CC OO no ve ético que los jefes de las ITV dieran los cursos de formación
Catorce jefes y empleados del servicio autonómico de inspección de vehículos (ITV) se embolsaron 50.000 euros por formar a los jóvenes que luego entraron a trabajar en las estaciones privatizadas, privatización en la que alguno de esos responsables formó parte de la mesa de contratación y puso su firma en el informe técnico correspondiente. El sindicato CC OO, ante las dudas sobre la legalidad de alguna de esas actuaciones, ha dicho este miércoles que por lo menos es “poco ético”.
Los 14 trabajadores, funcionarios o laborales, tenían permiso para dar las clases según aseguró días atrás el consejero de Fomento y responsable político máximo del asunto, Víctor del Moral. La ley y los reglamentos de incompatibilidades del personal al servicio de la administración pública permiten, sin necesidad de pedir autorización, que den y cobren hasta 75 horas de clase al año, y sólo a partir de ahí necesitarían un permiso.
En los primeros cursos de ITV, en 2013, ninguno rebasó esas 75 horas, ha detallado el consejero de Fomento, pero en la segunda edición, en 2014, autorizó hasta 125. En general percibían entre 30 y 60 euros por hora, e impartieron entre 60 y 200 horas según el caso, por lo que el que menos percibió 1.800 euros.
“No sé si tenían concedida la compatibilidad, y tampoco si era plenamente legal, pero en todo caso consideramos que no ha sido ético”, ha declarado a eldiarioex Marisol Salazar, secretaria de la federación de servicios a la ciudadanía (FSC) de CC OO Extremadura. “No solo tiene que ser legal, sino parecerlo”.
STA-Ex lo ve ilegal
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Administración de Extremadura (STA-Ex) va más lejos y duda por completo de que esa compatibilidad, de haberse concedido, sea correcta. Se apoya, dentro de la legislación, en un punto que declara como prohibidas a todos los funcionarios las “actividades relativas a asuntos en los que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público”.
Ese punto sería aplicable según el sindicato a quienes como en este caso, se encargan como responsables desde la Consejería de Fomento de la fiscalización y regulación del sistema regional de la inspección técnica de vehículos. “¿Cómo es posible que se haya podido resolver y otorgar por la Dirección General de la Función Pública la compatibilidad a una actividad formativa expresamente prohibida por la Ley?”, pregunta públicamente el STA. “¿No es acaso intervenir el formar parte, como titular, en la mesa de contratación que adjudica las ITV’s a una empresa concreta?”
Marisol Salazar, de CC OO, no ve sin embargo tan clara la incompatibilidad ya que los altos funcionarios dieron las clases como contratados de la Universidad, y además los alumnos no tenían por qué acabar necesariamente en la empresa privada adjudicataria, Itevebasa. “Otra cosa es que los cursos los hubiera dado Itevebasa y les hubiera contratado a ellos como profesores”.
En cualquier caso habría que aclarar mejor legalmente las fronteras de incompatibilidad, cuya indefinición “para lo único que sirve es que a unos empleados públicos se les autorice la actividad, y a otros no”.
