El Ingreso Mínimo Vital llega este mes a más de 7.150 hogares de la región

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado este mes a más de 7.150 hogares de Extremadura en los que viven 19.145 personas, de ellos 8.065 menores de edad, ha informado la Delegación del Gobierno. 

En una nota, se explica que se han aprobado en la región 7.402 expedientes. El IMV llega ya a hogares en el país, en los que viven 565.000 personas, de las que más del 43 por ciento son menores de edad.  Los hogares incluidos en la nómina de marzo, que se abonará en los próximos días, están formados por 320.020 adultos y 245.175 menores, y, de media, cada hogar recibirá en esta nómina 460 euros. 

En Extremadura, el Ingreso Mínimo Vital llega a 2.462 hogares de la provincia de Cáceres, con 6.374 beneficiarios (3.740 adultos y 2.634 menores) con una media de 403 euros de cuantía mensual, y 4.692 de la provincia de Badajoz con 12.771 beneficiarios (7.344 adultos y 5.427 menores) y una cuantía media mensual por hogar de 391 euros.

La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, valora la importancia de esta prestación para la protección de las personas más vulnerables afectadas por las repercusiones de la pandemia, “un colectivo siempre presente y prioritario para el Gobierno de España”.

“Fracaso total”

Campamento Dignidad replica por su parte que el Gobierno y sus “publicistas” no paran en el desprecio a las personas pobres“ y señala que la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ”no oculta, a pesar de sus explicaciones, que el ingreso mínimo vital es un total fracaso“.

“Nos quieren hacer ver que se protege a las familias más humildes con los 460 euros que de media están llegando”, lamenta esta plataforma, que precisa que hay personas y familias que están cobrando 40, 50 o 100 euros a consecuencia de la normativa que se aplica para el cálculo de esta ayuda social.

A su juicio, “es una vergüenza”, ya que con las cantidades del ingreso mínimo vital “ni mucho menos se resuelve el elevado porcentaje de pobreza infantil tan presente en las diferentes localidades extremeñas”.

Critica que además de las insuficiencias o deficiencia documentales, hay otros factores, algunos difíciles de entender, que se están teniendo en cuenta para la denegación de esta ayuda social, como valoraciones patrimoniales y/o asignaciones de calificaciones empresariales a personas que no tienen el más mínimo patrimonio, ni tienen para comer.

En su opinión, la delegada del gobierno desconoce que la pobreza, la precariedad laboral o el desempleo, tienen la culpa de que bajo un mismo techo habiten varias unidades de convivencia, con libros de familias diferentes, a los que se les deniega el ingreso mínimo vital o la renta básica extremeña.

El problema de que las cosas no lleguen con rapidez o deban llegar más rápido de lo que llegan, “depende de los políticos que gobiernan las instituciones que no sólo reducen los recursos humanos sino que imponen normas tan farragosas y con tantos inconvenientes que retrasan las gestiones y las resoluciones”.