Diputación.

La institución provincial niega que sean unas sanciones que requieran de expediente y resolución administrativa, porque si fuera así todas las convocatorias públicas de administraciones que exigen requisitos para ayudas y subvenciones, estarían también sancionando a quienes no los cumplen y por tanto no se pueden  presentar.

No obstante para la Diputación que preside Miguel Gallardo lo importante es que al haber aplicado la ley de memoria histórica a sus planes de ayudas y subvenciones, la provincia está “prácticamente libre” de vestigios franquistas ya que la casi totalidad de municipios ha “agradecido, aceptado y cumplido” las recomendaciones del comité de expertos.

Diputación no aclara en su comunicado –solo ha dado una respuesta escrita a los hechos- si va a recurrir la sentencia, pero añade que los tribunales discrepan entre sí, ya que otro juzgado contencioso de Badajoz, el número uno, les dio la razón en un recurso parecido del Ayuntamiento de Santa Amalia, fallo que confirmó luego el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Fragoso

El alcalde de Badajoz en funciones, Francisco Fragoso, municipio que ha recurrido y ganado pidiendo la nulidad del decreto de Gallardo que liga subvenciones y dictamen del comité sobre memoria histórica, ha tratado de coger aire con la sentencia, cara a la constitución y elección de alcalde en el nuevo ayuntamiento prevista para el día 15.

A su juicio, lo que hizo la institución provincial a la ciudad de Badajoz era un “chantaje” y un “juego político” con el decreto que dio luz verde a las citadas bases.

“La jueza ha dicho que la comisión de expertos no es competente para evaluar a Badajoz y el silencio del socialista Ricardo Cabezas demuestra que la ciudad es lo que menos le importa”, ha agregado el alcalde en funciones.

Pero una vez lanzada la acusación de chantaje, Fragoso advierte que la sentencia es recurrible por parte de la Diputación, y que si lo hace, él por su parte solicitaría si fuera posible la ejecución provisional de la misma, al igual que ha hecho la Administración provincial en otros casos.

Ello “supondría que quedarían anuladas las aproximadamente 180 subvenciones que la Diputación de Badajoz ha concedido a los municipios pacenses, por lo que la pelota está en el tejado” de la institución provincial.