El 70% de las peticiones de ingreso mínimo vital en Extremadura son rechazadas

Siete de cada diez solicitudes de ayudas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Extremadura son denegadas, ha reprochado este miércoles CCOO, una cifra que espera mejore con los cambios que prevé introducir el Gobierno central en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

En un comunicado de prensa el sindicato ha apuntado que casi el 70 % de las solicitudes de esta ayuda son denegadas “cuando tendría que estar siendo percibida por una proporción mucho mayor de la población extremeña. Existe la necesidad real de ello, como atestiguan los datos sobre pobreza en la región”.

Desde su entrada en vigor el año pasado, en plena pandemia, de los expedientes resueltos en Extremadura hasta el mes de septiembre de 2021, el 69,8% han sido denegados por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en una normativa “con demasiados requisitos burocráticos”. 

Esto supone que el número de prestaciones de IMV aprobadas en Extremadura es de 9.850, con 23.684 personas beneficiarias, de las cuales el 38,4% son menores (9.106).

Renta básica exremeña

Por su parte, la Renta Extremeña Garantizada, una ayuda regional de tipo asistencial puesta en marcha en 2019 para sustituir a la anterior renta básica extremeña de inserción, se ha concedido a un total de 12.891 unidades familiares extremeñas, de las 16.026 solicitudes presentadas hasta agosto de 2021.

“Estas prestaciones son insuficientes para paliar la pobreza en nuestra región, donde, según el XI Informe ”El Estado de la Pobreza. España 2020“, hay 333.000 personas en Extremadura que viven con menos de 688 euros al mes. 

De este total, 163.000 son hombres y 170.000 son mujeres. De ellas, 124.000 personas viven en pobreza severa en nuestra región, con ingresos por debajo de los 458 euros mensuales, según CCOO.

Por ello, CCOO Extremadura considera también “fundamental” modificar los criterios de acceso a la Renta Extremeña Garantizada para dar cobertura a aquellas personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social que no pueden ser beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.