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El gasto farmacéutico extremeño, el segundo más alto del país

El gasto fue de 506 euros per cápita en 2022.

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El gasto farmacéutico total público de Extremadura fue de 506 euros per cápita en 2022, el segundo más alto del país, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que propone la creación y el refuerzo de los servicios de farmacia de atención primaria en todas las áreas de salud.

La AIReF ha analizado y evaluado tanto la eficiencia y eficacia del gasto público farmacéutico atendiendo a tres partidas (gasto farmacéutico hospitalario, gasto en medicamentos dispensados con receta médica en farmacias y gasto en medicamentos de centros sociosanitarios), como la inversión en equipos de alta tecnología en Extremadura.

El conjunto de las tres partidas del gasto público farmacéutico alcanzó los 558 millones de euros en 2022, más de una cuarta parte del gasto público sanitario total y un 2,8 % del PIB de la región. Además, se incorpora también a la evaluación el gasto de inversión en equipos de alta tecnología, que alcanzó los 4 millones de euros en 2022. De este modo, el volumen total de las partidas presupuestarias de gasto analizadas supera los 560 millones de euros.

En concreto, el gasto farmacéutico público hospitalario, que registró un aumento continuado entre 2003 y 2022, alcanzó el pasado año los 193 millones de euros, “muy influenciado por la incorporación de novedades terapéuticas de alto impacto económico”.

En términos per cápita, se situó en 172 euros, por debajo de la media nacional. El informe destaca “el fuerte impulso dado” en los últimos años al fomento de medicamentos biosimilares por parte del Servicio Extremeño de Salud, “un uso que en Extremadura se encuentra por encima de la media del conjunto nacional”. No obstante, y según la AIReF, “existe margen de mejora en determinados principios activos, hospitales y servicios asistenciales por lo que se propone la elaboración y aprobación de un plan o estrategia para el fomento de los biosimilares”.

El gasto farmacéutico en medicamentos dispensados con receta en oficinas de farmacia, que ha registrado “un incremento sobresaliente en Extremadura en los últimos 20 años”, cerró 2022 como el mayor de su serie histórica y del conjunto nacional, con 327 euros por habitante ajustado. En este sentido, la AIReF evidencia “un importante margen de mejora” en el diseño de la política farmacéutica y también en su despliegue y ejecución.

Por ello, propone la creación y el refuerzo de los servicios de farmacia de atención primaria en las áreas de salud y la aprobación de un nuevo modelo para el cuerpo de farmacéuticos de los equipos de atención primaria. “Una estrategia de farmacia orientada a la mejora de los indicadores de calidad de la prescripción reportaría mejoras de eficiencia para el sistema sanitario público extremeño”, recoge el estudio.

En el ámbito de la farmacia sociosanitaria constata una importante variabilidad en términos de prestación, dispensación y atención farmacéutica a los residentes de los centros sociosanitarios, y propone desarrollar una guía farmacoterapéutica para los centros y un plan terapéutico único del paciente sociosanitario.

Por lo que respecta al gasto de inversión en los equipos de alta tecnología, ésta supone una partida de gasto menos relevante que el gasto farmacéutico (el 0,2 % del gasto sanitario de Extremadura), si bien tiene una incidencia importante por sus altos costes de adquisición y de funcionamiento. Aunque Extremadura lleva a cabo un ejercicio de planificación o periodificación de las inversiones, “sobre todo en base a la obsolescencia de los equipos, sin ponderar por uso, este no obedece a un proceso de planificación estratégica a medio y largo plazo formalmente establecido recogido en un plan que sirva también como herramienta de comunicación”.

Para mejorar el modelo de gobernanza y de toma de decisiones para la incorporación de la tecnología, la AIReF propone definir e implantar un proceso estructurado para la planificación estratégica de las decisiones de inversión en alta tecnología. “Esto se podría llevar a cabo con un marco normativo específico, con una periodicidad, metodología y etapas definidas, y cuyos resultados se recojan en un plan estratégico o un plan de inversiones”, recoge el informe. 

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